Míriam Nogueras ha señalado directamente a los jueces Manuel Marchena, Pablo Llarena, Carlos Lesmes y Concepción Espejel, llamándoles “togados franquistas”; al exministro de Interior del PP, Jorge Fernández Díaz; al coronel de la Guardia Civil, Diego Pérez de los Cobos y al exdirector de la Policía, Ignacio Cosidó; y también a los periodistas Ana Rosa Quintana, Mauricio Casals y Antonio Ferreras. En su opinión, todos ellos han tenido algún grado de colaboración en presuntas operaciones encubiertas contra la Cataluña a la que Junts dice representar.
Jueces y periodistas
Todas los organismos y las asociaciones de magistrados han salido en tromba contra esta denuncia de Junts y la consideran muy grave, ya que “no solo debilitan al Poder Judicial sino también al país”. También la Asociación de la Prensa de Madrid (APM) y la FAPE tachan de intolerable este señalamiento contra varios periodistas realizado por Nogueras.
Obviamente, las palabras de la portavoz de Junts se reconocen en el acuerdo alcanzado entre este partido independentista y el PSOE para apoyar con sus votos la reciente elección de Pedro Sánchez como presidente.
El pacto entre ambos incluía la creación de comisiones de investigación sobre presuntos casos de ‘lawfare’, palabreja que se traduce más o menos como guerra jurídica o utilización abusiva o ilegal de las instancias judiciales, manteniendo una apariencia de legalidad, para inhabilitar o provocar el repudio popular contra un oponente.
No cabe ninguna duda de que esta acusación pública, hecha en la tribuna del Congreso y que inexplicablemente no fue respondida ni por la presidenta de la Cámara, Francina Armengol, ni por ningún representante del Gobierno, puede marcar un antes y un después en la vida política, judicial y creo que también económica de España.
Saltarse una línea roja
Así son las cosas, ya que la separación de poderes está actualmente marcada en España en una difuminada línea roja, que hasta ahora nadie se había atrevido a romper, pero si se sobrepasa esta vez por los intereses del Ejecutivo de Sánchez, podría tener consecuencias imprevisibles en todos los sentidos. Algunos de ellos muy graves para la convivencia de los españoles.
Sin duda, la división de poderes es un principio político que debe dar forma a todas las democracias representativas, que tienen la obligación de separar adecuadamente los poderes legislativo, ejecutivo y judicial de los Estados, de forma que deben ser ejercidos por órganos de gobierno distintos, autónomos e independientes entre sí.
Pero hace ya mucho tiempo que a cualquier sagaz observador de la realidad española le ha debido preocupar la excesiva relación entre los distintos poderes del Estado en nuestro país. Sería algo así como si tuviésemos todas las costuras muy apretadas y estuvieran siempre a punto de romperse.
Constante injerencia política
Y realmente la causa no sería muy complicada de intuir, y seguramente todos nos pondríamos muy rápidamente de acuerdo en que está directamente relacionada con brutal injerencia del poder político en el resto de los poderes del Estado.
La exitosa y nunca suficientemente ponderada Transición española se ha ido pervirtiendo con los años y se han ido olvidando hasta las formas, como prueban por ejemplo los habituales nombramientos de altos cargos.
La verdad es que lo de la exministra de Justicia y ex fiscal general del Estado, Dolores Delgado, es un colmo, pero también el exministro Juan Carlos Campo en el Tribunal Supremo y más recientemente el ex secretario de Estado de Comunicación Miguel Ángel Oliver, para presidir EFE, cantan una barbaridad, pero no solo son cosas de este último Ejecutivo, también los anteriores han hecho cosas parecidas. Basta como muestra señalar la bronca política permanente para pactar la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
Sucede además que ha ocurrido también en el ámbito económico. Los últimos años han estado marcados por el desembarco de los independientes en las empresas y los consejos de administración y el poder político no se ha escapado de esta moda que tiene realmente mucho, pero que mucho peligro, si no se sabe aplicar con sentido e indudablemente no se ha sabido aplicar como merecía.
También el poder económico
Llegados a este punto, es obligatorio destacar también que la presión sobre la separación de poderes no ha sido solo causa de los políticos y habría que referirse a la fuerte injerencia del poder económico en el judicial y el legislativo durante los últimos años, como consecuencia de la creación de grandes consorcios empresariales tras las privatizaciones de los antiguos monopolios públicos, tanto por parte del PSOE como del PP.
Muchos de estos grandes grupos, verdaderas multinacionales sectoriales en muchos casos, han acumulado excesivas cuotas de poder y por supuesto han sabido aprovechar su potencia de tiro en aplicarse a conciencia sobre los poderes legislativos y judiciales en su beneficio, como mostraría un detallado análisis de la reciente historia económica y empresarial de España. Sería bastante sencillo hacerlo.
Para terminar, vamos a destacar un reciente informe que alerta sobre el deterioro del Estado de derecho en España, publicado esta semana en ‘El Debate’ por María Jamardo, que considera que el deterioro en las instituciones estatales se traduce en las amenazas a la independencia judicial y la tolerancia hacia ciertos delitos.
Este informe, que ha sido confeccionado por el Foro de Profesores, en colaboración con Impulso Ciudadano y Citizens pro Europe, cree que “los problemas para el Estado de derecho en nuestro país derivan en buena medida de una cierta relación patológica que se ha establecido entre los niveles central y regional, de tal manera que ciertas prácticas que se han iniciado a nivel autonómico han acabado trasladándose al Estado, en parte al menos por la política de alianzas entre los partidos estatales y los regionales, enraizados en corrientes fuertemente nacionalistas y, por tanto, en cierta medida, también populistas”.
Fue una rebelión
Las tres entidades que han confeccionado el informe recuerdan que “durante los acontecimientos del año 2017 el Poder Judicial actuó como garantía de la legalidad en Cataluña, frente a la franca rebelión de una administración que controlaba desde la escuela hasta los centros de salud, desde la Policía hasta las prisiones”, y añaden que “gran parte de los déficits identificados en el Estado de derecho español se deben a la confusión entre partidos políticos e instituciones públicas”.
Concluye el dictamen afirmando que “el proceso de rebelión contra el orden constitucional desarrollado por las autoridades regionales catalanas es, en sí, una quiebra del Estado de derecho, puesto que se trata de una administración pública que ejerce su poder público al margen de los límites legales”. Pues eso, nada más que añadir.