Sánchez re­clama el mismo trato para el sector eléc­trico que el que se aplica a la banca

El Gobierno rectifica de nuevo y recorta el ahorro del precio de la luz por el tope al gas

La mi­nistra Teresa Ribera re­baja a un 15% o 20% frente al 30% o más que había anun­ciado

Teresa Ribera, vicepresidenta del Gobierno.
Teresa Ribera, vicepresidenta del Gobierno.

De la eu­foria des­bor­dada en los pri­meros cálculos al op­ti­mismo con­te­nido días des­pués. Así es como actúa el Gobierno en sus lo­gros ante Bruselas. El Ejecutivo em­pieza ya a re­cortar las es­ti­ma­ciones que en prin­cipio tenía sobre la caída que ex­pe­ri­men­tarán las ta­rifas eléc­tricas con el tope que la Comisión ha au­to­ri­zado al precio del gas. Del 30% o más que se ba­ra­jaba iba a caer el re­cibo de la luz, co­mienza a ha­blarse de entre un 15% y un 20%.

Y es que, lo que el Ejecutivo vendió a los consumidores eléctricos del mercado regulado como un rotundo éxito ante Bruselas, está todavía en el aire. Realmente, hay dudas de si el Real Decreto-Ley que vio la luz hace días va a suponer una vía para recortar el recibo eléctrico o si la medida quedará un tanto diluida, tal y como comienza a vislumbrarse.

De momento, la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ya empieza a reconocer que hay cierta “incertidumbre” sobre la rebaja real que se producirá. Ribera ha admitido que el porcentaje dependerá de cómo evolucione el precio del gas y las horas que marque en el precio final. Ante ello, la ministra calcula que la rebaja podría situarse entre el 15% y el 20%.

De la euforia al depende

El Ejecutivo lanzó a los cuatro vientos que, una vez entre en vigor la medida, supondrá una mejora inmediata en el recibo para un 37% de los consumidores domésticos que están acogidos a la tarifas regulada, conocida como PVPC, y para el 70% de los industriales. Gracias a este acuerdo que España y Portugal han logrado de Bruselas, se aseguró que el precio del pool caerá en torno a un 38% en su precio promedio, desde los 210 euros por megavatio hora (MWH), marcados a lo largo del primer trimestre de este año, hasta 130 euros MWH.

La propia ministra aseguró cuando se anunció el pacto con Bruselas que, una vez esté en vigor el compromiso, los consumidores del mercado regulado notarán un alivio en el recibo de forma “inmediata” y que la caída del mercado libre será algo “progresiva”.

Hasta aquí todo perfecto. Las dudas han aparecido después. En primer lugar, la medida está sufriendo un retraso que, en principio, se habló de 15 días, y ahora no sólo no se sabe cuándo se aplicará sino que hay dudas sobre el descenso real que registrará el precio de la luz.

Posteriormente, la vicepresidenta tercera marcó un plazo máximo de 15 días para que todo estuviera listo, lo que quiere decir que, hasta junio, no estarán en vigor los nuevos precios para las tarifas PVPC. Un mes más tarde de los cálculos que había anunciado el Ejecutivo.

Y tercero, el operador del mercado Omie y Red Eléctrica tampoco han comentado nada sobre cómo van a adaptar sus sistemas a la nueva fórmula de precios. Una metodología que, según han reconocido en el Ministerio para la Transición Ecológica, supondrá un recorte en los ingresos extra que las compañías eléctricas reciben por la generación nuclear, la hidráulica y algunas renovables al estar remuneradas al precio marginal que marca la tecnología más cara, en este caso, el gas y el carbón.

Es decir, por ahora todo son conjeturas y lo que se ve es que la ministra está dejando caer pequeñas algunas píldoras ante lo que puede ser un jarro de agua fría para los consumidores domésticos.

La vieja reivindicación de Sánchez

Por otro lado, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha vuelto a reclamar un cambio regulatorio del sistema eléctrico como solución al problema de las tarifas eléctricas. Esta vez ha sido en el Foro Mundial Económico de Davos (Suiza), donde ha alertado nuevamente de que, “si no se reforma el mercado eléctrico, se pone en riesgo la transición verde”, ha señalado.

Sánchez se ha preguntado por qué es tan “difícil” que los poderes públicos intervengan en los mercados energéticos. “En cambio, cuando el mercado financiero no funciona, políticos y economistas abogan por la intervención”.

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