El Tribunal considera que rechazar la suspensión no supone un perjuicio irreparable, puesto que en caso de estimarse finalmente el recurso se trataría de una situación perfectamente reversible mediante la devolución de lo pagado con el abono de los intereses preceptivos.
Sólo Repsol, entre los afectados de los grandes bancos y otras energéticas, había solicitado las medidas cautelares que ahora son rechazadas.
Entre banca y energéticas, el Gobierno espera recaudar por año más de 1.200 euros por este impuesto especial que el Gobierno califica de "contribución solidaria" a la solución de la crisis y que se suma a los impuestos en concepto de sociedades que ya abonan los afectados.
Argumentación jurídica
La Sala añade que, por el contrario, la suspensión de la Orden y con ella la de la Ley 38/2022, sí que ocasiona un grave perjuicio al interés general "al hacerse imposible la recaudación del gravamen dejando sin cumplir una de las exigencias de la Ley que en su Exposición de Motivos habla de que tiene una primera finalidad, recaudatoria, a fin de exigir, en estos tiempos de crisis energética y de inflación, un mayor esfuerzo a quienes disponen de una mayor capacidad económica, es decir, una muestra de solidaridad de las grandes fortunas".
El Tribunal estima que la medida cautelar que interesa la parte recurrente supondría "la petrificación del ordenamiento jurídico puesto que, por medio de la obtención de la medida cautelar respecto de la Orden Ministerial de desarrollo se estaría paralizando la aplicación de una Ley que tiene una justificación detallada en su exposición de motivos y respecto de la que esta Sala no tiene nada que decir por carecer totalmente de competencia para anular normas con rango de ley".
Asimismo, la Audiencia recoge que el pasado 10 de febrero ya rechazó la pretensión inicial de Repsol de suspender la Orden Ministerial por la vía de la adopción de medidas cautelarísimas, es decir, sin pedir informe a la Administración.
El martes, la Asociación Española de Banca y la Confederación Española de Cajas de Ahorro (CECA) recurría ante la justicia el impuesto a la banca. "AEB y CECA han interpuesto sendos recursos contencioso-administrativos ante la Audiencia Nacional, impugnando la Orden Ministerial por la que se aprueban los modelos de declaración y pago anticipado del nuevo gravamen a la banca", informaban desde AEB a Bolsamanía.
El jueves era el turno de la Asociación de Empresas de Energía Eléctrica (aelēc), que también decidía interponer un recurso contencioso-administrativo ante la justicia contra el gravamen extraordinario al sector.