Se consideran perjudicadas respecto a otras compañías europeas con menor capacidad de refino y alertan de que el diseño actual del gravamen puede comprometer la transición energética. Reclaman además que el cálculo de beneficios a los que afectará este futuro impuesto incluya las pérdidas extraordinarias de años anteriores debido al Covid-19.
La Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos (AOP), en la que se encuentran Repsol, Cepsa, BP, Galp, Eni, Saras y Gunvor, han remitido una carta a las ministras de Transición Ecológica, Teresa Ribera; Asuntos Económicos, Nadia Calviño; Hacienda, María Jesús Montero; Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, y Presidencia del Gobierno. En la misiva, todo el sector muestra su preocupación por el Reglamento que se está debatiendo en Bruselas y que se concretará en el Consejo de Ministros de Energía del 30 de septiembre.
La patronal advierte de la gravedad de la situación que se puede crear en el sector pues, de salir adelante el plan de Bruselas, afectaría seriamente no solo a las inversiones futuras de las compañías sino también a la viabilidad de las refinerías que operan en el país. El sector del refino está controlado básicamente por Repsol, Cepsa y British Petroleum (BP), por lo que se sienten especialmente perjudicadas.
Adecuar los beneficios a la realidad
Entre las reclamaciones que elevan no solo a Bruselas, sino también a todo el departamento energético y económico y al propio Pedro Sánchez, demandan “adecuar” la cifra de beneficios extraordinarios a la “realidad del sector” y al “impacto de la pandemia”. La patronal plantea al respecto que se excluyan del periodo tomado como referencia los ejercicios impactados por el Covid-19, puesto que las compañías “mantuvieron su actividad sufriendo pérdidas extraordinarias” a consecuencia de la crisis sanitaria durante los ejercicios 2020 y 2021.
En este sentido, recuerdan que, en pleno estallido de la pandemia, en los meses de marzo, abril y mayo se registraron caídas en España de hasta el 95% en el consumo de queroseno de aviación y del 80% en las gasolinas y gasóleos de automoción por el confinamiento. Además, todavía no se han alcanzado los niveles de demanda de combustibles que se registraron en 2019.
Pasar del 20% al 40%
La segunda propuesta que plantean es que se aumente del 20% al 40% el porcentaje de lo que, a efectos de gravamen se considera “beneficio extraordinario”. “La actividad del refino es muy cíclica y variable” afirma la patronal AOP, ya que está sujeta a la fuerte competencia y los precios internacionales de las materias primas, “de gran volatilidad especialmente en los últimos años”, añade.
Lo que las empresas plantean sobre este punto es que, en vez de cogerse tres o cuatro años, se amplíe ese periodo a un mínimo de cinco años en los que se incluyan ejercicios de actividad y consumos normales. Los ejercicios 2020 y 2021 son considerados años “anormales”, en los que se registraron unas pérdidas muy elevadas.
Lo que Bruselas propone es contar los dos años de pérdida de la pandemia, concretamente 2020 y 2021, como años cero. Los años posteriores como 2022, todos los beneficios obtenidos por las petroleras, a excepción de un 20%, se considerarían extraordinarios. Por tanto, el 80% restante de los beneficios estaría gravado a un 33%.
En España, las petroleras pagan un 30% de impuesto de Sociedades, con lo que, sumados al otro 33% que quiere imponer Bruselas, se elevaría a un 66%. Las compañías piden tanto al Gobierno como a la Comisión Europea que la carga conjunta de ambos impuestos -el de Sociedades y el gravamen comunitario-, no sobrepase el 40%. De lo contrario, advierten de que no solo sería confiscatorio, sino que “comprometería gravemente el costoso proceso de inversión para la transformación y descarbonización de nuestra industria”.
Incentivar las inversiones
La patronal reclama que la nueva tasa debería tener incentivos para estas inversiones pues, de lo contrario, la posición de la industria europea, se vería perjudicada respecto a la industria de otros territorios “no comprometidos con los objetivos medioambientales”.
AOP hace extensiva esta preocupación a la proposición de Ley para el establecimiento de un gravamen temporal energético, que se está tramitando en el Congreso de los Diputados. El sector recuerda que, en estos momentos, en los que el refino ha demostrado ser un activo estratégico para la garantía de suministro en España, “carece de sentido castigar a las compañías limitando su capacidad inversora y poniendo en peligro su competitividad y su contribución a la transición energética”.
La asociación recuerda que, mientras en España el sector ha realizado inversiones por valor de 7.000 millones de euros para aumentar su capacidad de conversión, Europa ha perdido un 9% de su capacidad. “El resultado es que hoy España tiene garantizado el suministro y es exportadora neta de gasolina y gasóleo, frente a la situación que están viviendo otros países europeos”, concluye.