El Gobierno ha explicado que ha tomado esta decisión para frenar las aspiraciones del grupo saudí STC, que había entrado de forma hostil en el capital de Telefónica, pero para otros es la explicación perfecta para el control público, a la manera de otros países del entorno como Francia, Alemania e Italia, de una de las mayores multinacionales españolas de importancia estratégica.
Se cuente como se cuente, se trata de la renacionalización de una de las mayores empresas españolas que terminó de privatizar hace 26 años el Gobierno de José María Aznar, pero cuyos primeros pasos liberalizadores los habían dado los diferentes Ejecutivos de Felipe González, ya que en aquel entonces había cierto consenso en la necesaria transición del sector público al privado. Por cierto, nada nuevo en el mundo. Basta con mirar lo que pretende hacer hoy en Argentina el ultraliberal Javier Milei.
Valoraciones de argumentario
Los medios afines al Gobierno de Sánchez han valorado muy positivamente la decisión alegando la defensa de la empresa de las “matildes” y de todo su entramado en seguridad y comunicaciones en España, ante presuntos acosadores externos como pueden ser los inversores saudíes de STC Group y por ello, el fin de la incertidumbre.
Por el contrario, los críticos con el Ejecutivo del PSOE y Sumar y en su mayoría partidarios del PP, lo consideran una desproporción, un ataque salvaje a la integridad empresarial en España y una terrible señal de intervencionismo estatal para el capital foráneo.
Freno a entradas hostiles
Sin duda, cuando se realice la operación, que se verá bastante encarecida por el anuncio gubernamental, que dificulta la formación de paquetes para su compra a precios asequibles, se conformará un núcleo español que aleja a la empresa de posibles intenciones hostiles de saudíes o de cualquiera.
Esto será bueno para la estabilidad de la compañía y para que pueda seguir avanzando sin alarmas ni sustos en la culminación de sus planes estratégicos, a menos que el nuevo accionista público tenga sus propias ideas al respecto y utilizando sus acciones y su potencial influencia sobre BBVA y CaixaBank, donde también participa el Estado, quiera cambiar el rumbo de Telefónica, y convertirla en una subsidiaria del poder político, lo que aunque difícil y nada deseable tampoco se puede descartar.
Habría que recordar que Telefónica, además de ser una de las mayores empresas españolas, siempre ha tenido algo de especial. Con decir que en su consejo han coincidido y algo más personajes como Javier de Paz, líder las Juventudes Socialistas durante el felipismo y que fue colocado allí por su correligionario José Luis Rodríguez Zapatero, y Eduardo Zaplana, que ya no está pero fue colocado por el PP, pueden llegar a entenderse algunas cosas de esta particular compañía.
De Paz, muy próximo al presidente?
Por cierto, el ya veterano Javier de Paz ha sido ascendido en la última remodelación ejecutiva de Álvarez Pallete en la gestión de la operadora y al que algunos ven ya a medio plazo como clave en la designación de un futuro presidente de Telefónica, ya que sigue vinculado a un Zapatero que cada día tiene más influencia en el Gobierno de Sánchez.
Desde siempre les ha sido muy difícil a los gestores de Telefónica mantenerse al margen de los medios de comunicación españoles. Quizás con la excepción del actual presidente José María Álvarez-Pallete, que se ha destacado por su pulcritud en dichas actividades.
Sánchez acusó a Alierta
No habría más que recordar las manifestaciones de Pedro Sánchez en 2016, pocos días después de su dimisión como secretario general del PSOE, cuando acusó al entonces presidente de Telefónica César Alierta y a los grandes bancos, en una entrevista con Jordi Évole, de haber estado trabajando para que hubiera un gobierno conservador en España, obstaculizando el entendimiento entre el PSOE y Podemos durante su candidatura a la presidencia del Gobierno en la breve XI legislatura.
Para ello, según declaró Sánchez entonces, Alierta se habría valido del entonces poder accionarial de Telefónica en el grupo Prisa, donde participaba entonces la operadora, para forzar a los medios a mostrarle hostilidad a él y a sus proyectos.
Por todo ello es obligatorio mirar un poco más allá de esta operación concreta y ver qué puede pasar si el sector público sigue ensanchando su ámbito estratégico, como será el caso de esta actuación sobre Telefónica.
El reciente caso de Indra
Por ejemplo, hace relativamente poco tiempo, el Gobierno desalojó a unos consejeros rebeldes en Indra con el apoyo del fondo Amber, tras haberse reforzado éste en el capital de la principal multinacional de tecnología y defensa española.
Y no se pueden olvidar que Amber es el mayor accionista de Prisa, casualmente el principal apoyo mediático del Gobierno. Sin duda, para los creadores de las teorías de la conspiración sobre fraudes electorales que nos llevan a la Venezuela de Maduro, se trata de coincidencias terroríficas, que seguro que sabrán explotar en el futuro inmediato.
A diferencia del PP, partido al que no le gusta nada que le tachen de intervencionista y evita por todos los medios parecerlo, aunque sea igual de intervencionista que todos, el PSOE nunca ha tenido estos miedos ni esos complejos y suele actuar más de frente.
Según ha manifestado la propia SEPI, y no le falta razón, son muchos e importantes los gobiernos europeos que mantienen fuertes posiciones de control sobre sus grupos locales de servicios de telecomunicaciones.
El Estado alemán mantiene el 30,46% de Deutsche Telekom, el francés controla el 23% de Orange y en el caso italiano, el Gobierno de Roma mantiene hasta el 9,81% de Telecom Italia. Sucede lo mismo en los países nórdicos, donde el Estado sueco es dueño del 41% de Telia, el noruego, del 54% de Telenor y el finés del 10% de Elisa. También el Gobierno suizo es propietario del 50,95% de Swisscom y el de Austria del 28,42% de Telekom Austria.
Europa no hizo los deberes
Hace muchos años que a los gobernantes del PSOE y del PP, que son los partidos que han tenido responsabilidades de gobierno, les debería haber cambiado el color de la cara cuando pregonaban a los cuatro vientos que había que liberalizar los servicios públicos por imperativo de Bruselas, cosa que además pusieron en marcha, mientras que una gran parte de sus homólogos europeos decían lo mismo, pero hacían lo contrario, proteger a sus monopolios.
De otra forma no puede explicarse que a estas alturas de la película, países como Francia, sobre todo, pero también Alemania e Italia, sigan controlando una gran parte de sus antiguos monopolios públicos. Se han saltado la ley, pero como la hacían ellos mismos, probablemente debido a su alto grado de conocimiento de cómo sortearla desde los propios despachos de la Unión Europea, han sido capaces de burlarla con éxito.
Y en esas estamos. Estos grandes países europeos siguen controlando la mayor parte de sus sectores estratégicos, sobre todo el energético y el de telecomunicaciones, pero también el aéreo y el financiero, entre otros, y es obvio que no practican lo que predican, a diferencia de España, que sí puso en marcha una ciertamente quijotesca política de liberalización del sector público más o menos rigurosa.
Incluso se da el caso de que el Estado italiano, a través de su participada Enel, participó en algo así como la renacionalización de Endesa, aprovechándose de la batalla accionarial que se libró en torno al antiguo monopolio eléctrico español entre la entonces Gas Natural de La Caixa y la alemana E.ON, pero eso ya es otra historia.
La cuestión es que una decidida defensa de las empresas estratégicas por parte del Ejecutivo de coalición entre el PSOE y Sumar, es algo que puede entenderse perfectamente y hasta apoyarse, visto que todas esas otras cosas que se valoraron para estos cometidos, como la famosa “golden share” o acción de oro, no sirvieron para nada.
Pero atención, de eso a seguir los postulados de Sumar en esta materia, donde el partido de Yolanda Díaz defiende prácticamente la vuelta al sector público de todos los antiguos monopolios, hay un abismo. Una cosa es proteger el tesoro y otra quedárselo para que sirva a tus fines.
Siempre las cuotas de poder
Es indudable que todos los partidos son máquinas perfectamente engrasadas para colocar a sus miembros y lograr más cuotas de poder, y que para ello se sirven de todo lo que tienen a su alcance, como pueden ser las empresas públicas como Correos, Renfe, Redeia, REE, Hispasat, Enagas, Enaire, Aena, Paradores, Tragsa, Efe y hasta la ya muy privada IAG , o los reguladores como la CNMV, la CNMC o el CSN. Pero ojo, también dan la batalla para extenderse a la sociedad civil cuando ésta se deja, como ha sido el reciente caso del Ateneo de Madrid.
Para dar una idea de la potencia del sector público ahora mismo, hay que destacar una reciente información de Fernando Belinchón en el diario ‘Cinco Días’, en la que se aseguraba que sumando los 2.000 millones de euros que la SEPI destinará para entrar en Telefónica, el Estado español acumularía en estos momentos participaciones en empresas del Ibex por valor de 23.200,4 millones de euros.
La cuestión es donde ponemos el límite para decidir si consideramos a un Gobierno intervencionista o no, y si eso puede ser en sí mismo bueno o malo, según se gestione. Sin duda, la entrada de la SEPI en Telefónica es algo más que un golpe sobre la mesa. Ya se verá dónde lleva.