El pacto firmado por el PSOE con los independentistas catalanes para aprobar una Ley de Amnistía, ley que los socialistas habían calificado hasta el 23 de julio como inconstitucional, ha condicionado el apoyo en el debate de investidura. Sánchez justifica este cambio para promover la concordia, pero el acuerdo supone la discordia con una gran parte de la población no independentista.
Aparte de la inquieta y criticada amnistía, a los empresarios les preocupa el cumplimiento de la ley y la Constitución, tanto como los anuncios genéricos sobre cuál va a ser el programa económico que el nuevo Gobierno de coalición con los comunistas de Sumar va a desarrollar durante la legislatura. Temen las anunciadas subidas de impuestos y el mantenimiento de los que ya vigentes a la banca, empresas energéticas y grandes fortunas, anunciados inicialmente como temporales, y que ahora se confirman como duraderos.
Sus consecuencias pueden ser nefastas. Coincidiendo con el segundo día de debate, la compañía española de petróleos, Cepsa, era la primera en anunciar su entrada en pérdidas por el impuesto de Pedro Sánchez. Repsol vendía la mitad de una cartera de renovables para procurarse financiación más barata en un escenario de subida de los tipos de interés.
Incertidumbres
Existe unanimidad a la hora de vaticinar que la legislatura comienza llena de incertidumbres. En este sentido se expresaba el secretario general de CCOO, Unai Sordo, en un encuentro con capitalmadrid.com tras la celebración del debate de investidura. Sordo rebajaba el optimismo de quienes creen que habrá una legislatura de cuatro años por las enormes y constantes exigencias de los partidos nacionalistas. Vaticina que los meses próximos, hasta la celebración de las elecciones en Cataluña, cuya legislatura concluye en 2025, van a ser de constantes sobresaltos y aparición de nuevas exigencias.
Para confirmarlo, la portavoz de Junts, Mirian Nogueras, no ha querido dejar pasar la primera oportunidad que ha tenido para recordar al presidente en público, en el Congreso de los Diputados, que depende de ellos y que le van a examinar cada semana sobre el cumplimiento de sus compromisos. Ya incluso antes de la intervención, exigieron un encuentro con el negociador socialista, Santos Cerdán, para que les asegurará que Sánchez va a cumplir, pues no les había quedado suficientemente claro en su discurso inicial de investidura, que se comprometiera con aprobar la Ley de amnistía.
La proposición de Ley al final la tuvieron que presentar solos los socialistas, pues tanto los socios de gobierno de Sumar, como los partidos que apoyan en el Congreso al PSOE, argumentaron que no habían tenido tiempo suficiente para analizar el texto. La exigencia de los independentistas de Junts de que la Ley estuviera presentada antes del debate obligó a los socialistas a acudir al registro del Congreso para garantizarse el apoyo independentista.
Aministía de paso
El proyecto no es un plato de gusto para el PSOE. Hasta que no pasó una hora y 25 minutos del tedioso discurso inicial de Pedro Sánchez, el presidente no se refirió a la amnistía. Aseguró que es una Ley que le pide una parte de la sociedad española para continuar con la consolidación de la normalización de las relaciones con Cataluña. Apenas dio detalles del proyecto, remitiéndose a los debates reglamentarios que se vayan a producir en el futuro en el Congreso y el Senado.
Diputados socialistas que aplaudieron eufóricos durante más de cuatro minutos al presidente del gobierno, una vez conocido el resultado de la votación, admiten en privado que lo que les espera durante los meses o años que dure la legislatura, será duro pese a los 179 votos a favor y 171 en contra con los que ha salido investido Sánchez.
Pese a ser una mayoría más amplia que la conseguida en 2020, cuando fue investido en segunda votación por 167 votos a favor, 165 en contra y 18 abstenciones, son muy cautos. El Congreso de los Diputados da así vía libre al presidente reelegido para que forme gobierno, casi cuatro meses después de que se celebraran las elecciones el pasado 23 de julio y, tras haberse celebrado la investidura fallida del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.
Uno de estos diputados socialista comentaba a capitalmadrid.com, como ejemplo de las dificultades y nuevas exigencias que podrán los independentistas durante la legislatura, las declaraciones que la misma mañana de la investidura había realizado la portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, en Catalunya Ràdio, en las que aseguraba que los primeros elementos que reclamarán en la mesa de negociación con el PSOE serán un referéndum de autodeterminación y que Cataluña pueda recaudar el 100% de los impuestos.
Sin conocer estas precisiones, el líder del Partido Popular estrechaba la mano de Pedro Sánchez con una curiosa felicitación. “Esto es una equivocación y usted será el responsable” serían las palabras Núñez Feijóo había trasladado a Sánchez, después de que el Congreso de los Diputados diera luz verde a su investidura como presidente del Gobierno en primera votación.
Endurecimiento de la política fiscal
Si Pedro Sánchez tardó una hora y 25 minutos en hablar de la amnistía en su primer discurso del debate de investidura, fue en cambio más rápido a la hora de alertar de que va a subir los impuestos y el alto coste que va a tener para los españoles su tercer mandato en Moncloa. Sobre ello, ya han alertado, tanto la Patronal CEOE como el Círculo de empresarios, preocupados por las consecuencias negativas que pueda tener para el crecimiento económico y la confianza de los inversores, el mayor gasto público originado por las concesiones prometidas a sus socios de legislatura.
Aunque Sánchez ha repetido en varias ocasiones del debate que las subidas de los impuestos las van a pagar los que más tienen, los ricos, el temor generalizado entre los empresarios es que estas políticas sociales las acaben pagando no solo los ricos y los que disfrutan de las rentas más altas, sino la mayoría de las rentas medias.
Sánchez además ha insistido, presionado por su socio de gobierno Sumar que pide más intervención de la administración en la regulación de la economía, como ha dejado claro en su en el debate de investidura su líder, Yolanda Díaz, al reclamar un mayor control de los alquileres y una constante subida del salario mínimo por decreto para equipararlo siempre al 60 % del salario medio español.
También incidió, en la breve explicación de su proyecto económico, en penalizar a las autonomías que bajen los impuestos, de las que ironizó que constantemente están pidiendo un incremento de las ayudas del gobierno central, mientras bajan los impuestos a los ricos en alusión a la eliminación de los impuestos de transmisiones y sucesiones. El malestar que le produce toda la política económica que lleva a cabo la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a la que siempre citó para criticarla, es más que evidente, pese al éxito de crecimiento, generación de empleo y atracción de inversiones internacionales que el proyecto genera.
En este intento de mantener la subida de los impuestos, Sánchez cuenta con el apoyo decidido de su socia de Gobierno, la líder de Sumar, Yolanda Díaz, para quien su proyecto pasa por mantener la aplicación de los nuevos impuestos que ya decidieron para la banca, empresas energéticas y las grandes fortunas más allá de este año y endurecer el Impuesto de Sociedades. Para Yolanda Díaz se trata de implantar un tipo mínimo del 15% en Sociedades sobre los beneficios reales de las empresas.
En el lado de las inconcreciones, Pedro Sánchez, confirmó que asumirá también parte de la deuda de las comunidades autónomas que contrajeron durante la etapa de Gobierno del Partido Popular, en línea con lo comprometido con los partidos independentistas catalanes de rebajar en 15.000 millones de euros su deuda con el Estado. Pero no entró en detalle sobre los efectos que pueda tener, ni en la financiación de las comunidades, ni en la rebaja de sus costes cuando acudan a los mercados.
El discurso de investidura de Pedro Sánchez deja abiertas enormes zonas de sombras para el futuro, tanto en lo político -ámbito en el que siempre dependerá de las exigencias de los independentistas- como en lo económico, cuyos primeros anuncios, han generado un enorme malestar en los empresarios. Sus representantes ya han levantado la voz por las pésimas consecuencias que puede tener para la economía y el empleo su genérico enunciado de aumento de impuestos.
Los sindicatos de Renfe y de la Seguridad social también están sobre alerta por las consecuencias que puedan tener los pactos con los catalanes para transferirles los trenes de cercanías y con el PNV la gestión de la Seguridad Social. El que tanto ha aludido a la concordia como el motivo principal de la propuesta de amnistía para los líderes catalanes del 1-0, haría bien en conseguir la concordia con todas las fuerzas empresariales de las que directamente depende la gran parte del bienestar de un pueblo. Pero más bien se ha dirigido a ellos como si fueran los responsables de la discordia nacional.