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El Gobierno de Sánchez deriva a Bruselas la responsabilidad de controlar los precios

Nadia Calviño se da por sa­tis­fecha con dejar la in­fla­ción nada menos que en el 6 %

Nadia Calviño, vicepresidenta y ministra de Economía.
Nadia Calviño, vicepresidenta y ministra de Economía.

El Gobierno de Pedro Sánchez está deses­pe­rado con los datos eco­nó­mi­cos, que em­peoran por mo­men­tos. Ante la in­cer­ti­dumbre de lo que pueda su­ce­der, tanto con el cre­ci­miento eco­nó­mico como con la subida de los pre­cios, el prin­cipal ele­mento en el que confía para con­tro­larlos es tratar de cam­biar su sis­tema de cálculo. Nada ori­ginal pero en el Gobierno se pre­sume que es la única forma de con­trolar los enormes des­ajustes que se ave­cinan para la eco­nomía es­pañola.

Hasta el momento el Ejecutivo había anunciado estudios para cambiar el modelo de medición del crecimiento del PIB y de la inflación. Ahora, la vicepresidenta primera del Gobierno, Nadia Calviño, anuncia que están estudiando las medidas para modificar la medida del crecimiento de la riqueza y de los niveles de precios. Uno de los elementos fundamentales para controlar la inflación, será aplicar los límites al aumento de los precios del gas.

Pero ni siquiera en este aspecto el Ejecutivo de Pedro Sánchez tiene claro lo que va a suceder. Expertos en el ámbito comunitario señalan a capitalmadrid.com que las medidas propuestas por España y Portugal para limitar la subida de los precios afectan directamente a un limitado grupo de consumidores privados, los que tienen la tarifa regulada, que en el caso español están en el entorno del 40 % de los pequeños consumidores.

Aunque según la vicepresidenta tercera del gobierno, Teresa Ribera, el acuerdo podría beneficiar además hasta al 80 % de los consumidores industriales, cuyas facturas están vinculadas al mercado mayorista de la electricidad, la traslación de estas rebajas a los índices del IPC está menos definida.

Medición del IPC

Es una de las razones por las que la ministra de Economía, Nadia Calviño, considera que la metodología para la medición del IPC tiene que mejorarse. En este caso, sigue las indicaciones del sector eléctrico. Éstas ya le habían advertido de que la medición se hacía mal. Según la Asociación de Empresas de Energía Eléctrica (AELEC), el Instituto Nacional de Estadística obvia seis de cada diez contratos de la luz, los que corresponden al mercado libre.

Esto conlleva que justamente se contabilicen para determinar el IPC los contratos que más han subido en los últimos meses, es decir los contratos con tarifa regulada, que el presidente de Iberdrola no comprende cómo no se han cambiado a los de tarifa libre, conocida como precio de venta al pequeño consumidor (PVPC), algo que habría provocado una desviación muy importante sobre el dato real desde que se inició la crisis energética de 2021.

Si se introdujera esta modificación en los sistemas de contabilización de los precios de la energía, la rebaja en el IPC podría ser muy significativa. Es una de las razones por las que la vicepresidenta económica da por descontado que la inflación se reducirá significativamente en el segundo semestre del año, hasta el punto de que Calviño estima que quedará en el 6 % desde el 8,4 % actual. Sorprende que le parezca esta poca inflación a la ministra.

En cuanto a la respuesta que pueda dar la Comisión Europea en los próximos días, podrían ser incluso horas, la vicepresidenta primera no se atreve a calcular cuando se pueda recibir la autorización definitiva para limitar los precios, limitación que inicialmente debe durar un año.

El Ejecutivo comunitario admitía el pasado viernes que ya estaban estudiando la propuesta conjunta hispano-portuguesa después de que la tuviera que reclamar Bruselas a Madrid y Lisboa ante su tardanza para enviarla. Las diferencias entre los técnicos españoles y portugueses, diferencias que se habían centrado en el precio que se va a fijar al gas de las centrales térmicas, retrasaron la presentación del acuerdo conjunto ante Bruselas.

Ajustarse a las normas

Bruselas, como es habitual cuando se plantean situaciones de excepción, trata de asegurar que las medidas que apliquen España y Portugal se ajusten tanto a las normas vigentes sobre las ayudas estatales de la UE como a la normativa del mercado interior de la energía en base a la cual se han establecido los actuales sistemas de fijación de precios. El acuerdo político alcanzado en el Consejo Europeo subrayaba que, pese a la excepción ibérica, se seguirían respetando las normas de competencia y los principios del mercado interior de la energía.

Expertos del sector vinculados con anterioridad con la Comisión Europea subrayan en un encuentro informal con medios periodísticos españoles que Bruselas siempre ha facilitado las excepciones, incluso aunque se sitúen al límite de la norma comunitaria, una vez que se ha alcanzado un acuerdo político entre los jefes de Estado y de Gobierno en el seno del Consejo Europeo. Eso sí, siempre que la excepción sea temporal y no afecte en el futuro al normal funcionamiento del sector concernido. Es la razón por la que se ha insistido en que el acuerdo solo durará un año.

Pero la respuesta comunitaria será determinante para la norma que apruebe el Consejo de Ministros español de cara a las empresas del sector. Previsiblemente, lo hará en el Consejo del próximo martes y la medida entrará en vigor en cuanto se publique en el BOE. La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de transición ecológica, Teresa Ribera, advertían la pasada semana de que en esa norma se contemplará una reducción muy importante de los beneficios extraordinarios de las eléctricas que emplean las tecnologías que no se han visto afectadas en sus costes y son retribuidas al máximo precio, como la hidráulica o la nuclear. Es la razón por la que el sector, así como las bolsas, están muy alertas con la letra pequeña que redacten tanto Bruselas, como Madrid.

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