No hay más que seguir la actualidad para darse cuenta de ello. Pero atención, esta causa no se le puede imputar únicamente al actual Gobierno de Pedro Sánchez con Sumar, que sin duda tiene gran parte de la culpa ya que está reventando hasta las costuras del marco constitucional español con tal de revalidarse en el poder.
Viene de más atrás y también los anteriores ejecutivos de Mariano Rajoy y antes de José Luis Rodríguez Zapatero tienen su parte de culpa por no haber sido capaces de alcanzar acuerdos sólidos y estables, pactos de Estado al margen del debate político, capaces de dar un marco estable y de previsibilidad a nuestra economía.
Solo ver el debate en el Congreso para la aprobación de la nueva legislatura de Sánchez hace saltar todas las alarmas de lo que puede estar por venir. Y hay cifras y datos para aburrir si somos capaces de retrotraernos unos cuantos años, datos que desgraciadamente confirmarían todas estas pesimistas predicciones.
Otra vez receptores de ayudas
Javier Elorza, que fue embajador de España ante la Unión Europea desde el año 1994 al 2000, ha puesto el dedo en la llaga, alertando en una entrevista en ‘El Debate’ que en estos momentos nuestro país puede volver a optar a las ayudas comunitarias para la convergencia que están reservadas a los Estados miembros cuya renta nacional bruta (RNB) per cápita no supere el 90% de la media de la Unión, ya que en la actualidad estamos en el 85%. Algo realmente insólito, ya que hacía mucho tiempo que habíamos dejado de ser receptores de ayudas y nos tocaba contribuir.
Según sus palabras, “Hacienda lo sabe desde mayo y no ha abierto la boca”, pese a poder optar a algo más de 6.000 millones de euros en ayudas en la coyuntura actual. A su juicio, “en el año 2021 España llegó a tener el 84% de renta media sobre el promedio comunitario medida en paridad de poder de compra. En 2007, antes de la crisis financiera, España tenía el 103. Bajó 19 puntos hasta 2021 y al año siguiente se recuperó hasta el 85%”.
Para este diplomático, “evidentemente que algo hemos hecho mal”. Y añade: “El responsable es el Gobierno y la sociedad española. Las estructuras, los agentes, los sindicatos no han sabido aprovechar todas las oportunidades que otros sí han sabido aprovechar. La crisis de 2008 afectó a todo el mundo, al universo entero. El coronavirus también afectó a todo el mundo. Y sin embargo los demás países se recuperan mucho antes y no pierden en esa proporción tan importante su riqueza y renta per cápita”.
La traducción de esto es muy sencilla y apunta a que la economía española se ha quedado estancada durante los últimos años frente a muchos países europeos y también del resto del mundo. Los expertos, como se ha dicho, centran en su mayoría las causas en la falta de reformas estructurales capaces de mejorar la competitividad del país, debido a la inestabilidad política que las ha impedido.
De manera que todo indica que ha habido otras muchas naciones que han sabido aprovechar mucho mejor que nosotros las oportunidades y las ayudas recibidas, por ejemplo, por la pandemia.
Según se desprende de los datos de previsiones de crecimiento del PIB para 2023 de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), España es uno de los países que menos crece del mundo desarrollado desde 2007, con apenas un avance acumulado del 7%, tan solo por delante de Finlandia, Japón, Italia y Grecia, de manera que innumerables países europeos como Eslovenia, Suiza, República Checa, Dinamarca, Noruega, Bélgica, Países Bajos, Reino Unido, Austria, Alemania, Letonia, Francia y Portugal, nos han tomado claramente la delantera.
Estancada la renta per cápita
La renta per cápita de las familias españolas descontando la inflación también se ha mantenido estancada frente a nuestros principales competidores y se sitúa un 0,7% por debajo del nivel registrado a principios del año 2007, frente a los países ricos de la OCDE, cuya media ha aumentado un 22,1%. De forma que somos uno de los tres países donde ha disminuido la renta de las familias, junto a Italia, con una caída del 8% y Austria del 2,6%, frente a otros que la han elevado mucho desde 2007 como Polonia, un 61%, Chile, un 52% y Hungría, un 40%, y otros como nuestros vecinos, Francia y Portugal, con más del 10%.
Esta misma semana, ‘CapitalMadrid’ destacaba en una información de Victoria Herrero Martín, que “la mitad de los españoles no ahorra ni 100 euros al mes”.
El Círculo de Empresarios también acaba de poner el dedo en la llaga y ha alertado de que los pactos del PSOE con Sumar y los partidos independentistas condicionan gravemente invertir y mantener el domicilio social en España, fundamentalmente por la subida de impuestos que ha anunciado el Gobierno y también por las medidas que piensa tomar contra las comunidades del PP que han anunciado rebajas fiscales para poder cumplir el déficit.
La inversión se tambalea
Estos anuncios y otros anteriores de los pactos de los socialistas con los de Yolanda Díaz inmediatamente han provocado que los grandes gestores de fondos de todo el mundo estén dejando a España a la cola de Europa en sus recomendaciones de inversión. Y no solo los inversores internacionales.
La inestabilidad regulatoria de los últimos tiempos también ha puesto una vez más sobre la mesa la posibilidad de que las empresas españolas decidan echar el freno a sus propias inversiones en España. Repsol, Iberdrola, Endesa y los grandes bancos como Santander y BBVA ya han hablado de ello.
Repsol se cuestiona inversiones cercanas a unos 1.500 millones en proyectos en cartera del grupo en el País Vasco, Tarragona y Cartagena. Y por su parte, Ana Patricia Botín afirmó hace poco tiempo que, en España, hay personas y empresas que están pagando “más del 50% de sus ingresos al Gobierno, lo que supone una falta de incentivos”, no solo para los residentes en el país, sino para los inversores extranjeros.
De hecho, tanto las patronales bancarias, como las propias entidades, han recurrido ante la Audiencia Nacional este impuesto y además se han apresurado a decir que los cambios en el código de buenas prácticas hipotecario, anunciados en la investidura, pueden hacerles un nuevo roto de hasta 10.000 millones.
Asimismo, parece bastante evidente que el nuevo aumento del gasto público anunciado, que podría justificarse solo en algunos casos, contribuirá a incumplir los compromisos de reducción del déficit público con Bruselas.
Se trata de las nuevas ayudas sociales reveladas en la investidura, como la extensión de la reducción del IVA hasta junio de 2024, el transporte gratuito para menores y jóvenes y desempleados, el aumento de los permisos de maternidad y paternidad de 16 a 20 semanas, la subida del SMI y la reducción de la jornada laboral, entre otras.
Gasto público y PIB
La propia UE acaba de avisar al Ejecutivo de Sánchez que la ausencia de un plan de ajuste fiscal no le permitirá poner en orden las cuentas públicas y puede dejar estancada la deuda por encima del 106% del PIB.
Las previsiones de futuro, por mucho que algunos no dejen de sacar pecho con el crecimiento del PIB, tampoco son para tirar cohetes y prácticamente ningún organismo internacional o nacional avala el crecimiento económico que prevé el Gobierno para 2024. De hecho, tanto la Comisión Europea, como el FMI, la OCDE, el Banco de España, la AIReF y los principales servicios de estudios nacionales han recortado sus expectativas por debajo del 2%.
Podrían tratarse muchos más asuntos que no se están desarrollando como nos gustaría a todos en un país con las fortalezas de España, como es el paro estructural, por ejemplo, si de verdad fuéramos capaces de pactar propuestas de Estado a largo plazo. Pero tampoco se trata de seguir dándole vueltas a la misma idea todo el tiempo.