Según el calendario fijado por la Agencia Tributaria, las entidades deberán presentar el modelo 798 durante los 20 primeros días naturales del mes de febrero siempre que cumplan las condiciones para pagarlo.
Es decir, todas aquellas entidades financieras que cerrasen 2019 con más de 800 millones de euros en su margen de intereses (intereses cobrados menos pagados) más sus comisiones netas (cobradas menos pagadas) deberán pagar el 4,8% de los ingresos satisfechos por este mismo concepto.
En concreto, las entidades obligadas deberán ingresar entre el 1 y el 20 de febrero un pago anticipado de estos impuestos cuyo importe será del 50% sobre la prestación total a abonar en el conjunto del año. El importe restante se liquidará entre el 1 y el 20 de septiembre.
Recurso a los tribunales
Una dura bofetada a las entidades financieras españolas que no están dispuestas a poner la otra mejilla. Al contrario, desde hace semanas vienen estudiando distintas alternativas entre las que cobra fuerza el recurso a los tribunales contra un impuesto que consideran injusto y confiscatorio.
Los expertos del sector, sin embargo, alertan del riesgo de patinar si no encuentran argumentos sostenibles en su estrategia judicial. En este sentido se habría descartado un posible recurso de inconstitucionalidad ante las reticencias de los abogados. Todo apunta, por tanto, a que se pondrá todo el énfasis en el concepto de la doble imposición y en la desventaja generada por esta tasa frente a la competencia para tumbar el nuevo impuesto.
El sector entiende que ya pagan por esos ingresos en el Impuesto de Sociedades, ya que forman parte del beneficio, que es lo que grava este impuesto. Por tanto, entiende que se está tributando dos veces por el mismo concepto. Entre tanto, desde el Gobierno se insiste en que la carga para las entidades es más que soportable dado el nivel de beneficios obtenido.
El nuevo gravamen, señalan los bancos, supone dejarles una posición de desventaja frente al resto del sector financiero español que no cumpla los requisitos mínimos. Los pequeños bancos y las fintech se quedarían fuera de dicha tasa, alterando el principio de igualdad entre todos los competidores.
Impuestos , equitativos e iguales para todos
La presidenta del Banco Santander Ana Botín ha insistido en que los impuestos deben ser iguales para todas las empresas. "Los gobiernos deben averiguar cuál es el nivel correcto de impuestos que realmente permite el crecimiento y la inversión sostenibles".
En la misma línea se ha situado María Dolores Dancausa, consejera delegada de Bankinter al señalar que “no nos queda otra que acatarlo, pero es discriminatorio y confiscatorio, no responde a justificación técnica”, por lo que tienen intención de recurrirlo al día siguiente de pagarlo.
Un camino que también va a seguir Ibercaja. Su consejero delegado, Víctor Iglesias veía muy probable hace unas semanas la intención de la firma de recurrir el impuesto en los tribunales.
Para ello cuentan con el apoyo de la patronal. La presidenta de la AEB se ha mostrado muy crítica con esta tasa al señalar que “serán 3.000 millones menos de capital para la banca a prestar y 3.000 millones menos de capital son 50.000 millones menos en crédito en los próximos años. Esto es equivalente a 250.000 hipotecas menos", apuntaba a finales de año en una entrevista. A la larga, apuntan desde la patronal, este impuesto arbitrario acabará afectando a los ahorradores de forma directa o indirecta.