La convocatoria de una mesa única de diálogo ha logrado aportar calma, de momento, pero la salida a la crisis no va a resultar sencilla para el Gobierno que preside Laurentino Cortizo.
En la que es la mayor crisis social en Panamá en más de tres décadas, desde que en 1989 cayó la dictadura de Noriega tras la invasión de EEUU, se logra de momento una ‘impasse’ temporal tras la constitución de una mesa de diálogo entre el Gobierno y representantes de sindicatos y gremios de la construcción, agropecuario, transportistas y organizaciones ciudadanas e indígenas para poner fin a las manifestaciones y cortes de carreteras. El Gobierno, presionado por la magnitud del conflicto, ha sumado a la negociación a la Iglesia Católica. Y asegura que hará “propuestas concretas” en los próximos días para afrontar alza del coste de vida, desigualdad y corrupción.
Las organizaciones piden en la mesa medidas paliativas contra la inflación, una rebaja del 30% de los precios de la cesta básica, combustible, energía y medicamentos, la inversión del 6% del PIB en educación pública y abordar el futuro del sistema de salud, además de medidas concretas contra la corrupción institucional, los sueldos de altos funcionarios y el despilfarro de los recursos públicos. También llaman a investigar a los políticos implicados en casos de corrupción en un país considerado paraíso fiscal por la UE. En Panamá, donde la evasión fiscal supera el 4% del PIB, y la tasa de recaudación era en 2020 del 13,7%, frente al 22,9% del PIB en Latam), dos expresidentes, Ricardo Martinelli y Juan Carlos Varela, están imputados por los sobornos de Odebrecht.
Los empresarios piden más voz
En el diálogo participan, además del Gobierno de centroderecha, la Alianza Nacional del Pueblo Organizado (Anadepo), que suma a la mayoría de organizaciones convocantes de las protestas; la Alianza Pueblo Unido por la Vida, de sindicatos de izquierda, y representantes indígenas. Los empresarios, que juzgan “incalculable” el coste de las protestas (más de 600 millones de dólares sólo en el sector agropecuario), han exigido ser incluidos desde el inicio en la mesa de diálogo, y no en una segunda fase. “El coste de vida no puede ser regulado por decreto”, se señala desde el sector privado y “los empresarios no pueden ser excluidos del dialogo”. Según el Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), “en un Estado de derecho no se justifica que gobierno y gremios en protesta discutan y adopten medidas que directamente afectan al sector privado y la competitividad sin la participación de éste”.
Pese a ser una economía dolarizada, tener altas cifras de crecimiento hasta el Covid e ingresos por más de 2.000 millones anuales del Canal, el país, donde el descontento comienza a ser generalizado en todos los sectores sociales, tiene un alto índice de desigualdad y deficientes servicios públicos de salud, educación y acceso al agua potable. Panamá es la tercera economía más desigual de Latam y la pandemia ha empeorado la situación: el 49,5% de la población ha visto bajar sus ingresos. El descontento se produce en el marco de una inflación que ha subido al 5,2%; un 48% de informalidad laboral y un paro del 10%. Y el precio del combustible ha subido un 47% desde enero.
Panamá ha venido creciendo a una tasa media del 6,3% en los últimos veinte años, el mayor crecimiento de Latam. El PIB se expandió un 15,3% en 2021 impulsado por el Canal, tras caer un 17,9% en 2020 por la pandemia. La economía progresará el 7,5% en 2022 (en el primer trimestre lo hizo el 13,6%), según el FMI, que este julio completó la nueva revisión del Acuerdo de Línea de Precaución y Liquidez por 2.500 millones. Es un apoyo contra impactos extremos derivados de la incertidumbre global por la guerra en Ucrania.
Corrupción y problemas estructurales
Sin embargo, el fuerte crecimiento de la economía y de la renta per cápita (a 14.500 dólares, la más alta tras Uruguay y Chile en la región) no ha tenido correspondencia en la reducción de la desigualdad, y la prosperidad solo alcanza a un minúsculo segmento de la población, mientras la mayoría se empobrece. El salario mínimo de 380 dólares al mes es de los más bajos de Latam y la pobreza no ha bajado significativamente en las últimas décadas.
Pero, además de la coyuntura económica, el país arrastra graves problemas institucionales y sociales. Las peticiones más inmediatas son bajar el precio de la gasolina, cesta de la compra y medicamentos, pero hay también peticiones estructurales (seguro de desempleo, reforma fiscal…). El 82,7% de los panameños considera que el país está gobernado por unos cuantos grupos poderosos en su propio beneficio y la desconfianza ciudadana hacia Gobierno, Asamblea, partidos y poder judicial se sitúa entre el 76% y el 88%. Solo la Iglesia mantiene un alto apoyo.
También varias asociaciones de empresarios reclaman ya sin tapujos que se ataque “de una vez por todas los problemas estructurales del país”, además de atender las exigencias por el coste de la vida. Y han llamado en un comunicado al Ejecutivo, al Legislativo y al poder Judicial a combatir de forma urgente y sin miramientos todo acto de corrupción y a acabar con los privilegios y con la falta de transparencia”.
Panamá es el país de Centroamérica con mayor pre¬sencia de com¬pañías y pro¬yectos em¬pre¬sa¬riales es¬paño¬les. España es el tercer inversor en Panamá y allí están presentes más de 400 compañías, notablemente en el sector de infraestructuras, pero también en renovables y, cada vez más, en turismo. FCC ejecutó la Línea 2 del Metro, tras haber construido la Línea 1, mientras que Sacyr participó en la ampliación del Canal, el otro plan emblemático ejecutado en los últimos años con presencia de empresas españolas. En el país también están presentes, OHLA, Acciona, Grupo Puentes, ACS, Naturgy, Indra, Mapfre, Meliá, Barceló, NH, Ayesa, Iberia, Iberdrola, Elecnor, Ecoener, Sur de Renovables, Inelsa y Avanzalia. Telefónica vendió su filial en el país en 2019.