La patronal eléctrica Aelec ha anunciado que recurrirá ante la Audiencia Nacional la orden que establece el pago del impuesto al sector por considerarlo “discriminatorio e injustificado”.
Imaz ha explicado ante los analistas que el pago extraordinario de este impuesto se realizará en dos fases, una en febrero y otra en septiembre. Ha añadido que dicho desembolso no tendrá un impacto material sobre las cuentas de 2023.
La petrolera registró unos beneficios de 4.251 millones de euros, lo que supone un aumento de un 70% respecto a 2021. El Ebitda de la compañía se elevó a 13.813 millones, un 40% más. Respecto a las inversiones, ascendieron a 4.182 millones. La deuda neta se ha reducido en un 61%, hasta 2.256 millones y la liquidez se incrementó hasta los 12.000 millones de euros.
Incompatible con la Constitución
El CEO del grupo multienergético ha criticado el impuesto, considerando que no es compatible ni con la Constitución ni con la normativa europea. En este sentido, ha reconocido que seguirá todos los cauces legales para intentar anular la Orden ministerial HFP/94/2023.
El consejero delegado se ha mostrado extremadamente duro con el Gobierno de Pedro Sánchez. En este sentido, ha enfatizado en que, “el debate social sobre los beneficios empresariales hay que ponerlo en contexto. Los mensajes populistas sólo sirven para dificultar la actividad empresarial, provocar desconfianza en los inversores, reducir la inversión y la actividad económica, disminuir la recaudación de impuestos y poner en riesgo el empleo industrial. Frente a estos mensajes, Repsol apuesta por un camino de responsabilidad con la sociedad”, ha subrayado.
El alto ejecutivo de Repsol ha destacado igualmente, que “considerar extraordinario un beneficio que se obtiene de un gran esfuerzo inversor y penalizarlo frente al que se dedica a importar productos de otros continentes sin crear un solo empleo industrial es, además de injusto, incomprensible y perjudicial para la economía española”.
Una transición energética menos ideológica
Por otro lado, se ha referido a la transición energética que preparan España y la Unión Europea, y ha denunciado que “debería ser una transición menos ideológica y más tecnológica; una transición que aborde cómo ser más sostenible pero también, cómo garantizar el suministro energético y una energía más barata y competitiva para ciudadanos y empresas”.
“Los precios energéticos se incrementan porque la demanda sube, a la vez que, contrario a lo que dictaría la lógica, se imponen dificultades a la producción de algunos productos energéticos. Los precios altos no son ‘caídos del cielo`, son consecuencia de las incorrectas decisiones adoptadas en Europa”, ha añadido Imaz.