Ahora, de nuevo, muchos españoles dirigen su mirada a Europa, semanas después de conocerse la proposición de Ley, en virtud de la cual, el presidente del Gobierno amnistiará (a cambio de siete votos) a cientos de implicados en los acontecimientos del referéndum ilegal de autodeterminación de Catalunya del 1 de octubre del 2017.
También confían en la Comisión Europea para modificar el texto firmado por el PSOE con Junts, donde se incluye el concepto de ‘lawfare’, admitir que la justicia ha actuado por razones políticas, medida incompatible con la independencia del poder judicial.
Fuentes del Partido Popular, advierten en cambio de que el cierre del actual ciclo de la Comisión Europea, una vez que se hayan celebrado las elecciones al Parlamento Europeo el próximo mes de junio, hacen difícil que el Ejecutivo comunitario tome una decisión drástica en este sentido. Para ello, los populares tendrían que presionar al comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, incluso con la amenaza de una reprobación.
Estas mismas fuentes populares critican la intervención del comisario de Justicia la pasada semana ante el Parlamento Europeo, donde se excusó diciendo que no podía intervenir todavía sobre la Proposición de Ley de Amnistía, porque es un proyecto que no ha sido aprobado por las Cortes Españolas.
En este sentido, desde el PP europeo recuerdan que la Comisión exige a los Estados miembros que les envíe proyectos de ley, como es el caso de los Presupuestos Generales del Estado, para emitir un informe previo y hacer recomendaciones sobre aquellos aspectos que puedan chocar con la norma comunitaria. Y concluyen, que, si esto se puede hacer con los Presupuestos, se debe poder hacer con una norma tan importante y excepcional como es una ley de amnistía.
Los populares no tendrán fácil poder reprobar al Comisario en caso de que Reynders no actuara de acuerdo con el examen y el informe que debe hacer. Tanto sobre la proposición de Ley de Amnistía, como sobre los acuerdos firmados entre el PSOE y Junts y ERC, por si no se ajustaran a derecho e iniciar un procedimiento de sanción contra España, por supuesto, siempre que la amnistía y los acuerdos con Junts condujeran a una violación grave y persistente de los valores de la Unión pues al pertenecer al grupo liberal les costará alcanzar una mayoría.
Europa y los ataques al Estado de Derecho
Europa tiene mecanismos para frenar los ataques al Estado de Derecho de sus Estados miembros. Ya los ha utilizado en ocasiones. En concreto es el artículo 7 del Tratado de la UE, que fija los mecanismos para asegurar que todos los estados miembros protegen los valores de “respeto de la dignidad humana, libertad, democracia, igualdad, Estado de Derecho y respeto de los derechos humanos” incluidos en el artículo 2 del propio Tratado de la UE.
Pese a su limitación, la simple idea de la amenaza de que el Ejecutivo comunitario podría utilizar estos mecanismos del Tratado, ha servido para que los Estados miembros acaben retirando reglas que contravenían la normativa comunitaria.
El caso recurrente es el de Rumanía, cuando en el 2019, el Gobierno quiso amnistiar a políticos condenados por corrupción. La Comisión advirtió que se trataba de un caso de autoamnistía que el Ejecutivo comunitario no podía permitir y así sucedió. El Gobierno de Bucarest retiró su propuesta inicial.
Curiosamente, el editorial del prestigioso diario de izquierdas francés, ‘Le Monde’, encontraba una similitud con el caso español que tiene también “un aire de autoamnistía”, dado que su “redacción deja pocas dudas de que fueron los independentistas los que dictaron las líneas maestras”.
Pero en el caso español se puede ir mucho más allá de lo que advertía el influyente diario parisino. No hay ninguna duda de que las líneas directrices de la Proposición de Ley de Amnistía las ha redactado el partido del dirigente que organizó el referéndum ilegal el 1-O. Así lo confirmó la portavoz de Junts durante el debate de investidura de Pedro Sánchez, Míriam Nogueras i Camero. Además, exigió entrevistarse con el secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, para confirmar que Pedro Sánchez seguía aceptando todas sus condiciones fijadas en el texto del acuerdo firmado entre ambos partidos, con el riesgo de no votar a favor de la investidura en el caso de que se hubiera producido algún cambio.
Para confirmar este papel determinante de Junts en la redacción del texto de la proposición de Ley de amnistía, quien fuera consejero de la Generalitat, y en la actualidad eurodiputado, advertía en una entrevista al diario ´Ara´ publicada este domingo que “no tiene ninguna consistencia lógica” la teoría de que para llegar a la amnistía se tenía que pasar antes por los indultos. Según Comín, “se podía haber hecho antes, cuando los votos necesarios eran los de otro partido”, en referencia a que las exigencias de ERC en la anterior legislatura no lo consiguieron. Porque no lo pidieron, o porque entonces el PSOE todavía consideraba que la amnistía era inconstitucional y no se podía conceder.
Los ojos de todos los partidos y de la mayoría de los medios de comunicación occidentales están puestos en esta ocasión sobre lo que va a decidir la Comisión Europea en relación con la legalidad y el respeto a los valores sobre los que se fundó y sostienen a la Unión Europea, presentes o no, en los acuerdos firmados entre el PSOE y Junts.
Entre otros analistas, el prestigioso Wolfgang Münchau escribía recientemente en ‘The New Statesman’ que la Unión Europea corre el riesgo de ser acusada de hipocresía. Lo decía en relación a si no actúa con España como ha hecho con anterioridad, antes de que entraran en vigor sus normas, con otros países como Austria, Francia, Polonia, Hungría o Rumanía a las que se advirtió de que sus proyectos amenazaban el Estado de Derecho, base de su conjunto de valores y garantía de la libertad y del progreso en el que se asienta su razón de ser.