Hasta el punto que han advertido de que el gravamen “condiciona” las inversiones previstas de más de 16.500 millones de euros que se barajan hasta 2030 en el sector para alcanzar los objetivos marcados en el PNIEC.
En un comunicado muy crítico contra el gobierno en funciones de Pedro Sánchez y el acuerdo sellado por el PSOE y Sumar para seguir aplicando el “impuestazo” sobre los ingresos de las petroleras y energéticas, AOP insiste en “las lesivas consecuencias” que tendrá la prolongación del gravamen extraordinario y temporal a las compañías energéticas en la competitividad del sector.
Este gravamen supondrá además un grave problema en el proceso de transformación de la industria, así como el empleo, la autonomía energética de España y el cumplimiento de los objetivos de descarbonización del país. “Mantener este gravamen pone en riesgo 16.500 millones de euros en inversiones para la transición energética”, aseguran.
Necesidad de más inversiones
El sector del refino recuerda que hacen falta más inversiones para cumplir con la necesidad de acelerar los planes del PNIEC para 2023-2030. El último borrador eleva estas inversiones necesarias hasta 294.000 millones, de las que el 85% de las mismas deben provenir del sector privado.
La patronal petrolera que engloba a Repsol, BP, Cepsa, Galp, Saras y Gunvor, afirma que si se mantiene este gravamen, “las inversiones estarían expuestas a una incertidumbre fiscal y regulatoria”. Considera también que prorrogar un impuesto que se introdujo como una medida extraordinaria por un periodo máximo de dos años para dar respuesta a la peor crisis energética mundial en décadas “va en contra de la política energética de la Unión Europea, centrada en el impulso de la competitividad y del liderazgo industrial de tecnologías de cero emisiones netas, así como de la normalización de los mercados penalizando a la industria española, que no genera beneficios extraordinarios”.
La guerra de Rusia y Ucrania
Las petroleras recuerdan la importancia que el sector ha tenido durante los meses de la invasión de Ucrania por Rusia, en los que, según afirma la patronal, España no sufrió problema de suministro de energía gracias a las inversiones que las compañías de AOP habían realizado para mejorar la capacidad y flexibilidad de sus instalaciones.
En este mismo sentido, destacan que durante la crisis del Covid las compañías “soportaron importantes pérdidas para mantener operativas sus refinerías y abiertas sus estaciones de servicio, con el fin de garantizar el abastecimiento de productos básicos”.
También, señalan que durante los peores meses de la inflación, ofrecieron -y siguen ofreciendo-, descuentos adicionales, demostrando que el sector al que AOP representa, lo forman compañías “comprometidas con la sociedad cuando ésta las necesita”.
Diseño defectuoso del impuesto
La patronal petrolera reitera su rechazo a este impuesto que, en su opinión “vulnera la normativa existente y se ha diseñado de manera defectuosa”. Bajo su punto de vista, la propuesta debería esperar a los pertinentes informes que tanto la UE como el gobierno español deberían emitir para analizar los impactos del primer año de vigencia del gravamen.
La asociación reitera finalmente la necesidad y la urgencia de “un marco regulatorio y fiscal que incentive las inversiones en la transición energética de esta industria, así como la creación de empleo que estas inversiones llevan aparejadas”.
El consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, ha sido el primero en levantar el hacha de guerra contra la medida del PSOE y de Sumar. No solo ha criticado la medida, sino que ha advertido de que “la falta de estabilidad en el marco regulatorio y fiscal del país podría condicionar los futuros proyectos industriales de Repsol en España”.