MONITOR DE LATINOAMÉRICA

El Congreso de Perú fi­nal­mente ra­ti­fica uno de los pro­yectos más em­ble­má­ticos

Un año después, el 74% de los peruanos rechaza la gestión de su nuevo presidente

La Ley de la Masificación del Gas, un res­piro para el iz­quier­dista Pedro Castillo

Pedro Castillo, pte. de Perú.
Pedro Castillo, pte. de Perú.

Acosado por el alto ín­dice de des­apro­ba­ción a su man­dato; la ines­ta­bi­lidad po­lí­tica; un pro­lon­gado con­flicto con trans­por­tistas y mi­ne­ría; un menor cre­ci­miento eco­nó­mico y una in­fla­ción dis­pa­rada, el pre­si­dente del Perú, Pedro Castillo, acaba de lo­grar que el Congreso apruebe una ley para im­pulsar la ma­si­fi­ca­ción del gas na­tural en el país. Un res­piro fun­da­mental para la po­lé­mica ges­tión eco­nó­mica de un pre­si­dente in­di­ge­nista que apenas lleva un año en el ejer­cicio de su man­dado.

Se trata de una iniciativa dirigida a descentralizar la masificación del gas natural con proyectos energéticos dotados de mecanismos más ágiles y a apuntalar los proyectos existentes. Y se produce en un momento de alza desbocada del precio de los combustibles.

El denominado proyecto de ley 679 plantea medidas para impulsar el acceso de la población al gas natural y encarga al Ministerio de Energía y Minas que promueva proyectos para la prestación del servicio público de distribución de gas natural por redes de ductos a través de encargos especiales a las empresas estatales del sector energía. Además, la norma contempla un marco para la ejecución de planes de masificación y el establecimiento de condiciones para mejorar la competitividad del gas natural, así como la creación de una entidad que gestione la capacidad de almacenamiento de combustible disponible en el país. El texto especifica que la ley no atañe a las empresas privadas que tienen contrato con el Estado.

Ante el aumento del precio de combustibles y energía, Lima juzga que la masificación en el uso del gas natural es alternativa viable para que millones de familias cuenten con energía a menor coste. El gas natural genera un ahorro del 50% en comparación al gas doméstico, del 70% frente a la energía eléctrica y también del 70% respecto a las gasolinas, “por lo que su impacto sería beneficioso ante la volatilidad en los precios internacionales del petróleo”.

Situación delicada

La aprobación de la Ley de la Masificación del Gas llega en un momento delicado para la controvertida gestión del presidente Castillo y económicamente complicado. La economía peruana creció en mayo a su menor ritmo del año, ell 2,28% interanual, en su tercera desaceleración mensual consecutiva, afectada por los conflictos mineros y la contracción en la producción extractiva por conflictos con comunidades. La minería es vital para la economía de Perú porque representa el 60% de las exportaciones totales del país. El PIB creció en 2021 el 13,31%, la tasa más alta desde que tiene registro el banco central, tras desfondarse el 11,03% en 2020 debido al impacto del Covid.

El Banco Central de Reserva (central) acaba de señalar que el PIB crecerá menos de lo previsto en 2022 debido a la inflación y al menor dinamismo minero. Y ha rebajado su proyección del 3,4% al 3,1% por el impacto de los conflictos sociales y la paralización de las minas de cobre Cuajone y Las Bambas. El BCR señala que la inversión privada tendría un crecimiento nulo este año (0%) y que la pública crecerá el 2,1%, frente al 4% previsto. Y prevé que la inflación cierre el año en el 6,4%, por encima de la proyección de marzo (3,6%), debido al impacto en la energía de la guerra en Ucrania. Aunque la inversión extranjera creció el 18,3% en 2021, las perspectivas para 2022 son menos alentadoras y se estima que en 2022 se reducirá por la incertidumbre internacional y la evolución de la inflación.

A un mes de cumplir su primer año de mandato, el izquierdista Castillo, que ya vio caer a tres de sus gobiernos en sólo seis meses y se ve afectado por investigaciones que le involucran en casos de corrupción, dista de haber cumplido las expectativas que generó entre sus votantes su acceso al poder. Y de haber eliminado el descontento con el modelo económico que le catapultó por la mínima a la Presidencia frente a la derechista Keiko Fujimori.

El último sondeo, publicado por Ipsos días atrás, indica que Castillo alcanza uno de los porcentajes más altos de desaprobación, el 74%, la segunda cifra más alta del mandato, solo superada por el 76% de abril. Lima es la zona donde Castillo alcanza el nivel de rechazo más alto: el 87%. El 79% de los peruanos, desaprueba, además, la gestión del Congreso. Los temas en los que Castillo tiene un suspenso más categórico son el combate a la delincuencia (81%); el control de la inflación (80%) y la erradicación de la pobreza.

Crisis política permanente

De hecho, Perú parece vivir en crisis política e institucional permanente, con enfrentamientos entre Presidencia y Congreso, aunque su economía suele seguir derroteros diferentes. El país ha tenido cinco presidentes en menos de cinco años. Hoy, con cambios constantes en puestos clave y un pulso sin resolver entre Castillo-Congreso, no se atisba final al clima de precariedad institucional en un país que ha sido en los últimos años ejemplo de éxito y modelo de estabilidad en el panorama de las economías latinoamericanas.

Las empresas españolas mantienen su confianza en Perú, donde Sacyr se hizo con la ampliación del aeropuerto de Lima a fines de 2021, con una in¬ver¬sión global de 1.200 mi¬llones. Perú es el quinto destino en Latam de la inversión procedente de España, que es el mayor inversor en el país (18% de la IED, 13.000 millones), por delante de Reino Unido (17%), Chile (13%) y EEUU (12%), y que tiene presencia arraigada en construcción, finanzas, energía, telecos y saneamiento. Allí operan, con importantes proyectos como el metro de Lima, firmas como FCC, ACS, Telefónica, Repsol, BBVA, Santander, Inditex, Redeia, Globalia, Endesa, Enagas, Naturgy, Ferrovial, Acciona, Sacyr, Mapfre, Meliá, NH, OHLA y un creciente número de pymes.

Según un estudio de la Cámara Oficial de Comercio de España en Perú y la Universidad del Pacífico, la inversión española contribuyó con unos 40.000 millones de dólares a la economía peruana entre 1993 y 2019, el equivalente al 1% anual del PIB del país andino a lo largo del mismo período. Esa inversión se tradujo en la creación de 1,27 millones de empleos directos e indirectos. El documento indica que la inversión española, a través del incremento del PIB, ha tenido un significativo aporte a la recaudación tributaria peruana.

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