La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha marcado un plazo máximo de 15 días para que todo esté listo, lo que quiere decir que, hasta junio, no estarán en vigor los nuevos precios para las tarifas PVPC. Un mes más tarde de los cálculos que había hecho el Ejecutivo que afectará a la inflación de este mes.
Las repercusiones sobre los consumidores domésticos acogidos a la tarifa regulada y algunos industriales no son todavía definitivas. Lo único que se asegura es que, gracias al tope de 48,8 euros el megavatio hora para el gas durante 12 meses, el precio del pool caerá en torno a un 38%.
Y es que, todo esto está por ver, pues todavía hay muchos interrogantes en el aire. En primer lugar, al margen de lo que decida la reunión de comisarios en Bruselas, el operador del mercado Omie y Red Eléctrica tendrán que adaptar sus sistemas a la nueva fórmula de precios. Una metodología que supondrá un recorte en los ingresos extra que las compañías eléctricas reciben por la generación nuclear, la hidráulica y algunas renovables al estar remuneradas al precio marginal que marca la tecnología más cara, en este caso, el gas y el carbón.
Las eléctricas, en la picota
El sector eléctrico tenía la convicción de que el Ejecutivo iba a tratar de evitar una guerra con las empresas habida cuenta de que también se están viendo afectadas en sus resultados. De hecho, en las cuentas trimestrales han anotado una caída notable de los beneficios, al menos en lo que se refiere al negocio interno de España. Iberdrola, Endesa y Naturgy han registrado descensos considerables.
Por esta razón, el sector no ha dicho nada de forma oficial pero no han caído nada bien las palabras de la ministra Ribera señalando que “por primera vez no pagarán los mismos”, insistiendo en que la nueva medida tiene como finalidad “reducir los beneficios extraordinarios de las eléctricas, para que haya beneficios para todos”.
Ribera ha puesto en la picota al sector eléctrico y se aventura un verano bastante caliente por parte de las compañías en cuanto a recursos judiciales se refiere. Las compañías se han quejado en varias ocasiones de que se les está culpando de la situación cuando -aseguran-, “son causas ajenas al sector”, como es la enorme volatilidad de los precios del gas y la guerra de Rusia con Ucrania.
Galán, el más polémico
El presidente de Iberdrola, Ignacio Galán, ha sido siempre el más crítico con el Gobierno. Recientemente llegó a atacar el sistema de precios regulado llamando “tontos” a los consumidores que estaban acogidos a esta tarifa, algo que molestó mucho a la ministra Ribera.
Al margen de estas consideraciones, el máximo ejecutivo de Iberdrola ha declarado abiertamente que la compañía ha logrado esta vez salvar el trimestre gracias a los negocios internacionales. Iberdrola ha logrado hasta marzo un beneficio neto de 1.058 millones de euros, lo que supone un crecimiento de un 3%.
Según Galán, el aumento de la actividad exterior ha compensado la caída de España que se ha saldado con un descenso del 29%, debido a los altos precios de la energía. Una subida que, “la compañía no ha trasladado a los clientes”, dijo Galán en la presentación de los resultados del primer trimestre.
Ha destacado además que el 80% de la electricidad vendida a los clientes del mercado libre de Iberdrola está pactada a precios que sitúan entre la mitad y un tercio a los precios de la tarifa regulada. Antes de que se conociera el alcance del Real Decreto Ley, Galán había descartado que el tope al precio del gas para España en 48,8 euros el megavatio hora autorizado por Bruselas vaya a tener un impacto en las cuentas de la eléctrica. El presidente se basa en que solo un tercio de las mismas dependen del mercado interno y un 50% corresponden al mercado regulado. “Tenemos que ver también la diferencia de los precios del gas en España con lo que ocurre en el resto de los mercados”, ha declarado Galán.
Endesa, muy afectada
Endesa ha sido la eléctrica más afectada, ya que todo su mercado lo tiene en España y Portugal. La compañía ha registrado un beneficio neto de 338 millones de euros hasta marzo, lo que supone un descenso de un 31,2%, debido a la fuerte volatilidad del mercado.
La compañía ha advertido de la incertidumbre regulatoria en la que se mueve el Gobierno de Pedro Sánchez y ha señalado que podrían afectar al funcionamiento del mercado de electricidad y gas en España y Portugal.
Respecto a Naturgy, el beneficio neto del primer trimestre fue de 347 millones de euros, lo que supone un 9,4% menos. La compañía atribuye este retroceso a la caída de los márgenes comerciales que se han reducido en los contratos y que no reflejan el incremento global que han sufrido los precios del gas y la electricidad.