El pasado 23 de enero, el magistrado titular de la sala 6 de la Audiencia Nacional, García Castellón, aceptaba una petición de los fiscales y solicitaba documentación relativa al “despido, jubilación, prejubilación, etc. y, en aquellos casos en que se hubiese pactado algún tipo de indemnización, la referencia al clausado del contrato en que se preveía dicha indemnización”.
Con fechas del martes, 7 de febrero de 2023 y del 30 de enero del 2023, respectivamente, y en escritos separados enviados por los abogados del BBVA y de Francisco González (a los que ha tenido acceso www.capitalmadrid.com), se responde a tal solicitud y se asegura que facilitar dicha información vulneraría el derecho del secreto bancario y la intimidad de los perceptores de tales indemnizaciones, al tiempo que aseguran que tal información ya figura en documentos públicos del propio banco, tales como las memorias anuales de la entidad con sede en Bilbao.
Conviene recordar que las indemnizaciones abonadas, en concepto de despido o cese, superan en algunos casos más de 100 millones de euros (por todos los conceptos) al propio Francisco González; más de 52 millones a Ángel Cano, CEO del BBVA en tiempos de González: unos 14 millones a Javier Ayuso, ex dircom del banco hasta 2011; casi un millón de euros a Julio Corrochano, ex jefe de Seguridad del BBVA y 8nos 900.000 euros a Javier Béjar, ex empleado del BBVA y al que se trata de vincular por algunos demandados como responsable de los encargos a Villarejo y la empresa Cenyt.
Negativa del BBVA
La respuesta del BBVA, que lleva fecha de este martes, 7 de febrero de 2023, señala que se trata de una "petición genérica en la que no se solicitan documentos concretos, se refiere a personas físicas que actualmente se encuentran investigadas en la presente causa, pudiendo llegar a afectar también a su derecho fundamental a la intimidad e incluso al secreto bancario".
Añade el escrito que "los términos en los que se plantea la diligencia reconocen que, en todo caso, se trataría de una entrega voluntaria por parte de BBVA, pero no de un requerimiento de obligada respuesta por cuanto la Entidad es parte investigada. La resolución que lo acuerda, por último, todavía no es firme".
Por lo tanto, agrega, "esta parte considera (...) que lo procedente es que dicha documentación se solicite individualmente a cada una de ellas a través de sus representaciones procesales, para que libremente la aporten, si lo consideran oportuno, y en la forma que estimen pertinente".
Respuesta negativa de FG
En el mismo sentido se expresa el ex presidente del BBVA, el pasado 30 de enero, Francisco González, bajo cuyo mandato se realizaron los encargos del ex comisario Villajero. En el escrito de sus abogados, dirigidos por el letrado Jesús Santos, el ex banquero, que está imputado en la causa por supuestas responsabilidades en los autos, asegura que toda esta información se puede encontrar, "entre otros (lugares), en las "Cuentas Anuales, Informe de Gestión e Informe de Auditoría del ejercicio 2018" y en el "Informe Anual sobre Remuneraciones de los Consejeros del ejercicio 2018", publicados los días 12 y 13 de febrero de 2019 por la CNMV, a lo que nos remitimos."
Añade que "de este modo, cualquier aportación de información adicional implicaría proporcionar información privada delicada y sensible de mi mandante, totalmente desvinculada del objeto de este procedimiento y absolutamente irrelevante a los fines perseguidos por estas diligencias previas".
Argumentación del magistrado
En su escrito del 23 de enero, el magistrado titular García Castellón, al admitir la demanda de los fiscales, consideraba que las pruebas reclamadas son “pertinentes, necesaria y útiles a los fines de la presente instrucción”. No obstante, recuerda la situación procesal de BBVA como investigado, por lo que apunta que debido a “su derecho a no declarar contra sí misma y a no confesarse culpable, no se le requiere forzosamente la entrega de dicha documentación, sino que se le oficia para que la aporte, de modo voluntario”.