OPINIÓN

Los ERE de Andalucía y la sentencia del Tribunal Supremo

Es ne­ce­sario que el Tribunal Constitucional se pro­nuncie antes de zanjar esta fea cues­tión

Griñán con Rubalcaba.
Griñán con Rubalcaba.

¿Es cons­ti­tu­cional o in­cons­ti­tu­cional la sen­tencia del Tribunal Supremo?, se plantea un ex­ce­lente ju­rista la­bo­ra­lista como es Enrique Lillo (El País, 26/08/2022). En efecto, ase­gura, “la Constitución en el ar­tículo 153.A) re­cuerda que el con­trol de las dis­po­si­ciones nor­ma­tivas con fuerza de Ley de los ór­ganos de las Comunidades Autónomas debe ser ejer­cido por el Tribunal Constitucional sin que ningún ór­gano ju­di­cial penal tenga com­pe­tencia para ello”.

Por otro lado, el artículo 117.3 de la Constitución insiste sobre lo mismo: “el ejercicio de potestad judicial corresponde exclusivamente a los juzgados y tribunales determinados por las leyes.” Habrá por tanto que esperar a que el Tribunal Constitucional se pronuncie.

Asímismo, no puede olvidarse que la Ley de Presupuestos, incluida la de cualquier Comunidad Autónoma prevalece, por ser ley general, sobre cualquier ley singular en temas de subvenciones.

Quienes en el Parlamento Andaluz aprobaron los presupuestos con las ayudas de los ERE no eran quienes disponían de las cantidades a pagar como ya estableció el Supremo en la sentencia absolutoria de la exalcaldesa de Jerez de la Frontera: las irregularidades, decía el Tribunal Supremo, corresponde a órganos administrativos inferiores, y no al órgano político máximo.

En el caso de los ERE se han realizado actuaciones administrativas con relevancia penal en expedientes concretos; estos sí deben ser juzgados en procedimientos específicos pero lo sorprendente es prejuzgar malversación sobre el total de las ayudas que aprobó el Parlamento Andaluz. Como principal demostración hay que recordar que la gran mayoría de los trabajadores que percibieron aquellas ayudas han consolidado su derecho y siguen percibiéndolas.

La sentencia condenatoria de los EREs utiliza acusaciones como: “debían conocer”, “debían saber”, “no es lógico que no las conocieran”. Como hemos visto en muchas películas anglosajonas este tipo de acusaciones no son aceptadas por los jueces de aquellas jurisdicciones.

Mi interés por el caso de los EREs no es tanto por ser licenciado en derecho sino porque sufrí una acusación equivalente. En su día, y siendo director del Patrimonio del Estado, dos acusaciones, una de un empleado del aeropuerto de Jerez y otra de un afiliado de Comisiones Obreras, dieron pie a un juez instructor para iniciar un procedimiento de acusación contra mi por malversación. En el caso intelhorce, al que me refiero su venta había sido aprobada por el Consejo de Ministros y ejecutada por el anterior director general de Patrimonio.

El abogado del Estado que nos defendía, después de preguntar si habíamos cobrado algo, aconsejó ir a ver al jefe jurídico de Comisiones Obreras, Enrique Lillo, que examinó detenidamente el caso y su conclusión fulminante no fue otra que: “éste es el proceso de los necios”.

El PP por boca del ministro Rato me diría en Bruselas cuando le comenté que tenia que presentarme al juzgado malagueño y que en consecuencia no estaría presente en un procedimiento de ayuda de Estado: “Si, ya sabemos que en el caso Intelhorce no se ha producido ninguna irregularidad”. Tanto la Audiencia Provincial de Málaga como el Tribunal Supremo rechazaron la acusación,. Pero no ha ocurrido lo mismo en el caso de los EREs.

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