Una proporción que ha ido en aumento hasta alcanzar en 2019 el 57%; lo que supone un aumento de cuatro puntos porcentuales sobre una cartera -solo de banca española- que, en noviembre, superaba los 484.707 millones de euros en préstamos.
La cuestión es que cumplir con las exigencias normativas obliga a la gran banca a soltar ‘lastre’ de sus carteras crediticias en las empresas de los sectores más contaminantes porque les afecta tanto a la calificación de riesgo de su negocio como a las cotas de emisiones que han de cumplir.
“Los bancos significativos, que tienen una cuota muy elevada del saldo de crédito concedido (del 82%, en promedio, entre 2014 y 2019), están sujetos a una mayor presión regulatoria por parte del supervisor, por lo que cabría esperar que sus decisiones de inversión estén más condicionadas por las consideraciones relacionadas con la sostenibilidad ambiental”, indican Roi Barreira y Julio Gálvez, del Departamento de Análisis Macrofinanciero y Política Monetaria del Banco de España.
Eso abre un mercado hasta ahora inalcanzable para las pequeñas entidades y para la banca extranjera que, en la misma fecha, mantenía 332.947 millones en créditos a empresas españolas.
Si el Banco Central Europeo (BCE) avisa desde hace años a las entidades significativas que supervisa directamente -48 de ellas españolas- el Banco de España hace lo propio con las 75 instituciones financieras que operan en su territorio. Y no es por apuntarse a una moda precisamente.
De hecho, el banco emisor tras analizar los diversos escenarios para el sector considera que en una situación de subida de precios de los derechos de emisión de carbono, las empresas pueden incumplir sus compromisos “lo que resultaría en pérdidas para los bancos expuestos”, dice. Y estima que las pérdidas de mercado de las aseguradoras y los fondos de inversión podrían alcanzar, respectivamente, al 3 % y al 25 % de los activos probados por los tests de estrés a corto plazo.
Defender el beneficio
Dónde esta el riesgo. Según un estudio publicado en el Boletín Estadístico del Banco de España por Roi Barreira y Julio Gálvez, del Departamento de Análisis Macrofinanciero y Política Monetaria de esa institución, “las empresas que operan en los sectores más contaminantes son, en promedio, más grandes por volumen de activos que las que operan en los menos contaminantes y tienen peores ratios financieras.
En particular, están más apalancadas financieramente y tienen una rentabilidad sobre los activos más reducida y una ratio de liquidez más baja”. La Autoridad Bancaria Europea (EBA por sus siglas en inglés), por su parte, identifica los focos de riesgo para la banca al indicar que la mayor parte de la exposición al riesgo climático es “potencialmente relevante” en la Industria, el Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado, la Construcción, el Transporte y la Logística y la Inmobiliaria que aglutinan -dice- la mitad de las exposiciones al riesgo de los bancos.
Por ello, los reguladores europeos llevan ya varios años empeñados en el desarrollo de una “transición ordenada” hacia un sector con cero emisiones para el año 2050 tras la aprobación del Pacto Verde Europeo. Es más, según estima el BCE, esa transición ordenada “podría suavizar tales choques y aliviar las consecuencias para las empresas y los bancos, reduciendo la probabilidad de incumplimientos corporativos en alrededor del 13%-20% en 2050 en comparación con las políticas actuales”. Además, añade, “reduciría las pérdidas de crédito para los bancos”.
Algo a considerar seriamente dado que, además del negocio crediticio, los bancos europeos mantienen una exposición a altas emisiones de carbono de “casi el 25% de sus participaciones corporativas que no son pymes” según datos de la EBA.
Dicho de otro modo, si de lo que se trata es -en caso de una crisis- de reducir las pérdidas al 13% por los riesgos climáticos, se entiende que las llamadas ‘finanzas verdes’ son, para las entidades, más que una campaña de imagen una inversión a futuro. De ahí que todas hayan acelerado sus esfuerzos de crediticios y de emisiones de títulos de deuda durante todo el año 2022 y los aumentarán paulatinamente en los próximos tres años.
En esa línea, los grandes bancos españoles potencian sus ‘líneas verdes’ tanto en financiación como en emisión de deuda. Con datos del cierre del tercer trimestre, Banco Santander reconocía haber movilizado 79.000 millones de euros en financiación verde desde 2019 y se ha fijado el objetivo de alcanzar los 120.000 millones en 2025. En activos bajo gestión en fondos sostenibles, la entidad que preside Ana Botín mantiene 54.000 millones con el objetivo de alcanzar los 100.000 millones dentro de dos años.
CaixaBank, por su parte, se ha propuesto convertirse en referente en sostenibilidad según el Plan Estratégico aprobado el pasado año. La entidad presidida por José Ignacio Goirigolzarri -neutra en huella de carbono desde 2018- emitió en el tercer trimestre de 2022 un bono verde por valor de mil millones de euros.
En esa misma línea, el Banco de Sabadell puso en el mercado a principios del ejercicio pasado una emisión verde senior de 750 millones de euros con cupón del 2,625%. En los nueve primeros meses del año pasado, la entidad que dirige César González-Bueno había movilizado 11.000 millones de euros en financiación sostenible, con un aumento del 53% en términos interanuales.
BBVA declaba al cierre del tercer trimestre haber movilizado 124.000 millones de euros en su negocio sostenible desde 2018, para alcanzar los 300.000 millones en 2025; mientras Unicaja, mantiene en su Plan Estratégico el objetivo de que más del 75% de sus fondos sean responsables social y ambientalmente (ESG) entre 2022 y 2024.