Conflictividad y malestar social han llevado al Gobierno a admitir que Perú está en situación de emergencia y con grave impacto económico en sectores como minería y turismo, al mismo tiempo que los cortes viales causan escasez de alimentos y combustible. La situación y su falta de salida está creando desconfianza entre los inversores foráneos en un país que es quinto destino en Latam de la inversión de España, el mayor inversor allí (18% de la IED, 13.000 millones), por delante de Reino Unido, Chile y EEUU y donde están presentes 500 firmas, notablemente en infraestructura, finanzas, energía y saneamiento.
En Perú están, entre otras firmas, FCC, ACS, Sacyr, Telefónica, Repsol, BBVA, Santander, Inditex, Redeia, Globalia, Endesa, Enagas, Naturgy, Ferrovial, Acciona, Mapfre, Meliá, NH, OHLA y un creciente número de pymes. La inversión española contribuyó con 40.000 millones de dólares a la economía peruana entre 1993 y 2019, el equivalente al 1% anual del PIB del país y la creación de 1,27 millones de empleos directos e indirectos.
Elecciones rechazadas
La conflictividad, abierta a comienzos de diciembre, tras asumir Dina Boluarte la Presidencia por sucesión constitucional, una vez destituido Pedro Castillo por intentar cerrar el Legislativo y gobernar por decreto, en un ‘autogolpe’, arrecia. Los manifestantes piden la dimisión de Boluarte por su gestión de una crisis que acaba de forzar al Gobierno a decretar el estado de emergencia en siete regiones, mientras mantiene el estado de excepción sigue en Lima y El Callao. Y la crisis empeoró días atrás, después de rechazar el Congreso varios proyectos de convocar elecciones en 2023, al no lograrse un acuerdo político. Cada partido, desde RN (derecha) a Perú Libre (que llevó a Castillo al poder) y el ‘fujimorista’ Fuerza Popular, teme perder base social. Boluarte, que rechaza dimitir, ha pedido con insistencia un pacto al Legislativo para nuevas presidenciales como forma de buscar una salida y apaciguar la protesta, aunque no sea solución de fondo. Todo ello cuando la clase política está muy desacreditada y el malestar crece: los sondeos muestran una desaprobación del 89% al Congreso y del 76% a Boluarte. Al poco de ser nombrada, la presidenta ya se vio forzada a pedir el adelanto electoral a 2024.
Desde el día después de la destitución y encarcelamiento de Castillo, miles de personas del sur y la sierra, de comunidades indígenas y zonas desfavorecidas y rurales, simpatizantes del ex mandatario, salieron a la calle a exigir comicios en 2023, en una protesta instalada ya en Lima. Tras casi 20 años de cierta estabilidad, la crisis del Gobierno Boluarte es la última de varias que se suceden desde 2018 y que han llevado a tener seis presidentes en seis años.
Y la crisis socio-política pasa ya factura a una de las economías que más estable se venía mostrando en casi 30 años en el área, bajo administraciones de diferente signo. La situación comienza a ahogar turismo, industria, minería y exportaciones, al mismo tiempo que se derrumba la confianza empresarial, las agencias de calificación degradan la nota del país y entre los inversores cunde la inquietud por una situación a la que no se ve fin próximo ni sencillo.
Caen las expectativas
Dos meses de caos, motivado por el hartazgo social por la desigualdad, pero también alentado por sectores radicales, han costado 300 millones en exportación agrícola por los bloqueos de rutas. La producción minera (un sector que supone el 60% de las exportaciones y el 10% del PIB) se ha visto afectada, notablemente la de cobre, del que el Perú es segundo proveedor mundial, y reducida en un 30%. El turismo se ve golpeado cuando repuntaba de los años Covid en un país que atraía 4,5 millones de visitantes antes del virus. La crisis le cuesta 6,5 millones de dólares diarios al sector, según Lima. Hay una caída del 83% en ocupación hotelera y Machu Picchu ha tenido que ser cerrado.
Por si fuera poco, las expectativas empresariales siguen deteriorándose, según el banco central, que ha señalado que en enero solo cuatro indicadores, de 18, mostraron signo positivo. La expectativa sobre la economía bajó de 54 puntos en diciembre a 47 en enero. La inflación crece y para 2023 se espera una tasa del 4,7% al 5%. Y el crecimiento corre riesgo de resentirse: si se prevé que 2022 haya acabado con un avance del 2,6%, para 2023 se otea entre el 2,1% y el 2,5%. Antes de la crisis, Cepal preveía un 2,7% para 2022 y un 2,2% para este año. El PIB avanzó en 2021 el 13,31%, tras caer el 11% en 2020 por el Covid. De 1993 a 2019, la economía creció una media del 4,8%.
Moody’s ha revisado de estable a negativa la perspectiva a largo plazo, en moneda local y extranjera, de Perú, por primera vez en 20 años. Un cambio que obedece al aumento de riesgos sociales y políticos y al temor a “un deterioro de cohesión institucional, gobernabilidad y fortaleza económica”. Moody’s detecta incapacidad para abordar el descontento social y ve riesgo de un entorno que restrinja la capacidad de reformas para mejorar clima de inversión y abordar los retos estructurales. “La incertidumbre puede lastrar de forma duradera la economía y socavar la confianza de los inversores”.
Hasta ahora, y pese una continuada crisis política, el banco central que lidera con independencia desde 2006 Julio Velarde y el designio de ministros de Economía de corte tecnócrata y favorables a la inversión han hecho posible la sostenibilidad económica y que la economía caminara por un sendero diferente al político en las últimas décadas y los seis últimos convulsos años. Ahora, los expertos sí ven riesgo de que la crisis política sí deje malherida la economía.