Con ellas, el Ejecutivo asegura, pese a la continua escalada de los precios, estar conteniendo la inflación con una cifra que podría llegar hasta un 3,5% en los próximos meses.
La gran mayoría de economistas, sin embargo, consideran que estas medidas no están teniendo un efecto significativo en la contención de los precios, salvo un mero maquillaje, y que los costes que suponen acabarán pasando factura en un futuro no muy lejano al conjunto de la ciudadanía.
En total, los expertos hablan de cifras superiores a los 15.000 millones de euros hasta el 31 de diciembre, de los cuales corresponderán a las soluciones implementadas hasta junio y otros 9.000 millones adicionales con las nuevas medias anunciada junto a la ampliación de las ya adoptadas hasta el momento.
Según cálculos de los técnicos de Hacienda Gestha, por ejemplo, el recorte del IVA en el recibo de la luz primero del 21 % al 10 % y ahora otra vez hasta el 5 % para todos aquellos con una potencia contratada que no exceda los 10 kilovatios supondrá una merma de entre 860 y 920 millones de euros en las arcas del Estado para este año.
Gestha critica las fórmulas
Por su parte, la prórroga de la bonificación en los carburantes de 20 céntimos el litro para gasolina y gasóleo supondrá unos 2.841 millones de euros en la segunda mitad del año. Una medida muy criticada por los técnicos de Hacienda pues el precio no ha dejado de subir con la presión inflacionistas, mientras se potencia el consumo de carburante en vez de desincentivarlo.
También ha sido muy controvertida la decisión de poner un tope al precio del gas que se usa para generar energía eléctrica. Eso tendrá un alto coste para el conjunto de los españoles, pues se debe compensar a las centrales que seguirán comprando gas en los mercados internacionales. Una medida de la que, además, se estarían beneficiando terceros países como Franca.
Solo en la primera semana, a pesar de su escaso impacto en el precio del kilovatio hora, supuso una cifra cercana a los 150 millones de euros. Eso, el Ejecutivo asegura que, sin esta medida, los precios del kilovatio hubieran sido mucho más altos.
De los 9.000 millones, que costarán las medidas prorrogadas y nuevas hasta fin de año, 5.500 millones se corresponden a ayudas directas para familias y empresas y 3.500 millones de euros más, a rebajas fiscales.
Para muestra basta un botón. En el caso de una de las últimas medidas implementadas, la referida a la financiación en la reducción del precio de abonos y título multiviaje, su financiación se realizará con un crédito extraordinario de 221 millones de euros. Aunque la mayoría irán con cargo a los Presupuestos Generales del Estado.
Más impuestos a las eléctricas
Con el objetivo de contrarrestar estas partidas, una de las fórmulas planteadas será la entrada en vigor a partir del primero de enero del 2023 de un impuesto que gravará los beneficios extraordinarios de las compañías eléctricas.
Un nuevo impuesto, cuya aprobación se agilizará tramitado como proposición de ley con toda probabilidad, como señala Gestha, y prescindirá de trámite como la consulta pública previa y de audiencia e información pública que requeriría como proyecto de ley. Las empresas elécticas, sin embargo, ya han plateado su intención de plantar cara en los tribunales a esta solución.
La idea es tenerlo listo para el 31 de diciembre, de forma que sea exigible a partir de 2023, pero afectando ya a los resultados obtenidos en el presente ejercicio. Todavía no se conocen detalles ni la cuantía del gravamen, pero podría asemejarse al implementado en Italia, que alcanza el 25% de sus beneficios.