Repsol ha ame­na­zado des­tinar 1.500 mi­llones a una planta de hi­dró­geno en Francia o Portugal

La rebelión de las energéticas obliga a recular a Sánchez en el 'impuestazo'

La mi­nistra Ribera an­ti­cipa en la COP28 que el Ejecutivo aca­bará con el gra­vamen es­pe­cial

Teresa Ribera.ministra de Transición Energética.
Teresa Ribera.ministra de Transición Energética.

March atrás en toda re­gla. Y aunque no hay co­mu­ni­cado ofi­cial, el Gobierno de Pedro Sánchez ha an­ti­ci­pado que con­si­dera, en firme, acabar con el im­puesto es­pe­cial a las ener­gé­ti­cas. La re­be­lión de las grandes eléc­tricas -Iberdrola, Endesa y Naturgy- y la ne­ga­tiva de Repsol a in­vertir en España y des­tinar unos 1.500 mi­llones de euros para cons­truir una planta de hi­dró­geno verde en Francia o Portugal, han sur­tido efecto. Además, la pre­sión po­lí­tica -en este caso del PNV-, han ca­lado en el Ejecutivo para dar marcha atrás. Ahora habrá que ver que hará la gran banca, cas­ti­gada tam­bién por Sánchez.

Ha sido en Dubái y el anuncio ha venido de parte de la ministra para la Transición Energética, Teresa Ribera, quien ha afirmado que habrá que ver si las energéticas siguen registrando beneficios extraordinarios por el aumento de los precios de la energía. Y, segundo, porque la transición energética exige grandes inversiones que, en su mayor parte, tienen que venir del sector privado, especialmente de las eléctricas y petroleras.

“Es importante determinar si siguen existiendo o no esos beneficios extraordinarios que intentaban ser identificados en esa figura. La fiscalidad habitual se puede corregir, modular, pero ya no estamos hablando de beneficios extraordinarios, estamos hablando de otra cosa”, ha señalado Ribera.

Según afirmaciones de la ministra recogidas por varios medios, el Ejecutivo está analizando cuál es la mejor manera técnicamente de resolver este asunto”, pero “justo” desde el punto de vista de “reparto de beneficios y costes”. Y es que, el presidente Pedro Sánchez y su séquito se juegan mucho en esta partida. La Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos (AOP) había advertido recientemente que prolongar el gravamen “condiciona la inversión para acelerar la transición energética en España”.

Demasiadas inversiones en juego

Sobre este aspecto, la patronal había afirmado tajantemente que tal impuesto “condiciona la capacidad de generar nuevas inversiones, ralentizando las estrategias de descarbonización de un sector clave”. El sector estima que hasta 2030 están previstas inversiones de más de 16.500 millones de euros, una cantidad que podría ser aplazada o destinada a otros países.

El último borrador del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2023-2030 eleva además las inversiones necesarias previstas a 294.000 millones de euros, de los cuales el 85% deben provenir del sector privado. Por tanto, tener en contra a las empresas del sector es un hándicap para acometer la transición energética. Y máxime también cuando la propia Comisión Europea ha cuestionado en cierta medida el gravamen que está aplicando a las compañías, en unos momentos en los que los beneficios de las empresas no proceden en su gran parte por los altos precios de la energía.

Además, las empresas españolas y los propios fondos de inversión que quieren invertir en renovables exigen urgentemente un marco regulatorio y fiscal que incentive las inversiones en la transición energética.

Y Brufau reiteró el órdago de Imaz

El presidente de Repsol, Antonio Brufau, lanzó la primera advertencia de que una medida de este tipo puede tener al anunciar -en forma de órdago-, que la compañía baraja invertir 1.500 millones de euros en proyectos de hidrógeno verde en Bilbao, Cartagena y Tarragona, y puede que no lo hagan por la “inestabilidad” fiscal que actualmente impera en España.

“Son inversiones que si no se hacen en un marco de estabilidad y con un marco fiscal atractivo, ni mejor ni peor, competitivo con respecto a las regiones próximas a nosotros, no volarán”, señaló en unas jornadas dedicadas precisamente al hidrógeno verde.

En esta misma dirección, se han pronunciado desde Iberdrola y Endesa. En ambos casos, señalan con el dedo a los impuestos que les está aplicando el Gobierno y a la falta de un marco regulatorio “creíble” y “estable”.

El consejero delegado de Endesa, José Bogas, calificó la tasa en la presentación de los resultados del tercer trimestre de “discriminatoria e injustificada”, a la vez que considera que no sigue la legislación y la regulación europea. “Seguiremos apelando y veremos qué pasa”, señaló. Este gravamen ha supuesto a Endesa unos 208 millones de euros en este ejercicio, y ha restado parte de los resultados que habría obtenido hasta septiembre.

El máximo ejecutivo de Endesa niega por otro lado que las eléctrica no tienen esos Windfall profits (beneficios caídos del cielo), ya que en España se tiene un clawback de 67 euros/KWh, muy inferior a los 180 euros establecidos por la Unión Europea, a la vez que sostiene que el impuesto debería aplicarse sobre los beneficios y no sobre los ingresos.

“En este sentido, decimos que es discriminatorio para las eléctricas españolas, ya que rebaja nuestra capacidad de inversión respecto a otros actores europeos. Tenemos una desventaja competitiva en términos del mercado europeo y esto no tiene sentido”, dijo ante los analistas.

Al margen de las energéticas, el propio PNV, partido político que ha apoyado la investidura de Sánchez, ha criticado la medida y la idea de seguir aplicándola en el ejercicio 2024. Por razones bastante evidentes, al PNV no le interesa que Repsol recorte las inversiones que está realizando en Bilbao. Ya no son solo las energéticas quienes están en contra, sino también algunos partidos políticos de su coalición. Por ahí puede haber venido la reacción del Gobierno aunque Sumar se oponga.

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