El Gobierno man­tiene el gra­vamen a la banca, las eléc­tricas y pe­tro­leras pero se des­gra­varán ciertas in­ver­siones

Sánchez cede a las presiones de energéticas y PNV pero solo con mínimos alivios fiscales

Los bancos re­chazan la ex­ten­sión del 'impuestazo' que ya les ha cos­tado 1.263 mi­llones en 2023

Pedro Sánchez, pte. del Gobierno español.
Pedro Sánchez, pte. del Gobierno español.

Una de cal y otra de arena en el im­pues­tazo a las ener­gé­ticas para 2024 y el resto de la le­gis­la­tura. El pre­si­dente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha de­ci­dido man­tener el gra­vamen a la banca y a las eléc­tricas y pe­tro­leras para el pró­ximo ejer­cicio pero ha in­tro­du­cido un alivio fiscal para las in­ver­siones que las em­presas realicen en pro­yectos in­dus­triales y de des­car­bo­ni­za­ción. Aunque falta por con­cre­tar, las pre­siones del PNV y las grandes como Repsol han sua­vi­zado algo el afán re­cau­da­torio que la coa­li­ción PSOE-Sumar pre­tende man­tener contra las ener­gé­ticas y la banca.

La tasa a la banca se mantendrá invariable para el próximo año pero para las energéticas se introducirá una pequeña variable fiscal sobre la que Sánchez no ha dado muchas explicaciones. Sí ha anunciado, en cambio, que las inversiones industriales destinadas a la descarbonización por parte de las eléctricas y de las petroleras tendrán algún tipo de desgravación.

Gracias al Real Decreto que comenzó a aplicarse con cargo a los ejercicios 2022 y 2023, Hacienda ha ingresado 2.900 millones de euros este año con cargo a las cuentas del pasado. De esta cifra, 1.263 millones de euros han correspondido a la banca y 1.637 millones de euros a las energéticas. Para este año se prevé una cifra similar mientras que la de 2024, que se cobrará en 2025, se desconoce por la falta de concreción del Gobierno.

Rechazo tajante de la banca

La banca ha rechazado tajantemente la ampliación temporal del impuesto inicial anunciado por Sánchez hace ya dos años. Tanto la Asociación Española de Banca (AEB) como la CECA recuerdan que el Ejecutivo no ha atendido su propio compromiso de revisa, a los dos años, el gravamen “temporal” contenido en la ley que los creó. En dicha norma se consideraba, entre otros factores, la temporalidad del impuesto especial debido a la situación favorable del sector por la subida de tipos de interés y el efecto acumulativo de dicho gravamen sobre el Impuesto sobre Sociedades que ya abonan.

Además, insisten en que esta extensión “se produce sin que los tribunales se hayan pronunciado todavía sobre los recursos (contencioso-administrativos) presentados por las sociedades bancarias”.

Eléctricas y petroleras serán compensadas

Si bien el Ejecutivo ha decidido prorrogar por un año más los gravámenes a la banca y a las energéticas hasta 2024 inclusive, con las eléctricas y petroleras ha establecido un tipo indeterminado de subvenciones a las inversiones, lo que puede hacer que Iberdrola, Endesa, Naturgy, Repsol y Cepsa levanten la presión que estaban realizando, siempre y cuando reciban algún tipo de alivio real en sus pagos fiscales.

La intención del partido que conforma la coalición gubernamental -en este caso, Sumar- es que el “impuestazo” se mantenga durante toda la legislatura, algo que Sánchez no lo iene decidido. De momento, ha ampliado la medida un año más.

De lo que no cabe duda es que, la rebelión de las grandes eléctricas -Iberdrola, Endesa y Naturgy-, y la advertencia de Repsol de invertir fuera de España unos 1.500 millones de euros para construir una planta de hidrógeno verde en Francia o Portugal, han surtido su efecto. Al menos de momento, ya que se desconoce por ahora como se implementará y que efecto reductor impositivo tendrá sobre lo ya abonado en 2023. Además, la presión política -en este caso del PNV-, han calado en el Ejecutivo para flexibilizar su postura.

Ribera también ha presionado

La ministra para la Transición Energética, Teresa Ribera, fue la primera en anunciar que había que ver si las energéticas siguen registrando beneficios extraordinarios por el aumento de los precios de la energía. Además, existe el hándicap de que la transición energética exige grandes inversiones que, en su mayor parte, tienen que venir del sector privado, especialmente de las eléctricas y petroleras.

“Es importante determinar si siguen existiendo o no esos beneficios extraordinarios que intentaban ser identificados en esa figura. La fiscalidad habitual se puede corregir, modular, pero ya no estamos hablando de beneficios extraordinarios, estamos hablando de otra cosa”, dijo Ribera.

La Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos (AOP) había advertido precisamente que prolongar el gravamen “condiciona la inversión para acelerar la transición energética en España”. Sobre este aspecto, la patronal ha afirmado tajantemente que tal impuesto “condiciona la capacidad de generar nuevas inversiones, ralentizando las estrategias de descarbonización de un sector clave”. El sector estima que hasta 2030 están previstas inversiones de más de 16.500 millones de euros, una cantidad que podría ser aplazada o destinada a otros países.

El último borrador del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2023-2030 eleva además las inversiones necesarias previstas a 294.000 millones de euros, de los cuales el 85% deben provenir del sector privado. Por tanto, tener en contra a las empresas del sector es un hándicap para acometer la transición energética. Y máxime también cuando la propia Comisión Europea ha cuestionado en cierta medida el gravamen que España está aplicando a las compañías, en unos momentos en los que los beneficios de las empresas no proceden en su gran parte por los altos precios de la energía.

Brufau, el más fuerte ante Sánchez

El presidente de Repsol, Antonio Brufau, ha sido igualmente muy claro en este punto y ha advertido de que la compañía baraja invertir 1.500 millones de euros en proyectos de hidrógeno verde en Bilbao, Cartagena y Tarragona, y puede que no lo hagan por la “inestabilidad” fiscal que actualmente impera en España.

“Son inversiones que, si no se hacen en un marco de estabilidad y con un marco fiscal atractivo ni mejor ni peor, competitivo con respecto a las regiones próximas a nosotros, no volarán”, señaló en unas jornadas dedicadas precisamente al hidrógeno verde.

En esta misma dirección, se han pronunciado desde Iberdrola y Endesa. En ambos casos, señalan con el dedo a los impuestos que les está aplicando el Gobierno y a la falta de un marco regulatorio “creíble” y “estable”.

Al margen de las energéticas, el propio PNV, partido político que ha apoyado la investidura de Sánchez, ha criticado la medida y la idea de seguir aplicándola en el ejercicio 2024. Por razones bastante evidentes, al PNV no le interesa que Repsol recorte las inversiones que está realizando en Bilbao. Ya no son solo las energéticas quienes están en contra, sino también algunos partidos políticos de su coalición.

Gestha aplaude el fin de las rebajas a la luz

Por otro lado, el sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) ha celebrado el fin paulatino de las rebajas de impuestos a la luz, que ha costado, según Gestha, unos 14.000 millones de euros entre 2021 y 2023. El sindicato ha tachado de “regresivas” estas rebajas de impuestos porque los principales beneficiarios son los hogares con mayores rentas.

Sánchez ha anunciado la revisión en seis meses de las rebajas en el Impuesto a la Producción de Energía Eléctrica y del Impuesto Especial sobre la Electricidad (IEE) y la recuperación paulatina del IVA a partir de enero y del gas en febrero.

El IEE que se mantenía en el 0,5% irá subiendo poco a poco de forma que en enero quedará en el 2,5% y de abril a junio pasará al 3,8% y después al 5%, como estaba antes.

Respecto al Impuesto sobre el Valor de la Producción de la Energía Eléctrica (IVPEE), hasta el mes de marzo será del 3,5%; posteriormente pasará al 5,25% y luego ascenderá al 7%

Artículos relacionados