De las tres damas que conforman el equipo económico con más peso del Ejecutivo -Nadia Calviño (Asuntos Económicos), María Jesús Montero (Hacienda) y la propia Ribera (Transición Ecológica), es quien menos valoración tiene, lo que ha provocado que pierda gran parte del apoyo del PSOE. Sin halar de Podemos, que no la puede ni ver.
Y es que, desde que comenzó la subida galopante de las tarifas eléctricas el verano pasado, su equipo no ha dado con la tecla para reducir los precios. El IPC está descontrolado y desbocado -un 10,2% en junio-, hasta niveles que no se conocían desde hace 37 años. Gran parte de esa culpa radica en los costes energéticos como la luz, el gas, butano y los combustibles.
La inflación no es solo atribuible a Ribera, pues los precios de la electricidad y de los combustibles se deben a factores externos como es la guerra de Rusia con Ucrania y otros elementos que están distorsionando la economía. Pero en su camino, se han tomado decisiones -algunas han tenido que ser aplazadas y otras modificadas-, que han abierto muchos frentes.
El último patinazo que Ribera ha dado se ha producido hace escasos días cuando tuvo que dar marcha atrás en la tramitación del Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico (FNSEE) que intentaba bajar el precio de la luz a costa de trasladar a las petroleras y gasistas parte del coste de las primas a las renovables. Esta medida habría provocado una subida paralela de los combustibles y del gas, pues lo que pretende el Gobierno es conseguir 7.000 millones de euros.
La decisión habría encendido nuevamente la llama de la huelga de los transportistas. Además, ha generado una oposición frontal no solo entre las petroleras y gasistas sino también en las grandes patronales de la industria por culpa del impacto que la propuesta iba a suponer.
Aplazamiento momentáneo
La medida en sí no ha sido suspendida como pretendían las petroleras, gasistas y grandes industrias, simplemente ha sido aplazada porque el fondo era incompatible con el plan anticrisis que se aprobó en el Consejo de Ministros extraordinario el pasado 25 de junio. Fruto del malestar que hay entre los colectivos empresariales y entre las energéticas, se ha suspendido también la tramitación de la ley para reducir los ingresos de las eléctricas por el CO2.
En los cuatro años que lleva al frente del departamento, Ribera ha tenido aciertos como es la fuerte apuesta por las renovables y ganar la batalla del cierre de las centrales de carbón y las nucleares. Pero, por ahora, no ha logrado dar con la fórmula para contener los precios de la electricidad. Circunstancias adversas aparte, fue uno de los compromisos que PSOE y Unidas Podemos llevaron en sus programas electorales. Por ello, este fracaso está afectando a la credibilidad social de Sánchez.
Nada más llegar al Ministerio en 2018, el primer mensaje de Ribera fue en esa dirección: bajar el recibo de la luz y despertar el apetito de los inversores hacia un sector que recibirá una buena parte de los fondos comunitarios para la ejecución del Plan Nacional Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC). “Hemos de recuperar la confianza de los inversores en nuestro país. No es fácil, pero es importante. Necesitamos marcos previsibles, estables y respetuosos con las necesidades y la función que cada cual debe desempeñar en este proceso de cambio”, señaló entonces.
Ribera anunció en su estreno en la Comisión respectiva del Congreso que, las primeras medidas que su departamento iba adoptar eran: cerrar el parque nuclear a los 40 años de vida útil y las centrales de carbón, revisar la normativa de renovables, apostar decididamente por las energías verdes y modificar el sistema de fijación de precios de la electricidad.
De los cuatro desafíos, la ministra ha puesto fecha de cierre a las nucleares -a partir de 2027 hasta 2035-, y ha cerrado el parque de carbón. Paralelamente, ha relanzado la apuesta de las renovables pero no solo por iniciativa propia sino también por imposición de Bruselas. En cambio, no ha logrado modificar el modelo de fijación de precios de la electricidad como pretendía, debido a la negativa de la Unión Europea.
Medidas arriesgadas
Y es que, si bien algunas medidas no han resultado tan chocantes como, por ejemplo, el cierre de las centrales de carbón. Otras, en cambio, han sido bastante arriesgadas, como el anteproyecto de ley para la creación del Fondo Nacional de Sostenibilidad del Sistema Eléctrico del que el Ejecutivo pretende obtener unos 7.000 millones de euros y que tanto ha molestado a las petroleras y gasistas.
Su insistencia en acabar con los beneficios caídos del cielo -los llamados windfall profits-, ingresos que reciben las eléctricas por las tecnologías que no emiten CO2, ha tenido también que ser, de momento, aplazada. De aplicarse, las centrales nucleares e hidráulicas dejarán de percibir por esta medida unos 1.000 millones de euros, que afectará básicamente a Iberdrola y Endesa.
La eliminación del llamado impuesto al sol fue una de las primeras decisiones que Ribera adoptó para favorecer el autoconsumo y reducir el precio de la electricidad. Una medida muy aplaudida porque el Gobierno la vendió como la solución para que bajase la luz. Y, sin embargo, esto último que parecía iba a ser tan fácil, se ha convertido en un quebradero de cabeza para el departamento de la vicepresidenta tercera y para todo el Ejecutivo.
Lejos de lograr que se reduzca el precio del recibo de la luz, la tarifa eléctrica sigue siendo el centro de la polémica de los consumidores domésticos y la industria. En una primera reacción, el Gobierno se vio obligado a suspender el impuesto del 7% a la generación eléctrica, redujo el IVA del 21% al 10% -ahora lo ha bajado al 5%-, y rebajó el Impuesto Especial a la Electricidad del 5,11% al 0,5%. Estas rebajas, más el tope que se aplica al gas de 48,75 euros/MWh para la generación eléctrica durante un periodo de 12 meses, apenas si se ha notado.
Frentes abiertos con gobiernos autonómicos
Al margen del problema energético, la ministra para la Transición Ecológica tiene otros frentes con parte de las comunidades autónomas del PP y el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla. El lobo ibérico quedó, desde septiembre de 2021, incluido en la lista de especies de protección especial y su caza está prohibida en toda España. Castilla y León, Cantabria, Galicia y Asturias, están en contra de la medida.
El anuncio de cierre de la estación de esquí de Navacerrada ha generado otra guerra entre la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, y la ministra Ribera.