Bloqueo debido a la paralización de cientos de miles de vistas que han tenido que ser suspendidas, así como que otras miles de demandas se hayan quedado sin admitir y muchas pensiones alimenticias sin pagar, cuestiones sobre las que no han podido pronunciarse los tribunales, debido a la protesta-huelga indefinida de los letrados judiciales.
El Gobierno considera prioritario presumir de los avances logrados ya en sus últimas reformas legales y de las buenas relaciones en términos generales con las instituciones comunitarias y está volcando todos sus esfuerzos para que las noticias comunitarias sean positivas. Para Sánchez el mensaje que debe prevalecer es que España es el país que más fondos ha recibido hasta ahora, el primero que los ha conseguido, y lo ha hecho con el visto bueno del Ejecutivo comunitario para que siga siendo así.
Por ello, pese a que la Comisión ha trabajado con la idea de volver a presionar a España para la reforma de la elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial, Moncloa trata de que Bruselas posponga su decisión.
Faltan todavía por llegar miles de millones del Fondo de rescate EU Next Generation hasta finales del año 2026. El mensaje de cara a las próximas elecciones autonómicas y locales del 28 de mayo, así como con posterioridad para las generales de finales de año, es que no existe el menor riesgo de una ralentización o paralización de las ayudas por incumplimiento de las normas de Estado de Derecho existentes en la Unión Europea.
España no quiere sufrir en ningún caso los procedimientos que amenazan la paralización de algunos de los fondos por presuntos incumplimientos de las normas comunitarias tal y como sufren países como Hungría o Polonia. Aunque la Comisión Europea sigue analizando de forma detenida la situación de la justicia, el argumento de Moncloa para que Bruselas no haga de España un caso específico es que ya existe un procedimiento comunitario para llamar la atención de los países que no cumplen al completo las normas del Estado de Derecho de la Unión.
**Cuarto informe del Estado de Derecho **
En todo caso, Bruselas tiene previsto publicar su cuarto informe anual sobre el Estado de Derecho de la Unión el próximo mes de julio. Los trabajos de los servicios jurídicos comunitarios están muy avanzados. El resultado final se verá inscrito de nuevo en el contexto de la invasión rusa de Ucrania, que puso, según ha resaltado en varias intervenciones públicas la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, la importancia de defender los valores democráticos, los derechos humanos y el Estado de Derecho.
El informe va a insistir en su análisis general en el ámbito jurídico del conjunto de la UE e incluirá las recomendaciones a realizar para cada uno de ellos en 27 capítulos distintos, uno por cada uno de los países de la Unión.
Esta ha sido una novedad de la actual presidencia de la Unión. Desde el primer informe de 2021 realizan recomendaciones públicas a llevar a cabo por los Estados de la Unión para que cumplan con las normas del Estado de Derecho pleno, cuyo incumplimiento abre la vía a la paralización de la entrega de algunos de los fondos procedentes de Bruselas.
Las recomendaciones, además, como advierte la propia Comisión, tienen como objetivo estimular a los Estados miembros a hacer avances en las reformas en curso. El informe de este año debe examinar la evolución de los países miembros en cuatro ámbitos clave en materia de Estado de Derecho: los sistemas judiciales, la normativa en materia de lucha contra la corrupción, el pluralismo y la libertad de los medios de comunicación y otras cuestiones relacionadas con el sistema de contrapoderes institucionales.
Por lo que respecta a España, no es previsible que las recomendaciones se desvíen de las efectuadas en el 2022, en las que Bruselas advertía de que “el hecho de que la renovación del Consejo General del Poder Judicial esté pendiente desde diciembre de 2018 continúa siendo motivo de preocupación”.
El informe indicaba además por donde debía ir la reforma que no se ha producido a día de hoy al señalar que “se han reiterado los llamamientos para que se modifique el sistema de nombramiento de sus vocales en consonancia con las normas europeas, de forma que al menos la mitad de los jueces y magistrados que lo componen sean elegidos por sus homólogos”.
Doble argumento que ha servido al Gobierno para tratar de generalizar la idea de que las propuestas de modificaciones legales emprendidas en los últimos meses se circunscriben al ámbito comunitario y que el principal partido de la oposición está en contra de las recomendaciones de Bruselas.
En cambio, respecto a los nombramientos en la fiscalía general del Estado advertía que “se han aprobado enmiendas legislativas que aumentan la transparencia en las relaciones entre el Gobierno y el fiscal general del Estado, pero persiste cierta inquietud ante la coincidencia temporal en el mandato de ambos. La Comisión de Ética Judicial emitió un dictamen sobre las obligaciones deontológicas de los jueces y magistrados que retoman sus funciones judiciales después de haber ocupado un cargo político”.
Tras reiterar Bruselas en su informe del año pasado que los procesos judiciales son lentos en España, con la actual paralización generalizada que se está produciendo en el sistema por las reivindicaciones de los agentes judiciales, fuentes jurídicas señalan a Capitalmadrid.com que resultaría lógico que de nuevo se repita esta advertencia. Para las fuentes aludidas una justicia lenta puede acabar por no ser Justicia. Además de la paralización, los abogados denuncian que no se les informe con suficiente anticipación para poder ordenar mejor su trabajo de que los juicios se han suspendido. En miles de casos solo se les ha comunicado la suspensión de los juicios con minutos de anticipación.
El informe también se hará eco de la situación de los medios de comunicación en España. El informe del 2022, para sorpresa de no pocos, decía que “el marco legislativo general de la libertad y el pluralismo de los medios de comunicación sigue siendo sólido y estable”. La Comisión Europea haría bien de contrastar con más interlocutores lo que pasa en España. La situación de los medios de comunicación no es mejor que la de la Justicia, aunque no dependa de la crítica realidad que sufren los medios de comunicación españoles que los fondos Next Generation lleguen o no.