Crecen las alertas por la pér­dida del anun­ciado ca­rácter 'temporal' del im­puesto

La banca se resigna a pagar 12.000 millones de impuesto especial hasta tener sentencia

Los Tribunales pueden tardar hasta casi cuatro años para pro­nun­ciarse en firme

María Jesús Montero, ministra de Hacienda.
María Jesús Montero, ministra de Hacienda.

La banca es­pañola se ha re­sig­nado a pagar entre 11.600 y 14.500 mi­llones de euros por el im­puesto es­pe­cial sobre los lla­mados ‘beneficios caídos del cielo’ que el Gobierno de coa­li­ción (PSOE-Podemos) puso en marcha el año pa­sado. Según las pre­vi­siones del sec­tor, de­berán pasar entre cuatro y cinco años para contar con una sen­tencia en firme de los re­cursos que pa­tro­nales y en­ti­dades pre­sen­taron ante la Audiencia Nacional en contra de la me­dida.

Las entidades financieras asumen, no sin cierta resignación, que el proceso abierto en los distintos tribunales tardará entre cuatro y cinco años hasta que -previsiblemente- el Tribunal Supremo decida sobre la legalidad del mismo. La banca asume que durante al menos cuatro ejercicios más, hasta 2027, tendrá que pagar el nuevo impuesto a medida.

Y es que, sentencie lo que sentencie la Audiencia Nacional -dicen en el sector-, la parte que no esté de acuerdo con el fallo (el Estado o las entidades) presentará recurso ante el Tribunal Supremo. De ahí el largo plazo de sus previsiones.

Las cuentas son sencillas. Tal como reconoció recientemente la ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, la recaudación real del impuesto ha superado las previsiones iniciales y ha aportado 2.900 millones de euros a las arcas del Estado. El 16% más que lo previsto cuando se anunció el impuesto.

La tasa carga los ‘beneficios caídos del cielo’ que, según el Ejecutivo, obtienen los bancos por la fuerte subida de los tipos de interés por el Banco Central Europeo (BCE) para controlar la inflación de la Eurozona. En apenas quince meses, el banco emisor ha pasado de fijar el precio del dinero en el 0,5% (julio de 2022) hasta el 4,5% en que los ha estabilizado en su última reunión del pasado mes de octubre. El primer ‘respiro’ que la entidad que preside Christine Lagarde da a familias y empresas.

En concreto, el impuesto grava con un 4,8% los ingresos que las entidades obtienen en concepto de comisiones y por los márgenes de intereses que aplican, a sus clientes. Eso sí, Hacienda solo aplica este gravamen a las entidades que operan en España y que, en 2019, facturaron más de 800 millones. La nueva tasa fue aprobada por el gobierno de coalición en 2022 y fue rápidamente recurrida tanto las patronales del sector, la AEB y CECA, como por los bancos de forma individual. AEB y CECA recurrieron ante la Audiencia Nacional la orden publicada por el Ministerio de Hacienda.

Entidades como Banco Sabadell, Bankinter y Kutxabank, presentaron recursos (en febrero pasado) en los que solicitaban a la Audiencia Nacional la suspensión cautelar del impuesto. Algo que fue rechazado por el tribunal. No en vano, solo en el primer trimestre del año, el pago de este impuesto se comió la mitad de los beneficios de la gran banca española.

Preocupa un impuesto fijo a la banca

El impuesto contra la banca (expedido también a las empresas energéticas), según se anunció en su momento, iba a ser temporal y gravar solo las cuentas de 2022 y 2023. Sin embargo, las negociaciones de investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno dela XV Legislatura han cambiado el panorama.

Según el pacto de gobierno entre PSOE y Sumar contempla que el "impuesto temporal a la banca" (como se anunció y justificó) se mantenga de manera indefinida. La politica de la banca española -generalizada- de no retribuir los depósitos parece dar pábulo a las críticas de la izquierda sobre los beneficios récord que las entidades han presentado al cierre del tercer trimestre del año.

La cuestión es que los ingresos gravados por ese impuesto contra los ‘beneficios caídos del cielo’ han permitido compensar la bajada en la concesión de créditos hipotecarios y a la gran industria (ante las dudas de la situación macroeconómica e internacional) como reconocía recientemente el Banco de España en su Encuesta de Préstamos Bancarios. Por tanto, la prolongación del impuesto acordado por PSOE y Sumar se produce en un momento en el que se prevé un estrechamiento de márgenes en línea con la bajada de tipos que se espera para 2024 y 2025.

Desde el anuncio de este nuevo apretón fiscal, en julio de 2022 (se aprobó en diciembre de ese año), el sector bancario se ha mostrado en contra y ha alegado que paga ya "demasiados impuestos". Para la banca se trata de una medida que puede reducir la concesión de crédito y de que, además, está mal diseñado, ya que no se calcula sobre beneficios sino sobre los ingresos de las entidades. De hecho, tanto las patronales del sector como los propios bancos lo han recurrido ante los tribunales.

Botín ha criticado la base misma del impuesto. "No existe conflicto", ha dicho, entre crecimiento e inclusión. "A veces da la sensación de que queremos redistribuir, pero si no crecemos va a haber muy poco que redistribuir", ha defendido, antes de asegurar que quiere una sociedad "más justa y no dejar a nadie atrás". "Creo que hay una manera que no sea una carrera en la que uno gana y otro pierde, donde se suben impuestos a las grandes empresas para redistribuir. No, se pueden pagar menos impuestos y que a todo el mundo le vaya mejor", ha añadido.

De forma parecida, el consejero delegado de CaixaBank (primera entidad por red en España), Gonzalo Gortázar, aseguraba a mediados de ejercicio que: "El argumento que sustentó el impuesto de que los bancos estamos teniendo beneficios altísimos o extraordinarios no es así, simplemente. Vienen de niveles muy bajos: primero por la gran crisis y luego por los tipos de interés negativos que nunca cobramos a los particulares, los absorbimos como menos beneficios.

La banca es una parte clave del circuito económico y debe contribuir con un 40% del beneficio mientras el resto de empresas contribuye con el 25%. ¿Hay algún otro motivo por el que queremos penalizarla, por el que queremos que pague tanto? Esa es la discusión de fondo", se preguntaba.

Mientras, su homólogo en el Banco Sabadell, César González-Bueno aseguraba que: "es necesario que se respete la competencia entre entidades. No se puede favorecer ni perjudicar a unas entidades frente a otras. Debe ser neutral desde un punto de vista de competencia, y que afecte a todas las entidades financieras que tengan actividad en España", ha valorado.

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