Poner un lí­mite for­zado al precio del gas ge­ne­raría una nueva dis­tor­sión en el mer­cado

Pedro Sánchez defiende ante el Consejo Europeo de Bruselas sus ambiciones devaluadas

El Gobierno pre­tende re­su­citar una nueva ver­sión del dé­ficit de ta­rifa que ya in­ventó Aznar

Suministro de Gas
Suministro de Gas

El pre­si­dente del Gobierno Pedro Sánchez ha lle­vado al Consejo Europeo, reunido este jueves y viernes en Bruselas, un “paquete de me­di­das” que pa­rece más un ama­sijo de paños ca­lientes que una so­lu­ción eficaz al pro­blema de los pre­cios dis­pa­rados de la ener­gía, de­ri­vados solo en parte de la in­va­sión de Ucrania por Rusia. Los jefes de go­bierno de la Unión Europea (UE) tienen pre­visto ven­tilar en esa cita me­didas de emer­gencia para con­tra­rrestar la es­ca­lada ener­gé­tica que afecta de forma de­sigual a los 27 países de la Unión.

Sánchez hizo un recorrido por algunas capitales europeas en la pasada semana con el objetivo de lograr apoyos que permitan aprobar medidas que pueda usar en España sin romper con las reglas impuestas por la CE. De acuerdo con fuentes diplomáticas, la gira no fue exitosa, y en principio sólo logró un apoyo claro de Italia y Portugal.

Con esos apoyos no es suficiente para imponer revisiones de fondo en los mecanismos de fijación de los precios de la energía. En las 48 horas anteriores a su viaje negoció con las compañías eléctricas una solución de compromiso que de acuerdo con fuentes del Gobierno fue admitida en principio en el sector.

Propuesta insuficiente sobre el gas

Después de tanto ruido las medidas se limitan a un sólo objetivo: poner un techo al precio del gas utilizado por los ciclos combinados para que éstos no repercutan por encima de ese nivel en los precios del conjunto del sistema. El problema esencial consiste en que en la subasta diaria de energía el precio lo marca la última energía en ofertar que es siempre la más cara.

Las formas de generación más baratas se embolsan la diferencia entre sus costes de producción y el precio del Mw/h de los ciclos combinados. La idea es que si se pone un tope al precio del gas que adquieren las compañías eléctricas para alimentar sus ciclos combinados, el precio del Mw/h debería bajar por fuerza. Pero como el gobierno no puede determinar ese precio de compra del gas, deberá aceptar el precio al que se hagan las adquisiciones de combustible.

La única forma de cuadrar esta estrategia por lo tanto es que el Gobierno remunere la diferencia entre el precio máximo definido por el Ministerio de Transición Ecológica para el gas destinado a la generación eléctrica y el precio real pagado por las compañías generadoras. Una de las versiones que circulaban esta semana en torno al mecanismo señalado es que esa diferencia se cargaría al déficit de tarifa.

Vuelta al défcit de tarifa

Éste es el mecanismo ideado por el gobierno del Partido Popular de José María Aznar para fijar un precio de comercialización de la energía eléctrica por debajo de los costes de generación. Para compensar a las compañías eléctricas se fue acumulando el déficit en un fondo contable denominado déficit de tarifa. Esa deuda se consolidó en títulos que forman parte del Fondo de Titulización del Déficit del Sistema Eléctrico (FADE).

Al 31 de diciembre de 2021 éste aún representaba el 84,2% de los derechos de cobro de las compañías eléctricas. El 15,8% restante es una cifra fluctuante de otras alteraciones que dan lugar a la acumulación de nuevos déficit. El acumulado total al 31 de diciembre pasado según la CNMC era de 12.182,39 millones de euros. Este cajón de sastre se vio alimentado el año pasado, al igual que se verá en este, por las reducciones en los cargos de la factura y las reducciones fiscales.

Según fuentes del mercado el año pasado el incremento neto del déficit de tarifa fue del orden de los 300 millones de euros por la supresión temporal del 96% de los cargos. La cifra en realidad debía ser mucho más alta pero fue parcialmente compensada por 2.000 millones de euros transferidos por Hacienda recaudados en concepto de derechos de emisión de CO2.

En realidad el Ministerio de Transición Ecológica tenía previsto enjugar el déficit añadido por el recorte de los cargos con un impuesto sobre los beneficios extraordinarios generados por la diferencia entre los costes de generación de renovables, incluyendo hidráulicas, y nucleares con los de los ciclos combinados que son los que marcan el precio de la subasta marginalista impuesta por la CE. Estimó esos ingresos frustrados en 2.600 millones de euros. La realidad es que si se acepta la subasta marginalista como mecanismo para retribuir más a los sistemas de generación menos contaminantes, si luego se grava a algunos de ellos con medidas de excepción, se esteriliza su función y se genera un riesgo jurídico considerable para el Estado.

Otra cosa es que se considere ineficaz a la subasta marginalista, que defiende la CE, porque en ella no hay una verdadera libertad de mercado en la medida que se trata de un oligopolio que puede apelar a la fijación de precios de forma arbitraria. Un desacople real de los precios de la electricidad respecto de los precios del gas solo puede ser el resultado de la eliminación del mecanismo de la subasta tal como lo conocemos, o que esa subasta quede sujeta a intervención permanente del regulador que en la actualidad actúa ex post cuando considera que existieron infracciones.

Pero esa intervención en situaciones excepcionales como las que vivimos no puede solventar el alto precio internacional del gas. Solo puede poner freno a una colusión de intereses para forzar a los precios al alza, algo que no es lo que en este momento está en juego.

La propuesta que lleva el Gobierno a Bruselas se parece más a un paño caliente que a una modificación radical de las reglas de juego, algo que por otro lado parecería condenado al fracaso de momento. Mientras tanto si se analizan los precios eléctricos finales en la industria electrointensiva entre España, Francia y Alemania, nos encontramos para la semana del 21 de marzo con el siguiente cuadro: el precio de mercado en euros por MWh es de 218,25€, 129,91€, y 222,21€ respectivamente.

La diferencia entre Alemania y España es de sólo 4 euros. Sin embargo, España tiene los costes regulados más altos: 13,75€ frente a 0,85 de Francia y 2,94 de Alemania. El esquema se repite en la carga fiscal y en las compensaciones indirectas de CO2. Éstas últimas son mucho más bajas en España. La consecuencia es que el precio del MWh sale para la industria electrointensiva a 228,73 en España, 103,62 en Francia y a 193,73 en Alemania.

Como es fácil de ver hay una pesada herencia en la magnitud de los costes regulados y cargas fiscales si se compara la estructura del mercado eléctrico español con el de Francia y Alemania. Con este desnivel de precios la competitividad de la industria española se ve muy afectada con independencia de la vía de desacople del gas que se diseñe en el futuro. Esto indica que hay mucho por hacer dentro de casa con independencia de lo que ocurra en Bruselas. Otra cosa es que se quiere o se esté en condiciones de hacerlo.

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