La guerra viene de lejos y está larvada en las relaciones de las tres principales operadoras con el Gobierno de Jose Bolsonaro, adormecido durante el proceso de concesión de las frecuencias 5G. Uno de los conflictos tiene que ve con la estimación del valor de los llamados “bienes reversibles” -o sea, del patrimonio inmobiliario y de las infraestructuras de titularidad pública (redes de cable, backbone, backhaul…) utilizados desde 1998 por las concesionarias del servicio de telefónico fijo (STFC)-, y que está funcionabdo como un auténtico quebradero de cabeza para todos.
Sin grandes explicaciones y como si fuera una operación sencilla, Anatel elevó la exigencia de aportar 22.600 millones de reales (unos 4.100 millones de euros) a las operadoras por su uso y disfrute, y que aunque el regulador quiere convertirlos en “compromisos de inversión” para las concesionarias que decidan eventualmente migrar hacia el futuro nuevo régimen, no dejan de ser onerosos.
La brasileña Oi, la más perjudicada
La brasileña Oi, sería la más penalizada y tendría que abonar 12.176 millones de reales (2.400 millones de euros) , por haberse quedado con los inmuebles y las infraestructuras fijas de las antiguas operadoras públicas, Telemar (8.227 millones) y Brasil Telecom (3.949 millones). La segunda operadora más penalizada sería Vivo de Telefónica (7.709 millones de reales, unos 1.500 millones de euros), por delante de Claro (América Móviles), con 2.273 millones.
Anatel explica que para calcular el saldo de adaptación de la concesión al régimen de la autorización, utilizó unas “simulaciones dinámicas”, subrayando además que su estimación deberá ser considerada solo como un “valor de referencia”.
Más que su valor
Cabe subrayar, que de hacerse efectiva la estimación de Anatel, el coste previsto para Oi representaría tres veces el “valor de mercado” de la operadora brasileña, que tras la venta de su actividades en móviles a Tim, Vivo y Claro, no alcanza actualmente los 4.000 millones de reales, menos de mil millones de euros..
Del mismo modo, Vivo también tendría sobradas razones de queja: la suma fijada por Anatel representa casi el doble de los 4.700 millones de ingresos “no core” (teléfono fijo, ADSL, DTH), registrados en 2021. Además, Vivo considera los “bienes reversibles”, como su propiedad: en el caso de renunciar a la concesión, negociaría su cesión a una eventual nueva concesionaria.
Teniendo de plazo hasta abril 2023 para seguir con la concesión o migrar a la autorización, lo mas probable es que Oi, Vivo, Claro y Tim acabarán por llegar a un acuerdo con Anatel, muy criticada por haber “subvalorado” los “bienes reversibles” de STFC, a los que las concesionarias y el Tribunal de Cuentas aun atribuían en 2010 y en 2016 un valor respectivamente de 108.000 y 121.600 millones de Reales. Sin embargo, nadie contempla seriamente la posibilidad de que surgiera una operadora o un algún inversor dispuesto a hacerse con los bienes reversibles al precio de rebaja de 22.000 millones fijado por Anatel.
Ocurre, además, que ante la posibilidad de migrar hacia el régimen de la autorización, las concesionarias del STFC ponen ahora la máxima presión sobre Anatel, reclamando cuantiosas indemnizaciones. Aunque fuera solo para “mitigar” el “desequilibrio económico” de la concesión, teniendo en cuenta que la “insostenibilidad financiera” del servicio fijo, a cargo exclusivamente de las operadoras, nunca quitó el sueño a los responsables del sector. En el caso de Vivo Telefónica, la indemnización reclamada a Anatel asciende a 10.000 millones de Reales, unos dos mil millones de euros.
La primera reacción de Anatel fue echar balones fuera, diciendo que esperará el momento oportuno para pronunciarse al respecto. Pero ya manifestó que considera “totalmente improcedente” las demandas de indemnización formuladas, tanto por Vivo como por Oi, que a final de 2021 tomaran la decisión de poner el conflicto en manos de tribunales de arbitraje, que tendrán de plazo hasta junio de 2023 para dictar sentencia… pero que invitan ambas partes a que se pongan de acuerdo, para arreglar directamente el conflicto.
Sin embargo, para Vivo quedaría poco margen que negociar con Anatel, que durante más de dos décadas nada hizo para arreglar las graves distorsiones económico-financieros del STFJ, provocadas tanto por la transformación de los servicios de telecomunicaciones, como las drásticas e imprevisibles evoluciones tecnológicas y la evolución del mercado. O sea, unos cambios que tuvieron un impacto negativo muy importante en las cuentas de las concesionarias, en términos tanto de pérdidas de ingresos y como de clientela.
Pasando revista a dichas “circunstancias extraordinarias”, que no podían ser ponderadas en el momento de la firma de la concesión, cuando se firmaron los contratos con Anatel, Telefónica contabiliza nada menos que veintidós “factores desequilibrantes” registrados a lo largo de más de dos décadas en la operación fija: cambios del modelo de tributación fiscal; arbitrariedades reglamentarias que afectaron a las estimaciones de productividad de la concesión; retrasos sucesivos en los reajustes tarifarios, etc., etc.
De ahí, el recurso al proceso de arbitraje con vistas al reconocimiento oficial del desequilibrio económico y financiero de la concesión; para que Anatel sea condenada a restablecer dicho equilibrio y como indemnizar a Vivo por las pérdidas provocadas; y el reconocimiento por parte de la autoridad reguladora de la insostenibilidad de la concesión hasta el final del contrato (Abril 2013). Telefónica pide, además, que sean rechazadas las estimaciones realizadas por Anatel relacionadas con el patrimonio reversible y que cargue con todo el peso del proceso.
Servicios roaming
Otro conflicto en abierto, es lo relacionado con la oferta obligatoria de servicios de “roaming” asumida por Vivo, Tim, Claro, como parte del precio de pago tanto por los activos móviles de Oi, como por la compra de nuevas licencias, en la subasta 5G, con vistas a facilitar la entrada en el sector de nuevos actores (pequeñas operadoras locales y regionales). De hecho, los tres lideres del sector, no descartan en absoluto avanzar con sus ofertas de “roaming”. Lo que si rechazan es la metodología utilizada por Anatel, para fijar unilateralmente el precio de dichas ofertas.
Y, a todas luces, lo más probable es que la autoridad reguladora no ganará otro pulso con las tres mayores operadoras del país, que ganaron la primera batalla: recibieron el apoyo de la Justicia Federal para “suspender” las respectivas ofertas de roaming en las condiciones tarifarias fijadas unilateralmente por Anatel, de solo 2,60 y 2,20 Reales por megabyte, para 2022 y 2023, frente a la oferta de 40 Reales planteada por Vivo, Claro y Tim. Pero según las ultimas informaciones, la sangre no llegará al rio: las tres operadoras habrán aceptado rebajar sus precios, a 5 Reales, aun así casi el doble del que Anatel tenía previsto.