OPINIÓN

La caja de los truenos de la unidad fiscal en toda España

Es el país de los 34 de la OCDE con mayor au­mento de la pre­sión fis­cal. En 10 años, los in­gresos fis­cales han pa­sado del 31,3% al 36,6% del PIB

Juanma Moreno, pte. de Andalucía.
Juanma Moreno, pte. de Andalucía.

El pre­si­dente de Andalucía, Juanma Moreno, ha abierto esta se­mana la caja de los truenos al anun­ciar dis­tintas re­bajas im­po­si­tivas en su re­gión sobre todo el fin del Impuesto sobre el Patrimonio, si­guiendo la senda co­men­zada por Esperanza Aguirre en Madrid, y se­guida con en­tu­siasmo y sin ningún re­cato por la ac­tual li­de­resa ma­dri­leña, Isabel Díaz Ayuso. Pero es que ade­más, apenas dos días des­pués se ha aña­dido a esta po­lí­tica fiscal la re­gión de Murcia al anun­ciar que de­flac­tará los pri­meros tramos de la es­cala au­to­nó­mica del IRPF y que tam­bién eli­mi­nará el Impuesto de Patrimonio. Castilla y León, por al­gunas de­cla­ra­cio­nes, pa­rece que po­dría se­guir la misma senda y Galicia es una in­cóg­nita pero debe estar sin­tiendo cierta pre­sión. Por lo que ha tras­cen­dido, la sede de Génova es­taría dando alas a estos mo­vi­mien­tos.

Es evidente que las comunidades gobernadas por el PP quieren acelerar sus rebajas fiscales para aliviar el bolsillo de los ciudadanos en plena crisis inflacionista, y que si además estas políticas ayudan como argumento electoral, pues mejor que mejor.

El milagro económico madrileño

El consejero de Hacienda de Madrid, Javier Fernández-Lasquetty, presumió el pasado mes de mayo de que esta región ha dejado de ingresar unos 60.777 millones de euros por los descuentos de impuestos en los últimos 18 años. Por ello, reivindicó la figura de Esperanza Aguirre por su decidida política de bajada de impuestos durante una conferencia titulada ‘Más libertad y menos impuestos: ¿por qué ha crecido la economía de la Comunidad de Madrid?’. Tampoco hay que extenderse más, se entiende a la primera la intención del consejero para interpretar el llamado milagro económico de la región.

Estos anuncios fiscales han desatado una durísima reacción del Gobierno, la izquierda y los partidos y gobiernos nacionalistas, que parecen haber encontrado un espacio para la confrontación en el que dicen sentirse a gusto, según ha declarado la ministra portavoz y de Política Territorial, Isabel Rodríguez. Por cierto, tras apresurarse la ministra en aclarar que las declaraciones del ministro José Luis Escrivá sobre una posible "recentralización de impuestos" eran solo una ocurrencia personal del titular de la cartera de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Claro, ya nos parecía.

Hacienda, otro impuesto

El Ministerio de Hacienda tardó minutos en ponerse con los cálculos y decir que las medidas anunciadas por Juan Manuel Moreno Bonilla solo beneficiarían al 0,2% de los ciudadanos andaluces que en 2020 declararon un patrimonio superior a los 700.000 euros, sin contar la vivienda habitual, según sus números. Pero la titular de esta cartera, María Jesús Montero, ha ido mucho más lejos todavía, al hacer público apenas cuatro días después del anuncio de la Junta andaluza que “el Gobierno está trabajando” en la creación de un nuevo impuesto temporal para las grandes fortunas, en línea con la propuesta de Unidas Podemos, que anteriormente rechazó el ala socialista del Gobierno.

Unidas Podemos y socios habituales del Gobierno como Esquerra Republicana, Más País-Equo o Compromís han reclamado a Hacienda medidas para evitar la supresión de este impuesto y desde representantes de los gobiernos de Cataluña y el País Vasco las críticas también han sido rápidas y muchas.

La única excepción ha sido el lendakari Iñigo Urkullu que ha anunciado que las haciendas vascas activarán otra deflactación del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF) a partir del 1 de enero de 2023 para contrarrestar el efecto de la inflación en los ingresos de todos los contribuyentes vascos.

Nacionalistas en el debate

Sin embargo, el portavoz del PNV, Aitor Esteban, ha advertido, sin que se le cambie de color la cara o le de un ataque de risa, que "el dumping fiscal no es bueno". Lo que dicho en representación de un partido que gobierna bajo un regimen foral del siglo XIX tras las guerras carlistas, suena cuanto menos raro.

Sobre todo si tenemos en cuenta que por el concierto económico que tienen con el Estado, las administraciones vascas y navarras normalmente disponen de más dinero para gasto e inversión por habitante e históricamente también han contado con una presión fiscal menor que el resto de las autonomías. Por su parte, Patrícia Plaja, portavoz del Govern catalán, ha rechazado entrar en "subastas populistas" de rebajas de impuestos y ha pedido al PP que "deje a los catalanes en paz", igual que el presidente catalán Pere Aragonés, ya que el presidente andaluz invitó a los empresarios catalanes para que se trasladasen a Andalucía en su anuncio de rebajas fiscales. Un poco de historia

El Govern sabe que probablemente está en el mejor momento de su historia para seguir planificando las estrategias frente al Gobierno de Pedro Sánchez, débil y con necesidad de apoyos parlamentarios, que les lleven a poder conseguir algo parecido al régimen vasco. No hay más que recordar el motivo por el que la antigua CiU y la Generalitat de Artur Mas dedicieron echarse al monte contra el Estado cuando en 2012, Mariano Rajoy, rechazó el pacto fiscal propuesto por Artur Mas.

Tras apuntar que la Generalitat no teme una fuga de empresas ni que la economía de Cataluña deje de ser atractiva, Plaja también se apresuró en rechazar a toda prisa la propuesta del ministro Escrivá, de recentralizar impuestos para evitar la competencia fiscal entre autonomías, coincidiendo con el Gobierno central, vaya casualidad.

Contraataque de Feijóo

Ante el aluvión de críticas, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha tenido que salir en defensa de sus gobiernos regionales y ha dicho que el PSOE “debería aclararse” tras recordar que fue el PSOE cuando gobernaba José Luis Rodríguez Zapatero, el partido que eliminó el Impuesto de Patrimonio a nivel estatal, aunque lo recuperase después por la crisis económica.

También ha criticado que haya miembros del Gobierno como Escrivá que “se plantean una recentralización fiscal” y que el presidente del Ejecutivo no pueda ni considerarlo ya que “tiene el apoyo de independentistas” que “están en contra” de armonizar los impuestos en España.

Por supuesto Vox y Ciudadanos están con el Partido Popular en esta batalla, y han defendido en el Congreso la eliminación total del Impuesto sobre Patrimonio anunciada por la Junta de Andalucía.

Todos parecen cómodos

Probablemente el terrorífico calendario electoral que tenemos por delante en el próximo año y pico no va a contribuir en aclarar y centrar este debate sobre impuestos, seguro que más bien lo contrario.

Además, parece que los contendientes se sienten cómodos con la polémica abierta en carne viva. El PP, al activar un asunto que puede traerle réditos electorales importantes al ofrecer rebajas impositivas a los ciudadanos. Y el PSOE y el Gobierno parece que también están contentos, dicen, al sentirse cómodos con un debate que les permite marcar distancia con esos populares a los que acusan de bajar impuestos y dar subvenciones a los ricos.

Sánchez ya lo sabía

La virulencia del debate obligó a entrar al presidente Sánchez, desde Nueva York, quién instó a las comunidades a que no entren en una competencia fiscal a la baja, porque considera que cuando la periferia compite en este ámbito con Madrid, siempre pierde la periferia. Sánchez hizo estas declaraciones un día antes de que Montero anunciase el nuevo impuesto a los ricos, pero ya sabía de que hablaba y aseguró que un reparto justo de los impuestos en estos tiempos en que vivimos las consecuencias de la guerra de Ucrania, deberá exigir más a los que más tienen.

El debate está servido, pero conviene dejar atrás las declaraciones políticas, para clarificar el asunto e intentar hacer algunas consideraciones. Vayamos con ello. El Impuesto de Patrimonio es un tributo casi en extinción en estos momentos en el mundo desarrollado. En Europa, además de España, solamente lo mantienen dos países, Noruega y Suiza, ambos con un elevadísimo nivel de vida, lo que lo hace más asequible para sus ciudadanos. Y su recaudación es muy escasa, en torno al 0,5% del total en España, un 1,1% en Noruega y un 3,7% en Suiza. Francia lo ha derogado hace relativamente poco tiempo y ya solo lo repercute en bienes inmuebles.

Impuesto en extinción y desfasado

El Instituto de Estudios Económicos (IEE) dice que es un impuesto desfasado y que no tiene sentido tratar de armonizar su aplicación entre territorios. Y los empresarios y sus organizaciones no dejan de clamar contra este gravamen. Pero es que además se trata de un tributo que supone una doble imposición, al gravar un dinero que ya está sometido a otros impuestos, lo que en muchas ocasiones también provoca, dicen los expertos, una fuga de capitales a mercados menos voraces con los ciudadanos. En nuestro país, el Gobierno de Sánchez dice estar decidido a mantenerlo y estudia con sus aliados fórmulas que le garanticen cobrarlo, e impedir las bonificaciones fiscales de regiones como Madrid y ahora Andalucía y Murcia. Bueno, ellos sabrán lo que hacen. Otra consideración, aunque esto no sea nunca una ciencia exacta, pero las rebajas de impuestos no tienen porque suponer necesariamente una bajada de recaudación. En ocasiones sucede lo contrario, según explican muchos expertos, y la supresión de impuestos o su rebaja, puede tener un efecto reclamo y hacer que muchos nuevos contribuyentes se incorporen y otros vuelvan a la disciplina fiscal.

Finalmente, una última consideración, España hace ya bastantes años que dejo de ser un paraíso en el pago de impuestos, si es que alguna vez lo fue. Lo que sucede es que la mayor parte de las veces las comparativas con otros países vecinos y los cálculos no están bien hechos, al no tener en cuenta muchas variables como el nivel de vida o los salarios.

Más esfuerzo fiscal que los alemanes

Pues bien, un estudio de la Asociación Madrileña de la Empresa Familiar (AMEF), publicado hace no mucho por el diario ‘Expansión’, dejaba un título tan redondo como este: “El esfuerzo fiscal de los españoles supera al de los alemanes”. Aunque obviamente el citado informe tenga algo de arma arrojadiza contra la voracidad fiscal del Gobierno, la AMEF dice no encontrar justificación a la relevancia que los expertos de Hacienda otorgan a la armonización de Patrimonio y Sucesiones, tributos que apenas recaudan 1.500 millones anuales.

Veamos, según el informe la presión fiscal en nuestro país estaba cuando se hizo el estudio en torno al 35,2% del PIB frente al 41,5% de Alemania, la llamada locomotora europea. Pero resulta que la renta per capita de los españoles es mucho más baja que la de nuestros vecinos del norte, concretamente 23.690 euros frente a 40.120 euros. Esto significaría que el esfuerzo fiscal de los contribuyentes españoles sería del 148,5% frente al 103,4% de los alemanes. Dicho de otra forma, que el sacrificio fiscal real de los españoles es un 43,64% superior al de los alemanes, concluye el informe.

Otro dato de ayer mismo. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) sitúa a España como uno de los países con mayor presión fiscal con un 36,6% del PIB en 2020, hasta 1,9 puntos porcentuales más que el año anterior, situándose como líder en el aumento de esta respecto a 2019, y casi 5,5 puntos más en relación a 2010. En comparación con la media de países de la OCDE, nuestro país se encuentra 3,1 puntos porcentuales por encima. Según se desprende de este informe, España es el país de los 34 que componen la OCDE en el que más se incrementa la presión fiscal y en 10 años, los ingresos por impuestos han pasado del 31,3% al 36,6% del PIB.

¿Dónde está el límite?

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