Al no ir acompañadas de otras decisiones para el control del gasto, nos aleja de los objetivos de equilibrio presupuestario inspirador del modelo comunitario.
Bien es cierto, que en esta ocasión el Consejo Europeo celebrado la pasada semana no ha incidido en la necesidad de empezar a aplicar ya las condiciones del Pacto de Estabilidad. En sus conclusiones, la número 22 dice que “El Consejo Europeo, en términos generales, avala las recomendaciones específicas realizadas a cada país como se debatió en el Consejo de Economía y Finanzas”.
En cambio, las medidas aprobadas por el Gobierno el sábado, publicadas el domingo en el Boletín Oficial del Estado (BOE), y que entran en vigor hoy, se presentan con el objetivo (más bien cabría hablar de excusa) de tratar de paliar el incremento de la inflación en más de 3 puntos porcentuales. Un objetivo que economistas próximos al gobierno, como es el caso del exministro de Industria con José Luis Rodríguez Zapatero, Miguel Sebastián, ponen en duda.
Estas nuevas medidas, insistimos, sin contrapartidas para el control del gasto, van en contra de las recomendaciones semestrales recuperadas recientemente por la Comisión Europea, que abogan por una política fiscal prudente en 2023 para garantizar la sostenibilidad económica a medio plazo.
Conviene recordar que el paquete de recomendaciones sobre el cumplimiento de los criterios de déficit y deuda en 18 Estados miembros de la eurozona, España entre ellos, destaca como vulnerabilidades especificas del proyecto de Pedro Sánchez, su “elevada deuda externa, pública y privada, en un contexto de alto desempleo”, vulnerabilidades que el nuevo programa viene a consolidar al incluir solo medidas de gasto, sin incluir ninguna decisión destinada al incremento racional de los ingresos.
Es cierto que, dadas las extraordinariamente complejas circunstancias políticas y económicas actuales a nivel mundial, la Comisión no ha considerado oportuno activar el Procedimiento de Déficit Excesivo con ocasión de la publicación de las recomendaciones a los países miembros. Pero, aunque ha postpuesto la evaluación de la situación presupuestaria de los países miembros hasta que llegue el otoño (ya a partir de julio la vigilancia va a ser constante), incidiendo en especial en los países del sur a finales de año. Salvo que antes haya que tomar decisiones excepcionales.
En los próximos cinco consejos del Ecofín hasta que finalice el año será una constante la revisión de las tendencias del déficit. Ya en el mes de julio se iniciará el proceso de “Evaluación de los proyectos de planes presupuestarios de los Estados miembros de la zona del euro y de la situación presupuestaria y las perspectivas de la zona del euro”, para concluir el análisis final en la reunión del Ecofín en el mes de diciembre.
Además, en esa reunión de los ministros de economía y finanzas se dará a conocer el conocido como “Informe de vigilancia posterior al programa de apoyo y vigilancia mejorada sobre Grecia, Chipre, Irlanda, Portugal y España. Ya los compañeros de viaje incluidos en el informe sobre la evolución de nuestros compromisos con la Unión Europea, en aplicación de las medidas acordadas para superar la crisis, hablan del nivel en el que nos sitúan los ministros de economía y finanzas en el bloque comunitario.
Aparece claro que la prórroga hasta diciembre del paquete de medidas anticrisis, más la suma de otras disposiciones como la rebaja para los abonos de transporte o el cheque de ayuda a trabajadores y desempleados con rentas inferiores a 14.000 euros, buscan diluir algo el malestar social que tan malos resultados ha dado al PSOE en las elecciones andaluzas, pero que insistimos van a agravar la desbocada situación de los niveles de deuda y de déficit.
Contra las recomendaciones de la UE
Se olvida Sánchez de las recomendaciones específicas de la Comisión, que apoya el Consejo y de otras instituciones como el Banco de España, la OCDE y el FMI de acompañar sus planes para combatir la inflación y ayudar a los más desfavorecidos, de otras decisiones que equilibren las arcas públicas.
Las medidas pueden ser beneficiosas, según los cálculos del Ejecutivo, para más de 6 millones de personas, si consideramos los 800.000 hogares en especial vulnerabilidad, más los 1,9 millones de beneficiarios del bono social eléctrico y térmico, a las que hay que añadir las ayudas a los sectores más afectados por la subida de los carburantes como son transportistas, agricultores y sector pesquero, y los 2,7 millones de autónomos y desempleados que recibirán también ayudas.
Sin contrapartidas de ahorro de gasto, incluso la OCDE ha venido a alertar del riesgo de estas ayudas en un gasto clientelar tras los malos resultados electorales del PSOE y sus socios de gobierno en los últimos tres comicios celebrados en España, Madrid, Castilla y León y Andalucía.
Hay incluso medidas que, además de los más de 6 millones considerados en los paquetes anteriores, afectan a la generalidad de la ciudadanía y que se han mostrado ineficaces para conseguir los objetivos del control de los precios, principal objetivo del Gobierno. Pero las medidas incluso podrían suponer un desastre para las cuentas públicas y para la confianza de los inversores internacionales decisivos en el futuro de la financiación del Estado y de las empresas. Sobre todo, a partir del otoño si se confirman los temores del Banco Internacional de Pagos de Basilea que en la presentación de su informe internacional este domingo 26 de junio no descartaba una recesión en Estados Unidos y en Europa.
Según el director general del BPI, el mexicano Agustín Carstens, "es improbable que la estanflación de la década de 1970 se repita" porque han mejorado la política monetaria, la prudencia macroeconómica y se ha reducido la dependencia en la energía.
Pero advierte de que el elevado endeudamiento y la sobrevaloración de los precios de los activos, sobre todo en sector de la construcción, podrían ampliar las consecuencias de una desaceleración.
Son estas últimas algunas de las principales debilidades de la economía española que el Gobierno ha obviado resolver en su conjunto de medidas que acaba de entrar en vigor y cuyos resultados pueden suponer un desastre en un futuro no lejano y dejar una herencia envenenada para el próximo ejecutivo.