Un tema que ha pasado ahora a un segundo plano y donde el protagonismo se lo llevan en este momento las urgentes medidas para paliar, en la medida de lo posible, los efectos de esta nueva crisis (ahora desatada por el conflicto bélico) en las empresas vascas. Medidas como la anunciada hace unos días de un desembolso especial de 165 millones de euros para ayudar sobre todo a las pequeñas empresas, autónomos, agricultores, ganaderos y transportistas. Empresas que se están viendo golpeadas de manera directa e indirecta por esta guerra que va camino de los dos meses.
Reforma fiscal que atañe a las empresas
La idea, dentro de este cambio, se ciñe a cuatro retos principales para las haciendas forales vascas repartidas a partes iguales en medidas para las empresas y medidas más concretas para los particulares. Dentro de esos frentes que están por ahora en stand by destacan sobre el resto la revisión del Impuesto de Sociedades que, en la actualidad, tiene un tipo impositivo del 24% en el caso de Euskadi y un 25% en el conjunto nacional cuando se trata de empresas grandes y medianas. Por su parte, las más pequeñas soportan un gravamen de un 20% en el caso de las firmas vascas (en el caso de España el porcentaje es igual con independencia del tamaño de la empresa).
También dentro del apartado empresarial, otro de los puntos importantes de esa reforma fiscal tiene que ver con la implantación de la denominada Fiscalidad Verde y sostenible que en este caso quiere poner en marcha la institución recaudatoria de Vizcaya. En lo que se refiere al territorio alavés, este ya cuenta con una serie de medidas fiscales en este sentido y que priman las inversiones centradas en energías renovables y movilidad limpia, mientras que Guipúzcoa también ha manifestado su deseo de seguir el mismo camino en un futuro no muy lejano.
¿Y para los particulares?
Esa revisión de la fiscalidad vasca también tendrá su reflejo en el caso de los particulares que tributan en Euskadi. Así, entre los retos de la tributación a este sector destacan los relativos al mercado de la vivienda, así como todo lo referente a las EPSV (Entidades de Previsión Social Voluntaria).
En el primer punto se busca la implementación de una medida que pretenden poner en marcha desde el Ejecutivo de Iñigo Urkullu: penalizar o bonificar en las deducciones fiscales de las personas que arrenden una vivienda en función del precio medio del alquiler de inmuebles en su entorno.
Por su parte, y dentro de las EPSV estas mismas ya han pedido que esos cambios fiscales no afecten ni reduzcan los beneficios que tienen tanto ciudadanos como empresas por sus aportaciones; además de solicitar una revisión del gravamen que se cobra al rescatar este fondo especial de ahorro para que solo se tribute lo relativo a los beneficios.