Sucede, que una vez más vuelven a apostar por seguir poniendo en marcha políticas orientadas a recortar los beneficios de las empresas, que nos guste o no son las que crean empleo en España.
Penalizar en vez de incentivar
Recordemos que el núcleo central la reforma de las pensiones de José Luis Escrivá fue algo tan sencillo como elevar las cotizaciones sociales, y se quedó tan ancho. Pues el pacto entre PSOE y Sumar mantiene la misma tónica y sigue penalizando la actividad empresarial en lugar de incentivarla, como también se está haciendo con los ahorros y las economías familiares. Así de fácil.
Es cierto que los empresarios, como las bromas que se hacen siempre sobre los agricultores de que “nunca llueve a gusto de todos”, tienen la mala costumbre de quejarse cada vez que algo les afecta a sus cuentas de resultados. Lo que hacen, sin duda, en demasiadas ocasiones de forma puramente preventiva, antes incluso de haberlo estudiado en profundidad.
Pero es que esta vez, según todos los empresarios consultados, los acuerdos anunciados por el PSOE y Sumar son un torpedo directo a su línea de flotación, que compromete el desarrollo de sectores tan importantes como el financiero, el energético, el turístico y el inmobiliario, entre otros muchos que pueden verse afectados.
Es la vez que hay una mayor unanimidad empresarial en que el paquete de medidas económicas anunciado por los socios del Gobierno en funciones puede seguir poniendo muchas trabas al futuro ordenado de muchas empresas españolas, no solo las grandes compañías, también de las pymes.
Nadie puede poner objeciones al pleno empleo como prioridad del citado pacto para la próxima legislatura, pero sí a muchos de los caminos elegidos para alcanzarlo, como la reducción de la jornada laboral sin merma salarial o nuevas subidas del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), sobre todo sin haberse negociado previamente con las organizaciones empresariales.
Más impuestos
Pero hay mucho más. Este programa de gobierno continúa el cerco a las empresas todavía en más sentidos, al hacer pasar de temporales a permanentes, y puede que más elevados, los nuevos impuestos a la banca y el sector energético. También al endurecimiento del Impuesto de Sociedades, del 15% en vigor desde 2022, pero que se aplicará sobre el resultado contable en lugar de sobre base imponible, con lo que se aspira a que las empresas paguen sobre sus verdaderos beneficios, sin ingeniería fiscal, lo que calculan llevará a ingresar 10.000 millones más al año.
Estas medidas han hecho subir el tono de los empresarios contra el Gobierno. Antonio Garamendi, presidente de la CEOE, ha calificado de “populismo” este pacto, que a su juicio va a afectar de forma brutal a las empresas.
Para Garamendi, las fórmulas populistas del pacto “van totalmente en contra de las empresas y van a entorpecer absolutamente el crecimiento”, por lo que ha reprobado al Gobierno que se salte el diálogo social al pretender aprobar las nuevas medidas por ley. José Luis Bonet, presidente de la Cámara de Comercio de España, también ha reclamado que las políticas públicas sean a favor de las empresas, y no al revés, ya que deben ser “coherentes” con el sistema económico que tenemos, lo que no siempre parece.
Repsol se cuestiona inversiones
Y hay muchas más reacciones en contra. La petrolera que preside Antonio Brufau ha manifestado en su nota de resultados que “la posibilidad de que se mantenga un gravamen a las compañías energéticas, que se ideó como temporal y extraordinario, y que castiga a las empresas que, como Repsol, invierten en activos industriales, generan empleo y garantizan la independencia energética del país, solo favorece a los importadores que no generan empleo ni actividad económica relevante en España”.
Por ello, Repsol afirma que esta falta de estabilidad en el marco regulatorio y fiscal puede condicionar sus futuros proyectos industriales en España”. Dicho de una forma más clara, que puede verse obligada a desviar inversiones fuera de nuestras fronteras.
Más intervencionismo en vivienda
Sigamos, que hay mucho más en una primera y rápida lectura de los acuerdos del PSOE y Sumar. El plan mantiene un férreo control sobre los mercados de compraventa y alquiler de viviendas, que tan malos resultados les ha dado con la Ley de Vivienda que aprobaron ‘in extremis’ a finales de la pasada legislatura.
Y eso que las estadísticas han dejado bien claro que ese no es el mejor camino, una vez que la ley ha conseguido desplomar el número de casas en alquiler en cerca del 20% y ha elevado los precios casi un 30%. Vamos, un exitazo, como para seguir anunciando medidas cada vez más intervencionistas.
Menos mal que por lo menos Ada Colau, ha dicho que no quiere ser ministra, ante las muchas fuentes que situaban a la exalcaldesa de Barcelona y antes una de las líderes del movimiento okupa español, al frente de la cartera de Vivienda
Y otra de las perlas anunciada a bombo y platillo por la vicepresidenta Yolanda Díaz, ha sido la supresión de los vuelos aéreos de corto radio, aquellos de menos de dos horas y media de duración, siempre que haya alternativas con el ferrocarril, con el objetivo de reducir emisiones contaminantes.
Medida de la que por cierto no tenía ni idea la ministra de Fomento que es la que tiene estas competencias, y que ya ha puesto en máxima tensión a todas las compañías que operan en España. De hecho, fuentes de ese Ministerio han dicho que harán un estudio para ver la viabilidad del plan.
Supresión de los vuelos cortos
La propuesta, que incluye la excepción en casos de conexión con aeropuertos que enlacen con rutas internacionales, significa que una vez más la idea, además de peligrosa para el sector, también puede ser solo papel mojado y unos cuantos titulares de prensa. El presidente de la Asociación de Líneas Aéreas (ALA), Javier Gándara, ya ha dicho que la mayoría de los pasajeros de vuelos domésticos viajan en conexión hacia otros destinos internacionales y que la prohibición de estas rutas podría provocar una fuga de viajeros hacia otros ‘hubs’ en Europa.
Esta patronal también ha dicho que el 10% de los pasajeros que utilizan las conexiones entre Madrid y las otras cinco grandes capitales españolas son pasajeros en conexión, lo que significa que no van de ciudad a ciudad, sino que pasan por allí hacia otro destino. Por ello, argumentan que tener que pasar varios controles o desplazarse desde una céntrica estación de tren hasta un aeropuerto a las afueras complica y desincentiva notablemente cualquier tipo de viaje. De la misma opinión ha sido el presidente y consejero delegado de Iberia, Fernando Candela, que ha declarado que los pasajeros que no tengan conexión aérea con Madrid “preferirán viajar a través de París, Londres o Frankfurt” hacia sus destinos finales. Y para colmo, según la patronal aérea, los vuelos domésticos apenas representan en España el 0,9% de las emisiones de gases contaminantes, es decir, que una vez más se anuncian políticas que no sirven más que para hacer propaganda y confundir. Todo esto recuerda aquella frase del expresidente norteamericano Harry Truman, que parecen ahora aplicarse los socios del Gobierno en funciones con los empresarios: “Si no puedes convencerlos, confúndelos”.