En teoría, y aunque Telefónica niegue la mayor, en el imperio Bolloré todavía se recuerda que, pese a serias divergencias, hubo un tiempo en que ambos grupos compartieron intereses en España a través del histórico Canal+; como los tuvieron en Italia mediante intercambios de participaciones; y los tienen en Brasil, donde ambos grupos estuvieron presentes en la creación de Vivo, la filial de la operadora española.
Por todo ello, Vicente Bolloré no tiene grandes urgencias en clarificar su apuesta en un grupo como Prisa, acorralado por una deuda de 915 millones, a los que hay que añadir este año vencimientos de intereses por encima de los 235 millones. Con fama de depredador (la prensa francesa le compara a un “Boa constrictor” que espera el momento idóneo para atacar y estrangular a sus presas), puede acreditar sin equivocarse que el tiempo juega a su favor.
Sánchez, en la recámara
De hecho, Vivendi ni siquiera ha reaccionado ante el “silencio administrativo ” del gobierno de Pedro Sánchez, que ha impedido que el grupo francés se hiciera con casi un 30% de una “empresa estratégica” como Prisa. Ha preferido, de momento, mantener su 9,9%, que le ha servido para reforzar la presencia del empresario francés de origen armenio Joseph Oughourlian, que con un 29,9% puede presidir (y mediatizar desde dentro) el funcionamiento, económica e ideológicamente, del atribulado grupo mediático español. Bolloré siempre fue el financiero oculto de su "testaferro" armenio-libanés, que alardea de pasaporte francés.
Ahora, y siempre dispuestos a dar batalla, ambos socios (en España y en otros negocios en Francia) apenas tendrán que desembolsar 58 millones de euros para hacerse con el 45% de la emisión de bonos de 130 millones, que cuando sean convertidos en acciones sumarán el 47,44% del capital de Prisa. Una operación redonda que, sin autorizaciones administrativas ni vigilancias molestas de la CNMV, y con las acciones de Prisa por los suelos, les permitirá ampliar hasta casi el 50% su participación.
Es posible, además, que para entonces Pedro Sánchez podría ya no estar en la Moncloa, dado un eventual cambio de mayorías parlamentarias, lo que acabaría con el blindaje accionarial actual que ejerce Moncloa. Aquello de ser “empresa estratégica” dejaría de tener sentido, como ya sucede con Telecinco y la Cuatro (Mediaset) , o con Antena 3 y La Sexta (Atresmedia).
No hay que olvidar, además, que las relaciones Prisa/Vivendi tienen raíces profundas. Se remontan a finales de la década de los ochenta, cuando Canal Plus France, que ya llevaba seis años operando, participó en la creación de la versión española de televisión de pago Canal Plus España, donde llegó a tener un 25% del capital, hasta que por injerencias del Gobierno de José María Aznar, terminó en manos de la Telefónica de Juan Villalonga, tras una forzosa fusión con Sogecable/Vía Digital.
La Netflix europea
Ambos grupos ahora comparten la misma obsesión: crear una “Netflix europea”, con lo que Vivendi presentaría su nueva apuesta en España, y que al margen o a través de Prisa, podría seducir a Telefónica.
Aunque la empresa que preside Jose María Álvarez-Pallete niegue ningún tipo de reparto y menos aún la venta de Movistar+, Vicente Bolloré está convencido de que el tiempo trabaja a su favor. Vivendi ve a Telefónica como el mejor “socio industrial” posible, no solo en Canal + (4.300 millones de euros de ingresos entre enero y setiembre de 2022 y 24 millones de abonados), sino también con otros importantes activos en España, como los estudios de producción de juegos de video para móviles Gameflot y la productora de filmes y de series Bambú.
Telefónica y Vivendi se conocen bien. En 2015, el grupo galo cedió a Telefónica la operadora brasileña GVT, que dio origen a la actual Vivo. El precio total de la operación fue de 4.660 millones de euros, incluyendo el valor de 3.000 millones atribuido a activos cedidos por la operadora española -un 7,4% de Telefónica Brasil y un 5,7% de Telecom Italia, donde había llegado a tener un 15%. Vivendi ya era entonces el mayor accionista de la operadora italiana, y lo sigue siendo todavía, pero ahora con una participación del 23,75%.
De hecho, en plena reestructuración, la operación italiana ocupa la “pole position” en las preocupaciones de Vivendi. Hace apenas unos días, su director ejecutivo Arnaud Puyfontaine se vio forzado a abandonar el consejo de administración de TIM con “efectos inmediatos”, dejando claro que Vivendi no aceptará el precio puesto a la red fija por el nuevo gobierno italiano de Giorgia Meloni, que quiere ver "fusionada" TIM con la red rival de Open Fiber (controlado al 60% por el banco estatal CDP que también tiene un 10% de TIM), en una operación por un valor que se sitúa en medios italianos entre 18.000 y 20.000 millones, frente a los de 31.000 millones exigidos por Vivendi.
Reestructuración italiana
Lo que pase con la reestructuración de TIM, podrá ser utilizado por Vivendi con vistas a un acuerdo con Telefónica en España. Ante los agobios financieras de la operadora italiana, podría estar en juego el futuro de su mejor activo, la operación TIM Brasil, a través una venta directa o un reparto de activos. Y, puestos a especular, sería de esperar que Vivendi intentara sacar el máximo provecho en España, presionando a Telefonica, con vista a la creación de una “joint venture", a cambio de favorecer las aspiraciones españolas en Brasil.
También podía producirse algún tipo de operación conjunta en España entre Vivendi y Mediaset. Tras una durísima pelea en Bruselas y ante la Justicia comunitaria, en torno a la adquisición por parte de Vivendi de la tv de pago italiana Mediaset Premium, (a la que nadie duda que sería el embrión de una Netflix europea), Bolloré acusó a Berlusconi de haberle ocultado la situación financiera real de la plataforma italiana. Ambos grupos habían sellado una alianza estratégica, con participaciones cruzadas de un 3,5%, valoradas en 800 millones de euros, y con vista a jugosas operaciones.
Tras cinco años de conflicto, la firma de la paz ha llegado en 2021. Vivendi pagó a Mediaset una indemnización simbólica de menos de 2 millones de euros (Berlusconi reclamaba 3.000 millones), comprometiéndose, además, a mantener aparcados durante 5 años el 19,19%, sin derechos de voto, a precio fijo y reservados al “socio” italiano. Pero aún mantiene un 4,6% en la matriz MediaForEurope (MFE), que sería una buena base, con vista a eventuales operaciones conjuntas, empezando por una posible alianza relacionada con Movistar+.
Investigación en Bruselas
Otro foco de gran preocupación para Vicente Bolloré, se situa en Bruselas. La “investigación exhaustiva” abierta por la Autoridad de la Competencia, relacionada con la OPA lanzada en febrero de 2022 sobre el Lagardère, que a través la filial Hachette –el líder absoluto del negocio del libro en Francia y número tres mundial– dejó el 57,35% del capital y el 47,35% de los derechos de votos en manos de Vivendi, que ya controlaba la segunda mayor editora del país, Editis, adquirida en 2018 al Grupo Planeta por 900 millones de euros.
Sin esperar el veredicto de Bruselas, Vivendi ha puesto a Editis en venta, a través una operación simultánea de distribución-cotización, a favor de sus accionistas, que antes de la salida de la empresa a la Bolsa de Paris recibirán un número de accionas proporcional a sus títulos en Vivendi, con casi un 30% para Bolloré. Lo mismo que pasó en 2021 con Universal Music: en pocas horas, que tras su cotización en la Bolsa de Ámsterdam, su precio subió como la espuma, y los accionistas de Vivendi, con un 60% de las acciones, se repartieron casi 30.000 millones de euros, de los cuales unos 8.100 quedaran en los bolsillos del Grupo de Vicente Bolloré.
Pero es posible que la venta de Editis, cuyo futuro nuevo accionista de referencia se hará directamente con casi el 30% que corresponden a Bolloré, no sea suficiente para que Bruselas conceda un “ok” incondicional a la Opa sobre Lagardère. Además de una concentración excesiva de la llamada prensa “people” en Prisma Media, está el perfil ultra conservador de Bolloré, que puso su tele CNews al servicio del polemista xenófobo Eric Zemour de cara a las últimas presidenciales, y querrá quizás hacer lo mismo con medios como Paris Match y Europe1.
Pendientes de la CE
La decisión de la Comisión Europea, anunciada para finales de mayo, no pinta nada bien para Vivendi. Además de los problemas planteados por la operación (concentración excesiva editorial, menor diversificación de la oferta, riesgos de discriminación ideológica de los autores) y la llegada a Editis de un nuevo accionista de referencia, están ante unas eventuales prácticas de “Gun jumping”, con que Bruselas podría poner a Vivendi una multa de hasta 957 millones (10% del volumen de negocios de 2021). Eso fue lo que hizo con Altice en 2018, por los mismos motivos, tras la compra de Portugal Telecom en 2015.
Lo cierto es que con 70 años, y pese haber pasado la dirección del grupo a sus hijos, Bolloré sigue acaparando la atención mediática. Lo que más llama la atención es que cuando tiene un objetivo en su punto de mira, no se fija plazos de ejecución, considerando que el tiempo trabaja a su favor. De ahí, su apuesta en Prisa y los esfuerzos desarrollados para convencer Jose María Álvarez-Pallete de que no cabe esperar mejor solución de futuro para Movistar+ que la oferta suya, al margen de la eventual creación de una “joint venture” industrial con Vivendi.
Y a Bolloré le da igual que eso no pueda hacerse rápidamente. Piensa que es como un maratón a largo plazo, que es su especialidad. Buena prueba de ello es el acuerdo con Orange firmado hace días, después de laboriosas negociaciones. Un negocio redondo para Vivendi: se hace con OCS (cadena de pago con 3 millones de abonados) y Orange Studio (actividades de “streaming” y producción de films y series, catálogo con 200 coproducciones y 1800 películas).
Unos activos valorados en 500 millones de euros, pero por los cuales Vivendi nada pagará, sino que ingresará unos 100 millones, por cuenta del “cash flow” negativo de OCS previsto durante los próximos años.
Otro dato a tener en cuenta, es la enorme fuerza financiera del Bolloré, el “rey del cash flow”, con más de 10.000 millones de euros acumulados los últimos tiempos. Su última operación fue la venta de su “imperio africano” con un volumen de negocio de 2.200 millones de euros (datos de 2021) en la gestión y explotación de 42 puertos, de 23 terminales de contenedores y de 2.700 kilómetros de concesiones ferroviarias: tenían un valor de mercado situado entre 2.000 y 3.000 millones de euros, pero mucho por gracias al “COVID 19”, sacó al armador ítalo-suizo MCS de la familia Aponte algo más de 5.000 millones de euros.
El grupo llevaba más de un cuarto de siglo en África, donde seguirá teniendo importantes intereses agrícolas. Pero Bolloré había llegado a la conclusión de que no podría seguir luchando contra la competencia de los grandes armadores y grupos logísticos internacionales. Además, deberá rendir cuentas a la justicia, por sendos casos de corrupción y compra de favores políticos, unos hechos dados como probados, por los cuales ya se declaró “culpable”, y si nada ni nadie lo remedia, deberá responder ante un tribunal correccional francés.