La de­manda contra el le­trado es­pañol causa es­tupor en me­dios ar­bi­trales in­ter­na­cio­nales

Intereses económicos y políticos se cruzan en el arbitraje entre Malasia y los herederos del Sultán de Sulu

En breve, se abrirá juicio oral contra el ár­bitro es­pañol in­vo­lu­crado Gonzalo Stampa Casas

Gonzalo Stampa Casas, arbitrajes.
Gonzalo Stampa Casas, arbitrajes.

A pocas se­manas de que se inicie el juicio oral contra el ár­bitro es­pañol Gonzalo Stampa, que ha con­mo­ciona a los círculos ju­rí­dicos dentro y fuera de España, una fuente que ha so­li­ci­tado no ser iden­ti­fi­cada afirma que se han cru­zado mul­ti­mi­llo­na­rios in­tereses eco­nó­micos en el en­torno del pro­ce­di­miento Herederos de Sulu vs Malasia ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) para dar un vuelco al caso. Mientras tanto, Malasia, en­fren­tada a un laudo ad­verso que da la razón a los he­re­deros del Sultán de Sulu, otrora con do­mi­nios en Borneo, agita la es­pecie de que el doctor en Derecho Stampa actuó de forma ile­gí­tima. El pleito in­ter­na­cional in­vo­lucra com­pen­sa­ciones de 13.500 mi­llones de dó­la­res.

Es la carta que le queda una vez que el TSJM rechazó la pretensión de Kuala Lumpur para que el TSJM declarara inexistente el laudo de marras en un procedimiento que ya estaba archivado. La batalla judicial en torno a este asunto aun deparará muchas sorpresas.

En esta ya larga saga de los herederos del sultán de Sulu, (Joló para España) versus el estado de Malasia se ha producido una revelación que explicaría como es que, dos años después de prescrito el plazo para recurrir una decisión, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid haya admitido una solicitud de nulidad de actuaciones de Malasia sobre la base de que el emplazamiento que se le había efectuado no se realizó en Kuala Lumpur sino ante la embajada de Malasia en Madrid.

Los antecedentes lo explican. Malasia hace frente a un laudo arbitral firme adverso dictado por el árbitro español Gonzalo Stampa. De acuerdo a una fuente al tanto de los hechos que rodearon la admisión del recurso de Malasia, el día 14 de junio de 2021 el TSJM ofició a la Asesoría Jurídica Internacional (AJI) para que verifique la forma de emplazamiento de un estado extranjero.

Procedimiento habitual

Dicha Asesoría ya se había pronunciado sobre la inexistencia de inmunidad de jurisdicción y sobre la forma de emplazamiento. La Ley 16/2015 establece con claridad que en el artículo 54.1 que: “El Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación remitirá el emplazamiento o la notificación del órgano jurisdiccional a la misión diplomática o a la representación permanente española correspondiente, a los efectos de su traslado al Ministerio de Asuntos Exteriores del Estado extranjero o al órgano competente de la organización internacional”. Cosa que fue hecha por lo tanto de forma adecuada en el primer emplazamiento.

De forma significativa el Manual de la Escuela Diplomática vigente señala que:”Ello resuelve una controversia, planteada en la práctica en diversos Estados (también entre Estados miembros de la UE) a propósito de si cabría la entrega de los emplazamientos o notificaciones a través de la misión diplomática del Estado extranjero o de la representación permanente acreditados en Madrid. A nuestro entender, la opción recogida por la Ley es la más acorde con las exigencias de la Convención y del Derecho consuetudinario en la materia.” La ley, entonces reconoce ambos procedimientos con lo cual el utilizado en primera instancia fue ajustado a la ley.

En un hecho sorprendente, la Asesoría dirigida entonces por el catedrático Carlos Jiménez Piernas emite en menos de 24 horas un informe el 15 de junio de 2021. El sello del registro de salida del Ministerio, a través del sistema Lexnet, es del 16 de junio a las 09:16 ¿Cómo es que se produjo este milagro si las circunstancias ya analizadas en 2018 no habían cambiado? De acuerdo a una fuente que afirma estar al tanto de los acontecimientos que rodean esas circunstancias “el TSJM solicitó al catedrático Jiménez Piernas que buscara una fórmula que permitiera hacer lugar a la solicitud extemporánea de Malasia”.

Esa fuente señala que pudieron existir contactos entre personal del TSJM y el entorno del director de la AJI previa a la nueva consulta formalizada en el escrito del 14 de junio de 2021. La fuente señaló además que se suponen actuaciones no confirmadas por parte del entorno del ministerio de Asuntos Exteriores para que se actuara de esa forma. Este extremo no ha podido ser confirmado en el mencionado departamento ministerial.

El autor de este artículo intentó ponerse en contacto con el catedrático Jiménez Piernas para clarificar estos hechos, pero no obtuvo respuesta. También intentó hacerlo con el anterior director de la AJI, José Martín y Pérez de Nanclares al objeto de recabar su opinión sobre el procedimiento recomendado. El hoy magistrado del Tribunal General de la Unión Europea declinó hacer declaraciones sobre este tema.

Pero es necesario observar que en la Ley Orgánica 16/2015 se especifica que los informes de la AJI no son vinculantes. Es decir, que el TSJM decidió utilizar el cambio de criterio sin estar obligado a ello.

Motivos comerciales

A la pregunta de por qué pensaba que se habría registrado esa buena disposición oficial para hacer lugar a la solicitud de Malasia, la fuente señaló que Malasia es un mercado importante para España, sobre todo en materia de la exportación de aviones. Un hecho que ha quedado reflejado en la balanza comercial española con Malasia.

En 2021, España competía por vender el avión español C 295 (de Airbus Industries) para la patrulla marina a Kuala Lumpur, operación que finalmente se adjudicó a la italiana Leonardo para su avión ATR-72. Mientras que esta es una opinión, la fuente describe como un hecho que en días previos al 14 de junio de 2021 el director de la AJI supuestamente acudió al TSJM blandiendo en su mano unos folios afirmando “Esto es lo que tenemos que decir”, en alusión al cambio de opinión sobre la forma de hacer el requerimiento a Malasia.

Las fuentes jurídicas consultadas señalaron que es inaudito que el argumento de la indefensión se admitiera dos años después del requerimiento inicial, con todos los plazos prescritos, a pesar de que la embajada de Malasia acusó recibo del requerimiento inicial “nada menos que por nota verbal”, como señala en su voto particular el magistrado Santos Vijande.

El procesamiento de Stampa

Mientras tanto, el mundo jurídico, no solo en España, sino a escala internacional, mira atónito como se aproxima la fecha en la cual el juzgado de lo penal n.º 31 de Madrid iniciará el juicio oral del doctor en Derecho Gonzalo Stampa Casas, imputado por haber actuado presuntamente sin el título habilitante de árbitro en un procedimiento de arbitraje para el cual fue designado por el propio Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

La acusación la ejerce el embajador de Malasia. Sorprende que la ejerza la parte interesada en este procedimiento arbitral en la medida que existe, es firme y está vigente, un laudo de jurisdicción emitido por Stampa el 25 de mayo de 2020 y que el estado de Malasia ha permitido que devenga firme y definitivo por sus propios actos. El supuesto fundamento para las alegaciones del embajador es que el 29 de junio de 2021 el TSJM habría decretado la nulidad de las actuaciones en el procedimiento de designación de árbitro 4/2018.

En realidad, en ningún caso los magistrados del TSJM declararon la nulidad de ese nombramiento, ni destituyeron al árbitro, ni adoptaron resolución alguna en ese sentido dentro del procedimiento 4/2018 de nombramiento de árbitro. Ni siquiera anularon el laudo de jurisdicción del 25 de mayo de 2020, anterior, muy anterior al Auto de 29 de junio de 2021. Dicho auto de 2021 carece de resoluciones dispositivas expresas sobre estos particulares.

Peor aun. Malasia inició un procedimiento de anulación del laudo de jurisdicción con el número de autos 88/2020 que fue archivado por el letrado de la Administración de justicia el 13 de octubre de 2021 mediante el decreto 24/2021 por “carencia de objeto”. Este archivo, fue consentido por Malasia, ya que su equipo jurídico se abstuvo de recurrirlo, un error procesal fatal de Malasia, sabedora como era de que ese procedimiento era el único en el cual la Sala del TSJM podía anular el laudo de jurisdicción que había impugnado.

El hecho inaudito es que haya sido el letrado de la administración de justicia en el procedimiento 88/2020 de anulación del laudo arbitral iniciado por Malasia quien el 7 de julio de 2021 decide que ha quedado sin efecto el nombramiento del árbitro seguido en el proceso 4/2018. Es decir que lo decide un letrado de la administración de justicia en un procedimiento que nada tiene que ver con el de designación de árbitro.

Lo vuelve a señalar en una diligencia de ordenación el mismo día. Una actuación de esta naturaleza carece de precedentes, señalan fuentes jurídicas consultadas por este periodista. Dichas fuentes puntualizan que una decisión de esa naturaleza sólo podría haber sido adoptada por los magistrados que entendieron en la causa 4/2018, y no lo hicieron. En esa causa el letrado de la administración de justicia se limitó a recoger el hecho que se habían declarado nulas las actuaciones previas.

Cosa muy distinta es el hecho de que se admitiera el recurso de Malasia para que se considerara una indefensión el hecho de que se le hubiera requerido en la embajada de ese país en España y no ante el ministerio de Asuntos Exteriores de su país en Kuala Lumpur. Diversas fuentes consultadas calificaron de incomprensible que ese argumento se admitiera dos años después del requerimiento inicial, con todos los plazos prescritos a pesar de que la embajada de Malasia acusó recibo del requerimiento inicial “nada menos que por nota verbal” como señala en su voto particular el magistrado Santos Vijande.

El laudo existe

El 1 de diciembre de 2022 la sala del TSJM aprobó por unanimidad un auto en el que se declara que el laudo final dictado por Stampa no se puede declarar “inexistente” como pretende Malasia en un escrito del 18 de julio de 2022. El TSJM indica claramente que esa solicitud carece de sustento legal y ha sido, además, planteada en un proceso -el 4/2018- referido a la designación judicial de árbitro y no a la anulación del laudo de jurisdicción de 25 de mayo de 2020.

Como señala el magistrado Santos Vijande en su voto particular convergente el laudo de jurisdicción del 25 de mayo de 2020 es firme y definitivo. Y es en ese laudo de jurisdicción donde el árbitro, con carácter previo al auto de 29 de junio de 2021, analizó y decidió sobre la validez del acuerdo arbitral invocado por las partes y por tanto sobre la existencia de jurisdicción.

Quiere decir que el procedimiento penal por la fiscal general de Madrid en el que se acusa a Stampa de intrusismo choca de lleno con el hecho que el laudo preliminar, el laudo de jurisdicción que dictó con anterioridad al auto de 29 de junio de 2021 y con su mandato judicial vigente, sea firme y definitivo gracias a la errónea estrategia seguida por Malasia al no recurrir el decreto 24/2021 del 13 de octubre permitiendo que sea firme. Al ocurrir esto decayó de forma definitiva su posibilidad de solicitar la anulación del laudo.

Está claro que este procedimiento penal viene a jugar un papel instrumental decisivo para la defensa de los intereses de Malasia en todos los tribunales en los que se impulsa la ejecución del laudo final en su contra. El objetivo es crear la impresión de que el laudo es ilegal por haber sido dictado por un árbitro al que pretenden tachar de delincuente por hacer su trabajo a pesar de que el TSJM especificó que no puede declararlo inexistente, porque el único procedimiento en el que se lo podía anular fue archivado y no se puede reabrir por causas imputables a la propia actuación procesal del estado de Malasia, curiosamente el denunciante de Stampa.

Rompiendo todo sigilo Malasia ha instrumentado la existencia de la denuncia y el procedimiento penal contra el árbitro, aun antes de presentar su escrito de acusación, ante la prensa de todo el mundo y tribunales y cortes extranjeras pisoteando el elemental secreto del sumario hasta tanto el procedimiento se instruyera. Discreción que el propio juez de instrucción solicitó a las partes. La mayor impulsora de esta estrategia ha sido la propia ministra de Justicia de Malasia, Azalina Othman Said. Las contingencias que rodean esas filtraciones pueden ser cuantificables pero no parece que a la justicia española de momento eso la conmueva.

Malasia estaba muy al tanto

Sin embargo, la cuestión más aguda que rodea a este caso se ha presentado en el seno del procedimiento 4/2018 con la revisión del método de notificación a Malasia. En 2018 el director de la Asesoría Jurídica Internacional del Ministerio de Asuntos Exteriores, el catedrático Carlos Jiménez Piernas, a requerimiento del TSJM afirmó en su dictamen que no existía inmunidad soberana para Malasia en este caso y que el mecanismo de notificación se haría a través de la embajada de ese país en España. Como ya se señaló la embajada acusó recibo formal.

A resultas de ello Malasia participó brevemente en el arbitraje -entre octubre y noviembre de 2019- sin hacer reservas y enterada de todas las actuaciones a esta fecha desde 2018, es decir desde el comienzo del procedimiento de designación de árbitro. También presentó la solicitud de anulación del laudo de jurisdicción en el procedimiento 88/2020 distinto y posterior al de designación de árbitro. “Cómo es que el estado de Malasia emprendió esa acción de anulación si no había sido notificada debidamente de las actuaciones”, se pregunta Paul Cohen, el abogado de los demandantes. Malasia fue declarada en rebeldía en el proceso 4/2018.

El plazo para rechazar un emplazamiento por los motivos que sea es de 20 días. Sin embargo el equipo jurídico del país presentó su alegación de que había sido mal citada dos años después de la notificación inicial argumentando una indefensión que nadie es capaz de ver, salvo el TSJM. De hecho Malasia solicitó la nulidad de actuaciones estando en rebeldía y pretendió la rescisión de la designación de árbitro abusando de la Ley Orgánica del Poder Judicial “ignorando los plazos y requisitos contemplados entre otros en el artículo 502 de la Ley de Enjuiciamiento Civil”, añade Cohen.

Paul Cohen, abogado de los demandantes, afirma: "El consejo del Dr. Goebbels era que 'si cuentas una mentira lo suficientemente grande y la repites con la suficiente frecuencia, la gente acabará creyéndosela'. A través de las repetidas mentiras de los abogados de Malasia, el TSJM llegó a la surrealista conclusión de que un Estado soberano estaba indefenso como consecuencia de recibir documentos judiciales en su embajada local. Parece que no saben cuándo es el momento de bajarse de un carrusel desbocado. El asunto se ha acelerado hasta el punto de que ahora en España va a procesar a un hombre por desobedecer una orden judicial inexistente, en un caso que debería haber sido desestimado por los tribunales."

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