Isabel Rodríguez tiene un corto radio de ac­ción por el poder te­rri­to­rial del PP

Sánchez quiere recomponer su conflictiva relación con los propietarios de viviendas

La nueva mi­nistra lanza un men­saje con­ci­liador a los pe­queños pro­pie­ta­rios con la ocu­pa­ción

Pisos vs. viviendas.
Pisos vs. viviendas.

El sector in­mo­bi­liario ha re­co­gido con pru­dencia -pero es­pe­ran­zado- las pri­meras pa­la­bras de Isabel Rodríguez como nueva ti­tular de la car­tera de Vivienda y Agenda Urbana. La mi­nistra ha dado sus pri­meros pasos con un men­saje con­ci­liador es­pe­cial­mente di­ri­gido a los te­ne­dores de se­gundas vi­vien­das, que han vi­vido so­li­vian­tados en la úl­tima le­gis­la­tura por el im­pacto de la Ley de Vivienda y el grave pro­blema de la ocu­pa­ción.

"Quiero tener también un mensaje de tranquilidad y de esperanza, de sensibilidad con los pequeños propietarios", ha asegurado Rodríguez, que ha defendido al amplio sector de población al que una segunda vivienda les está complementando la pensión. La nueva ministra también ha prometido diálogo con el sector y avances en el desarrollo de 70.000 unidades de las más de 180.000 prometidas para aumentar el parqué público de alquiler.

La exposición de motivos de Rodriguez no ha podido ser más 'polite'. "Ha llegado con un mensaje de tranquilidad, necesario porque el sector inmobiliario ha sido el más crítico públicamente con el Gobierno en los últimos años. La Ley de Vivienda ha provocado mucho malestar y también la retirada del mercado de muchos fondos inversores. Han sido meses de mucha incertidumbre", señalan en fuentes del sector.

Rodríguez va a ser sometida a una estrecha vigilancia ante el comienzo de una etapa en la que, como se han cansado de repetir varios pesos pesados del Gobierno en los últimos tiempos, la vivienda va a ser uno de los asuntos prioritarios. Pero, en la práctica, da la sensación de que la nueva ministra se enfrenta a un mandato trampa, en el que el enorme poder territorial del Partido Popular le impone enormes limitaciones.

Con 13 comunidades autónomas en manos de los 'populares', la aplicación práctica de la Ley de Vivienda se reduce a la mínima expresión. Los ejecutivos autonómicos, con amplias competencias en materia de vivienda, están negando de forma masiva la declaración de zona tensionada -donde se activarían las limitaciones a los precios de los alquileres- a los ayuntamientos gobernados por el PSOE. Una situación que se mantendrá en el tiempo.

En septiembre, el Tribunal Constitucional admitió a trámite los recursos que el PP y las comunidades autónomas de Madrid, Andalucía, Cataluña e Islas Baleares presentaron con la Ley de Vivienda. Estos recursos denuncian que la Ley invade competencias autonómicas. Por lo tanto, Rodríguez tendrá que hilar muy fino en un escenario general muy complejo para sacar adelante los ambiciosos planes del Gobierno en materia de vivienda.

Los expertos advierten de que será difícil sacar adelante la promesa de activar más viviendas de alquiler asequible por la falta de suelo que sufren las grandes capitales del país. Todo ello en un escenario de subida constante de precios -en parte por el propio impacto de la Ley de Vivienda, que ha provocado una fuerte rebaja del número de viviendas en alquiler- y en un momento económico de desaceleración en la zona euro.

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