En el caso de España basta comparar la caída de la actividad posterior a la crisis financiera de 2007-2008 y lo sucedido a raíz de la reciente pandemia, cuando el PIB se desplomó un 11,3% en 2020 y la actividad reemprendió un ritmo de avance del 5,5% en 2021 y 2022. La depresión sólo duró un año.
En el último medio siglo, como sostiene Ruchir Sharma del Rockefeller International, ” los gobiernos democráticos han intervenido más junto a los bancos centrales en la actividad económica”. Resultado: los ciclos económicos se han recortado drásticamente.
Curiosamente, los populismos no están siendo los más eficaces en el manejo de la economía. Ahí está, por ejemplo, el caso de la Hungría de Victor Orban que, con una inflación del 50% en diciembre y del 24,5 interanual, difícilmente escapará de una recesión, más que menos prolongada. Todo un ejemplo para sus admiradores españoles.
Políticos prácticos
El político práctico, decía Hamilton, debe saber, y ahí está el éxito económico de los Estados Unidos, que” los gobiernos deben estimular la economía con cuidadosas ayudas al emprendimiento, la educación, la sanidad e impedir la explotación de la mano de obra (los esclavos de entonces)”.
La subida del salario mínimo, los reajustes de la política social, los ERTES, los créditos ICO junto a la política monetaria del BCE, tipos bajos de interés y compra de títulos de renta fija, han confirmado el éxito de una intervención de apoyo de los poderes públicos en la economía y el entramado social. Ningún recorte, por otro lado, de las libertades democráticas, tampoco del emprendimiento empresarial.
El gobierno español ha canalizado la acción del Estado para recuperar la actividad económica y social en idéntica sintonía a la de otros países democráticos de economía de mercado y presencia pública en la dirección y prosperidad de los negocios.
Desgraciadamente no todos los ciudadanos españoles están saliendo indemnes de las ferocidades de la pandemia y las seculares diferencias de rentas precisamente cuando desde las alturas alpinas de Davos, en el World Economic Forun, la heredera de Disney, Abigail Disney y otros billonarios defienden la introducción de un impuesto a las grandes fortunas.
La candidata demócrata, Elizabeth Warren, proponía el establecimiento de un impuesto sobre las grandes fortunas, un 2% para aquellas iguales o superiores a los 50 millones de dólares y del 3% para las de 1 mil millones. Intermon Oxfan propone un impuesto del 5% para los multimillonarios que recaudaría 1,7 billones de dólares. Una cantidad que daría cobertura a 2.000 millones de personas.
Propuestas muy alejadas de los 3 millones de euros que se consideran grandes fortunas en España para contrarrestar la discriminación del impuesto sobre el patrimonio. ¿Por qué no abolirlo como en la UE y solo gravar a las grandes fortunas, pero siempre que sean verdaderamente grandes?
A diferencia de la ley sobre la libertad sexual, el sí es sí, cuyas debilidades jurídicas se han puesto de manifiesto con carácter inmediato por la interpretación de los tribunales, los negativos efectos del impuesto sobre el patrimonio o la calificación de grandes fortunas a partir de los 3 millones de euros acabarán pasando su factura. El caso húngaro es todo un ejemplo de las virtudes económicas del populismo, sea de izquierdas o derechas.