“Ni hay cambios ni hay aplazamiento”. Así de contundente se ha mostrado en la reunión telemática que la vicepresidente tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, y la titular de Industria, Reyes Maroto, han mantenido con los representantes autonómicos. En la misma, ha estado presente la secretaria de Estado de Energía, Sara Aagesen. En total, para qué. No ha habido ni acuerdo ni rosario de la aurora.
Ribera ha descartado que se vaya a modificar o aplazar la entrada en vigor pese a las peticiones de retirada por parte de las autonomías de Andalucía, Castilla y León, Comunidad de Madrid, Galicia y Murcia, todas gobernadas por el grupo popular. El PP sigue reivindicando además una convocatoria de presidentes, algo a lo que Pedro Sánchez se muestra reacio.
Abiertos a propuestas
La vicepresidenta tercera ha dejado, en cambio, abierta la puerta a introducir algunas de las propuestas que los gobiernos regionales planteen antes del 31 de agosto porque la intención del Gobierno es presentar el plan a Bruselas a principios de septiembre.
La guerra del PP en la reunión contra el Ejecutivo se daba por descontado pero se esperaba más acritud por parte del PNV y ERC. El Gobierno vasco sigue manteniendo que tiene su propio plan de ahorro, que Sánchez no tiene que marcarles la agenda porque consideran que la sociedad vasca es lo suficiente adulta y responsable. Además, sostiene que el real decreto es “más efectista que efectivo”.
Cataluña sigue reclamando un aplazamiento y se basa también en que ya está poniendo en práctica medidas de ahorro energético. Eso sí, ni PNV ni ERC han amenazado con incumplir el Real Decreto, aunque exigen flexibilidad en la aplicación de los límites de temperatura y subvenciones para poder acometer todas las medidas.
La vía del Constitucional
El PP, por su parte, no ha amenazado con incumplir las normas pero se aferra a la inseguridad y a los problemas que va a provocar al comercio, la restauración y el turismo para presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional. La consejera de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura de la Comunidad, Paloma Martín, sostiene que se están “poniendo en cuestión las competencias propias”, en concreto las ligadas al comercio madrileño.
Ribera se ha mostrado contundente en que no habrá aplazamientos pero empieza a hablar de flexibilidad en algunos puntos del plan de ahorro. Por ejemplo, ha declarado que bares y restaurantes pueden “limitar” el uso del aire acondicionado al “entorno de los 25 agrados”, siempre teniendo en cuenta las recomendaciones de la legislación laboral, frente a los 27 grados que contempla el real decreto ley.
Sobre este punto, ha afirmado que los 27 grados se aplicarán con “flexibilidad” y ha puesto ejemplos como discotecas y cocinas que necesitan una temperatura distinta a otros espacios como librerías. Los comercios y establecimientos deberán justificar cuándo y por qué no aplican el límite de temperatura en el termostato.
El Ejecutivo mantiene que aquellos espacios comerciales, edificios públicos, espacios culturales y hoteles que incumplan el plan de ahorro y eficiencia energética aprobado afrontarán multas de hasta 60.000 euros por infracciones leves, de hasta 6 millones de euros por las graves y de hasta 100 millones por las muy graves.
El PP se muestra muy crítico con las sanciones que el Gobierno quiere aplicar si se incumplen las normas. “Igual que con la banca y el impuestazo a las energéticas, Sánchez quiere recaudar lo que pierde por otro lado”, comentan. Por el lado empresarial, el plan de ahorro energético lo ven muchos empresarios como un afán recaudatorio, sin unas medidas consensuadas por todas las partes implicadas.