El pre­si­dente Carlos Torres mo­di­fica su es­tra­tegia y se ad­hiere a la doc­trina Galán

El juez García Castellón mantiene la presión sobre el BBVA en el caso Villarejo-FG

Acceda a la Lista de "perjudicados" por el es­pio­naje de Villarejo a los que Anticorrupción in­vita a per­so­narsse

FG y Carlos Torres
FG y Carlos Torres

En el BBVA daban el caso por zan­jado y así se lo hi­cieron creer a la Moncloa cuando el pre­si­dente del Gobierno Pedro Sánchez asistió la se­mana pa­sada a un acto pro­mo­vido por la en­tidad ban­ca­ria. Pero lo cierto es que el pro­ce­di­miento ju­di­cial abierto en 2017 por la Audiencia Nacional, como lo de­muestra la úl­tima di­li­gencia en el su­mario 0096/2017 , contra el ex pre­si­dente del BBVA Francisco González y el propio banco por sus en­cargos de es­pio­naje a po­lí­ti­cos, em­pre­sa­rios y pe­rio­dis­tas, sigue su curso.

Acceda aquí a la di­li­gencia ju­di­cial 0096/2017 y al lis­tado de "perjudicados"

Así lo demuestra una providencia conocida este lunes del magistrado García Castellón, titular de la sala numero 6 de la Audiencia Nacional, reclamando de nuevo la presencia del banco en el juzgado el próximo 26 de octubre.

La Fiscalía Anticorrupción, además, ha hecho público un listado en el que invita a más de 50 empresarios y un periodista a personarse en el caso contra BBVA Villarejo.

En consecuencia, los representantes legales del BBVA tendrán que volver a visitar a Manuel García-Castellón dentro del nuevo giro a la de investigación que se ha abierto contra el ex comisario José Villarejo y sus relaciones con el BBVA. Además de representante del BBVA, la Audiencia ha llamado a declarar a otras ocho personas: cuatro empleados de la entidad y varios ex policías que trabajaron para el banco en 2018, mucho después del encargo original realizado al ex comisario procesado.

Según la providencia que www.capitalmadrid.com ha tenido aceso, el juez parece desestimar el último recurso de BBVA, en el quem los servicios jurídicos del banco solicitaban que la Audiencia anulara esta nueva imputación al banco como persona jurídica y a sus empleados por "infracción procesal".

Tanto la Audiencia como la Fiscalía Anticorrupción investigan el motivo por el que el BBVA contrató a antiguos socios de Villarejo, entre ellos el policía Antonio Bonilla, para obtener "información reservada de bases policiales" de terceras personas, muchos de ellos clientes comerciales del banco que ya entonces presidía Carlos Torres.

Los empleados llamados a declarar son del área de seguridad tecnológica: Óscar Santos, Simón Galera, José Manuel Cantero y Ana María Encinas. Esta última será la primera en declarar ante el juez, el 11 de octubre, el mismo día que Galera y Cantero. Por su parte, Santos lo hará el 20 de octubre y el policía Bonilla el día 11.

En medios judiciales próximos a la causa se sospecha que la estrategia jurídica del BBVA, a efectos de desentenderse de esta causa, se ha modificado sustancialmente. Sin negar los hechos o la intervención del banco y de sus altas instancias se ha abrazado la teoría, puesta en manifiesto en otros casos similares, de que el asunto fue cosa de "policías corruptos", como es el caso del comisario José Villarejo, y sus amigos presentes en el área de seguridad de las instituciones y entidades empresariales.

En ese sentido estarían las declaraciones del "testigo protegido" en el caso, el comunicador Javier Ayuso, ex dircom del BBVA durante la presidencia de Francisco González (trabajo por el que cobró 14 millones de indemnización) y de la Casa del Rey posteriormente. En unas declaraciones recientes a la revista Mongolia. Ayuso vuelve a cambiar de bando y abunda en la teoría de todo el asunto era un caso de corrupción policial.

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