El Gobierno tendrá que hacer en­caje de bo­li­llos para sa­carla ade­lante en el Congreso

El sector inmobiliario, en vilo por la gran batalla política de la Ley de Vivienda

Los agentes del sector con­fían en que las dis­cre­pan­cias re­trasen su apli­ca­ción

Congreso de los Diputados.
Congreso de los Diputados.

La cita es el pró­ximo 10 de marzo. La Ley por el Derecho a la Vivienda, apro­bada el pa­sado 1 de fe­brero des­pués de in­nu­me­ra­bles re­tra­sos, pa­sará este jueves una nueva prueba de fuego en el Congreso dentro de un pro­ceso de tra­mi­ta­ción que pro­mete emo­ciones fuer­tes. Varios de los aliados na­tu­rales del Gobierno llegan a la cita con el cu­chillo entre los dientes o, lo que es lo mismo, con enormes exi­gen­cias para sacar ade­lante la Ley.

Se trata de uno de los proyectos estrella del Gobierno de coalición y tiene en jaque al sector inmobiliario español, que afronta una cita que considera clave para su futuro inmediato. Ninguno de sus actores niega ‘sotto voce’ que les interesa que haya el mayor ruido posible. Todo el necesario para que la Ley no salga adelante en este primer trimestre de 2022, tal y como pretenden el PSOE y Podemos. No resultará fácil.

Vienen tres días de intensas negociaciones. Hay desavenencias entre los dos socios de Gobierno, y discrepancias enormes con otros grupos políticos del bloque de izquierdas que están presentando una dura batalla. No es un escenario fácil para la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda urbana, Raquel Sánchez, cuya defensa encendida del proyecto choca en estos momentos con las expectativas de gran parte del arco parlamentari.

PP, Ciudadanos, PNV, ERC, PDeCat y Junts han presentado enmiendas a totalidad con el objetivo de frenar el Ejecutivo en este primer examen clave. La presión es máxima, como en el caso de ERC, que ha presentado un texto alternativo con propuestas muy agresivas como la eliminación de cualquier regulación de urbanismo, la garantía de los desahucios o la regulación de los precios de alquiler conforme al espíritu de la ley de vivienda de Cataluña.

Fracaso absurdo

Una ley esta última que es considerada por el sector como un absoluto fracaso por la reducción de la oferta de inmuebles -que se cifra en alrededor de un 40%- y que fue recurrida en junio de 2021 por el Gobierno ante el Tribunal Constitucional. Por cierto, que el Parlamento de Catalunya retomó a finales del mes pasado la ley antidesahucios que fue tumbada por el Tribunal Constitucional.

Con estas cartas sobre la mesa, el Gobierno se va a ver obligado a pactar en el ambiente más caldeado posible. “El problema es que tiene un margen de maniobra muy limitado, poco más que ofrecer si no quiere hacer saltar las costuras del sector y, de paso, demostrar hasta qué punto está condicionado por sus necesarios aliados parlamentarios”, señalan en fuentes del sector, que creen que es peligroso que haya modificaciones “al tuntún” de última hora.

Desde el sector se recuerda que el Gobierno lo tiene muy difícil para saltarse nuevas líneas rojas, y recuerdan el informe del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que ponía en entredicho la Ley de Vivienda con los argumentos de que la regulación entra en conflicto con las competencias autonómicas en esta materia y porque el control de precios va a en contra de los intereses de los ciudadanos. Raquel Sánchez negó la mayor la semana pasada, pero ¿puede hacer más concesiones?

La clave puede estar en la regulación del precio de los alquileres, donde las formaciones de izquierdas -con Podemos a la cabeza- están pidiendo al Gobierno “más madera”, mientras en el sector inmobiliario la tensión es máxima. “Nos jugamos mucho. Si sale adelante una versión aún más ‘heavy’ de la Ley, los efectos pueden ser muy negativos porque la inseguridad jurídica será enorme”, señalan en una gran socimi.

Fundamentalmente, el sector contempla cuatro posibles escenarios muy negativos: la reducción del parque de viviendas en alquiler -como ya está ocurriendo en Cataluña-, un descenso significativa de las promociones de viviendas, el encarecimiento de la financiación bancaria de proyectos por el aumento de la incertidumbre jurídica y, por último, la pérdida de atractivo del inmobiliario español para los grandes fondos.

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