Ha sido seis años después de la gran manifestación del 8 de octubre de 2017, que desbordó el centro de Barcelona para rebelarse ante las intenciones de Carles Puigdemont de declarar la independencia de Cataluña aplicando el resultado del 1-O, cuando el constitucionalismo ha vuelto a tomar el centro de la capital catalana.
Entonces, decenas de miles de personas se manifestaron por el centro de Barcelona contra la independencia de Cataluña y a favor de la unidad de España. Lo hicieron bajo el lema “Prou! Recuperem el seny”, (¡Basta! Recuperemos la sensatez") y también tras la convocatoria realizada por Societat Civil Catalana, que cifró en más de un millón el número de asistentes a la marcha, estimación que la Guardia Urbana rebajó a unos 350.000 participantes.
El lema este año de la marcha, ha sido “No en mi nombre: ni amnistía ni autodeterminación". Aunque la proclama "Puigdemont, a prisión” ha sido una de las más coreadas, también se han proferido numerosos gritos en contra del presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, como los de “Sánchez, traidor” o “Sánchez, dimisión”.
Y aunque no ha sido tan numerosa, ha sido también masiva, tratando de oponerse a la intención admitida por el propio Pedro Sánchez de amnistiar a los dirigentes secesionistas, que promovieron el referéndum ilegal y ante la sospecha de que, a cambio de volver a ser investido presidente del Gobierno, Sánchez también acabará accediendo a negociar una nueva votación separatista.
Acuerdos ya incluidos en la `mesa de diálogo´
Decisión que esta vez sería de forma consensuada con el Ejecutivo, como han denunciado algunos manifestantes que ya figura en los acuerdos no hechos públicos de las reuniones de diálogo mantenidas en meses anteriores entre los responsables de los gobiernos central y de la Generalitat, en la conocida como mesa de diálogo.
Los organizadores consideran que la manifestación ha sido un éxito y que debe suponer el acicate que necesitaba una parte de la opinión pública española para no aceptar las negociaciones del Gobierno y de sus socios parlamentarios sobre la concesión de la amnistía y el posterior referéndum de autodeterminación.
La esperanza del secretario general del PSOE y candidato a la presidencia del Gobierno, Pedro Sánchez, es que el tiempo, como lo hizo con los indultos o la derogación del delito de sedición, haga a partir de ahora su trabajo con las nuevas concesiones que viene negociando otorgar a los nacionalistas, como socialistas y la propia vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, han admitido.
La vicepresidenta segunda repetía esta pasada semana, con las mismas pistas que ya dio hace meses durante la campaña electoral, que se llegará a un acuerdo con responsables de ERC y Junts garantizando que “por supuesto que los catalanes vais a votar. De esto va la democracia”.
Por ello, los organizadores de la masiva manifestación de este domingo han destacado que lo determinante no será lo que Sánchez o sus socios hagan, sino lo que el resto de los españoles les dejen hacer. La movilización, una opción legítima, ahora resulta urgente en la medida en que, en los próximos meses, se va a ejecutar fuera de los cauces constitucionales una quiebra del modelo constitucional de 1978.
Para Francisco Vázquez, viejo socialista exalcalde de La Coruña, exdiputado socialista y exembajador de España ante el Vaticano, la manifestación ha mostrado que “la ciudadanía ha dejado de ser una mayoría silenciosa para pasar a ser una mayoría que se hace oír”.
Además, ha advertido al presidente del Gobierno en funciones, de que si concede la amnistía a las personas vinculadas con el ‘procés’ y permite celebrar un referéndum de autodeterminación estará cometiendo “un perjuicio ideológico”.
Llevar la ruptura en Cataluña a toda España
A su juicio, lo que hay actualmente es un “contencioso” de independentistas que quieren “imponer al resto” de catalanes su “modelo de sociedad”. “Hoy estamos aquí para decir que no nos engañen, saquemos la venda de los ojos: la amnistía y la autodeterminación son un capítulo más de un problema político, no un debate jurídico entre constitucionalistas”.
Según Vázquez, es un “proyecto para que unos sigan en el Gobierno” y otros “avancen en sus objetivos independentistas” y que los “comunistas sumados” puedan conseguir “alterar la forma de Estado y derogar la Constitución”.
Con la amnistía, nada sería igual tras su aprobación. Tendría efecto devastador en el Estado de Derecho, en la Corona, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, el Tribunal Supremo, el Parlamento, y la base de la democracia que conlleva la separación de poderes.
El conflicto catalán correría así el riesgo de generalizarse a toda España. Las voces de los miles de personas que se han manifestado en Barcelona suponen un acicate para tratar de evitar las cesiones que el Gobierno admite estar dispuesto a entregar a los independentistas con la justificación de que normaliza la convivencia en Cataluña y en España. Aunque en realidad lo que se provoque sea la desigualdad entre españoles y una ruptura de consecuencias incalculables. Y todo sencillamente por seguir en el poder.