El paquete del Gobierno supone ayudas directas por importe de 6.000 millones de euros y avales del Instituto de Crédito Oficial (ICO) por otros 10.000 millones de euros. Las ayudas directas son temporales y están acotadas, algunas, como el descuento de 20 céntimos por litro de combustible sobre el precio de mercado, mientras que otras no tienen rango temporal, de acuerdo con las informaciones preliminares.
Los análisis tardaron poco en llegar. La Fundación de las Cajas de Ahorros (FUNCAS) hizo públicas sus Previsiones Económicas para 2022-2023 y considera que las medidas anunciadas supondrán un recorte máximo de la inflación del 1%. El tope del 2% al incremento de los alquileres es de solo tres meses, mientras que es un factor de considerable impacto en el IPC, lo cual deja abierto el capítulo de la evolución futura de ese rubro.
Tampoco hay previsiones concretas sobre la evolución del precio de los combustibles. Está claro que en materia de precios del petróleo la política de restricciones de la producción que mantiene en pie la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) ha provocado tensiones en el mercado desde el año pasado forzando una recuperación de los precios del crudo resultado de una reducción de la oferta.
La guerra en Ucrania ha sumado a este cuadro un componente significativo por las restricciones al suministro por parte de Rusia y al papel de este país como gran productor de gas y proveedor de este combustible al norte de Europa. Un 40% del suministro de gas que requiere Alemania proviene de este país. Esto hace muy difícil prever la evolución de los precios del petróleo y el gas a lo largo de 2022.
Los analistas están utilizando un precio medio del barril de crudo de 110 euros y un precio MIB gas de 90 €/MWh. Con la salvedad de que los precios respectivos en marzo han estado levemente por encima de esta previsión. La otra incógnita a despejar es la de los precios de la electricidad tras la batalla por “la excepción Ibérica” en el Consejo Europeo.
La excepción se funda en que España y Portugal comparten el mercado eléctrico a través de la OMIE y que los flujos con el resto de Europa sólo afectan a Francia. En un principio el gobierno anunció que pondría un tope al precio del gas para la generación de electricidad, pero para que esto se materialice falta un acuerdo con la Comisión Europea (CE). Lo que el Gobierno no ha aclarado es cómo piensa que esto juegue en el panorama de los precios.
En particular porque desde la escalada de la electricidad en el verano pasado, y de acuerdo con datos del mercado, lo que está marcando el precio de la luz en más del 60% de las horas que se computan es la generación hidroeléctrica y no los ciclos combinados que utilizan gas. Todo parece indicar que hay un problema de base en la subasta diaria que nadie aspira a corregir.
Con estos elementos en la mano, ocurre que la capacidad de reducir el incremento inflacionario se limita a un 1% sobre una proyección de media anual del orden del 6,8% (FUNCAS) que puede variar según los precios de los combustibles y de la electricidad, pero al mismo tiempo se genera una deuda añadida que no estaba en las previsiones.
La deuda pública de España según el protocolo de déficit excesivo de la UE ascendía a finales de 2021 a 1,43 billones de euros, mientras que el PIB a precios corrientes se situaba en 1,20 billones de euros. Esto coloca la relación entre la deuda y el PIB en el 118,8%. El ejemplo de las gasolinas es revelador.
De los 20 céntimos de descuento sobre el precio de mercado el estado asumirá 15 mientras que las petroleras asumirán los cinco restantes. Sin embargo las gasolineras independientes, sin capacidad financiera, representan un tercio del mercado a escala nacional.
En este tercio el estado va a asumir los 20 céntimos íntegros. Quiere decir que el régimen de subsidios, aunque acotado en el tiempo, va a suponer una palanca de endeudamiento del estado en un momento en que los tipos de interés para deuda pública en el mercado están girando al alza tras la decisión del Banco Central Europeo (BCE) de reducir el ritmo de adquisición de activos para intentar una regulación de la inflación por la vía monetaria sin recurrir de momento a un incremento de los tipos de interés. Hasta ahora el Reino de España no tiene problemas en la obtención de financiación en los mercados, pero si la guerra en Ucrania se extiende en el tiempo la situación de los mercados de deuda pública va a cambiar.
Al Gobierno le que el trance de las eléctricas
Todavía queda por ver de qué manera el Gobierno abordará la negociación con las eléctricas de un incremento en la fiscalidad a lo que se denomina “beneficios caídos del cielo” en el caso de las tecnologías que no se ven afectadas por el precio de los combustibles, como son la hidroeléctrica y las renovables en general. El intento de obtener recursos para el estado por esta vía fracasó en octubre al diluirse la metodología.
Ahora el Gobierno piensa volver a la carga esta vez con el aval de la CE. Esto promete un pulso entre la industria y el Gobierno de desenlace incierto. Como dijo una fuente del sector de las renovables “al gobierno le preocupa más Iberdrola que la CE”. A esto habrá que sumarle el incremento anunciado, pero no publicado, del canon al agua utilizada por las hidroeléctricas.
Este cuadro general ha llevado a FUNCAS a revisar a la baja sus previsiones de crecimiento del PIB del 5,6% al 4,2% para este año. Uno de los elementos determinantes de este ajuste a la baja es que existe la posibilidad de que el ahorro embalsado de las familias no se vuelque a la demanda y se utilice para compensar el incremento de precios, lo que va a debilitar el crecimiento económico.
En todos los casos un incremento acelerado de los precios supone una reducción de la renta disponible de los hogares para hacer frente al gasto. Existe un consenso entre los analistas sobre el efecto de los precios en el crecimiento económico. En la medida que el plan de choque del gobierno tendrá un efecto muy limitado sobre la carrera de los precios, mientras que tiene un potencial cierto de incremento de la deuda, el horizonte del crecimiento económico para este año ha quedado sumido en la incertidumbre.
La guerra en Ucrania y las medidas que la han acompañado han creado una desorganización colosal del mercado mundial y ha fomentado situaciones críticas a escala global por el aumento del precio de los alimentos. El agro español no es ajeno al incremento de los costes del gasóleo, los fertilizantes y la energía eléctrica. Un conjunto de elementos que pesan sobre la cesta familiar a la hora de la compra.
La vía de los subsidios parece una respuesta muy limitada a la coyuntura y no nos amparará de nuevas crisis sociales. Por otro lado si hay una escalada bélica y el ritmo de las sanciones aumenta y adquieren entidad como medidas de guerra, la crisis energética se agudizará y se registrarán nuevas alteraciones en la cadena de suministros. En ese caso no estaríamos exentos de una recesión europea.