En los últimos meses, sobre la mesa del presidente del organismo regulador no hacen más que acumularse patatas calientes en forma de expedientes de compañías cotizadas cuya resolución está siendo lenta, controvertida y muy criticada en los patios de operaciones.
Dejando a un lado el caso de Abengoa, una herencia envenenada, que se encamina a la venta de activos rentables y la liquidación del resto. Un proceso inevitable condicionado por la escasa diligencia de la CNMV en su día para evitar una lesiva gestión empresarial una vez que la Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI) haya rechazado el rescate de la compañía a cargo de los fondos de rescate de empresas estratégicas en el marco de la covid.
Una decisión que se ha producido en medio de los reproches y acusaciones entre la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno por dejar hundirse a la compañía con el consecuente daño a los minoritarios.
Natra un caso que va camino de enquistarse
También del pasado, aunque con intervención directa de Rodrigo Buenaventura, colea la salida de Bolsa por la puerta de atrás de Natra. A principios de 2019, World Confectionery Group, una sociedad de Investindustrial (el vehículo de inversión de la familia Bonomi) lanzaba una opa de exclusión a un precio de 0,9 euros por acción que tras la intervención de la CNMV se elevó a 1 euro.
Los minoritarios, sin embargo, presentaron un recurso de reposición contra este precio equitativo al contar con valoraciones mucho más altas. Recurso que fue rechazado de inmediato por el organismo regulador, lo que obligó a los pequeños accionistas a recurrir a la justicia.
Sin embargo, la Audiencia Nacional ha dado la razón al CNMV en una sentencia que sonrojaría al propio Salomón pues ha desestimado la demanda al no quedar demostrado que el precio aprobado no fuese equitativo o estuviera mal calculado cuando la abogacía del Estado con anuencia del tribunal había declarado secreta la documentación del organismo para calcular el precio equitativo.
Una decisión tan contradictoria e injusta que la mayoría de los minoritarios han optado por continuar el proceso y recurrir ante el Supremo por lo que Natra seguirá siendo una patata caliente en la mesa de Rodrigo Buenaventura.
Indra y Ezentis, los últimos
Más recientemente, la CNMV se ha encontrado de bruces con el asalto a Indra por parte del Gobierno, a través de la Sociedad de Participaciones Industriales (SEPI); Amber, máximo accionista de Prisa; y la vasca Sapa. Una maniobra concluida en la última junta cuando los tres grupos se aliaron para cesar a cuatro consejeros independientes e impedir la renovación de una quinta consejera. Una operación que ha provocado un terremoto tanto dentro de la compañía como en el mercado.
Los minoritarios, tras mandar una carta a la CNMV para analizar la situación y poner orden en Indra, piensan plantar batalla y también recurrirán ante los tribunales, ya sea por lo civil o por lo criminal, ante la escasa reacción del organismo regulador que se está viendo sobrepasado. Tanto los pequeños accionistas como ex presidentes de la CNMV consideran que se ha producido una acción concertada, con un claro fraude de ley, que deberá acabar con una OPA por parte del Gobierno.
En este sentido, fuentes políticas han mostrado su preocupación por este intento de control de Indra, la empresa tecnológica encargada de la contabilización de los votos en las elecciones. En este sentido, aún recuerdan varios y notorios escándalos en los que se ha visto envuelta la compañía por los “fallos” informáticos en varias elecciones en Latinoamérica.
A nadie se le olvida, además, que Indra es una de las empresas punteras españolas en defensa y la toma de control se produce justo en un momento en que el Gobierno busca elevar el gasto en defensa hasta el 2% del PIB como respuesta a las exigencias realizadas en la cumbre de la OTAN.
Otro caso reciente que ha agitado el enojo de los pequeños accionistas contra la CNMV es Ezentis. El gestor de redes de telecomunicaciones y energía ha visto como la SEPI ha rechazado su solicitud de 70 millones de euros de los fondos de ayuda a las empresas estratégicas afectadas por la covid. Una noticia que ha dado lugar a un brutal el desplome de la cotización tras la suspensión de la cotización durante todo un día por el organismo regulador.
La compañía ya ha apuntado a que recurrirá esta decisión de la SEPI. Pero lo más grave, es que ni en los apartados de información privilegiada ni de otra información relevante de la compañía aparece dicha solicitud realizada, tal y como reconoce el grupo a mediados de mayo. En esas fechas solo hay una nota de prensa sobre ingresos en el primer trimestre y el reconocimiento de que se estaban buscando vías de financiación. Eso supone una grave falta de transparencia que ha cogido de nuevo a la CNMV con el pie cambiado mientras los minoritarios ven como su dinero se va por el sumidero.
Nyesa, una constante dilución para los minoritarios
El último de los casos calientes que tiene la CNMV sobre la mesa es el de Nyesa. La compañía acaba de celebrar su junta de accionistas en la que ha aprobado una mega operación en la que primero reducirá capital en más de 85 millones de euros para compensar pérdidas y generar una reserva voluntaria, para luego realizar un contrasplit en la proporción de una acción nueva por cada diez antiguas, y, por último, volver a ampliar capital para capitalizar créditos y dar entrada a varias sociedades mediante intercambio de acciones.
Sociedades todas ellas vinculadas con sus principales accionistas y el consejo de administración de la compañía. Una operación que ha causado "admiración" entre algunos minoritarios que han plantreado a la CNMV tomar cartas en el asunto para que analice dichas sociedades y evite una nueva y exagerada dilución de sus participaciones con empresas, según ellos, que han sido aparentemente sobrevaloradas.
Poncio Pilatos+
Todos estos casos tienen en común la decepción de los pequeños accionistas con Rodrigo Buenaventura que una vez instalado en la presidencia está ejerciendo de Poncio Pilatos, lavándose las manos ante todos los problemas que afectan a las cotizadas españolas e incumpliendo con su principal mandato de protección a los minoritarios.