Montero (Hacienda) y Ribera (Energía) pro­meten ac­tuar si Bruselas no de­cide

Toda la industria planta cara al Gobierno por el desmadre de la luz y los combustibles

Amenazan con pa­ra­lizar toda la eco­nomía pro­duc­tiva si Sánchez no de­tiene los pre­cios

Industria bienes equipo.
Industria de bienes equipo.

Toda la in­dus­tria se ha al­zado en pie contra el Gobierno de Pedro Sánchez por el des­madre de los pre­cios ener­gé­ticos -la elec­tri­cidad y los com­bus­ti­bles-, en un in­tento para man­tener viva su ac­ti­vidad y evitar la quiebra de mu­chas em­pre­sas. Los sec­tores que aportan un ele­vado por­cen­taje al PIB es­pañol -el trans­porte, la in­dus­tria elec­tro­in­ten­siva, la pesca, la agri­cul­tura -, se han aliado para exigir una ac­tua­ción rá­pida del Ejecutivo. Amenazan con pa­ra­lizar toda la eco­nomía pro­duc­tiva si no se in­ter­vienen los pre­cios. Las eléc­tri­cas, de mo­mento, ca­llan pero se temen un con­trol de di­vi­dendos y mayor fis­ca­li­dad.

Bajo el paradigma de “alerta industrial”, los grandes colectivos con más peso en la creación de riqueza del país han dicho “basta” y amenazan con paralizar toda su actividad por la inacción del Ejecutivo de Pedro Sánchez y la ausencia de respuestas a los desorbitados precios energéticos. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha anunciado que “España adoptará sus medidas si Europa no las adopta” pero, por ahora, sigue sin haber respuesta y los combustibles no detienen su ascenso.

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha señalado que la “preferencia del Gobierno es esperar a que la Unión Europea decida sobre si establece topes al precio del megavatio hora, aunque no descarta la posibilidad de adelantarse, “si hay retrasos y fuera urgente”, ha comentado. Y ha añadido: “la gente y la industria no puede esperar”.

Bruselas, una de cal y otra de arena

Por su parte, Bruselas sigue dando una de cal y otra de arena. Promete actuar pero sin activar decisiones rápidas para los gobiernos de los 27 países miembros. La vicepresidenta responsable de Competencia de la Comisión Europea, Magrethe Vestager, ha anunciado que prevé abrir la mano a los gobiernos para que concedan ayudas públicas a las empresas afectadas por la subida de los precios energéticos debido a la invasión de Rusia sobre Ucrania.

De momento, lo que ha anunciado es que se va a trabajar en dos tipos de actuaciones. Una primera, en forma de préstamos para mantener la liquidez de las empresas. Y una segunda, permitir a los países que faciliten ayudas, posiblemente fiscales, para hacer frente a los altos precios de la luz y de los combustibles.

Parálisis institucional

Mientras tanto todos los colectivos industriales de este país siguen a la espera de que se produzca alguna señal, bien sea en forma de maná o de cualquier otro tipo que evite que miles de trabajadores vayan nuevamente al paro. Valga un ejemplo de cómo está la situación: Cementos Portland ha apagado todos los hornos de las siete plantas de producción más importantes de España por los elevados precios de la electricidad. Ha comunicado a los sindicatos que paralizará la actividad hasta que el megavatio hora no baje de los 200 euros.

Por su parte, el Comité Nacional de Transporte de Mercancía por Carretera ha solicitado al presidente del Gobierno una reunión urgente para garantizar la aplicación de medidas que permitan la continuidad de las empresas transportistas y eviten el “colapso económico”.

Según este colectivo, desde que estalló el conflicto de Rusia con Ucrania, en sólo 13 días el precio del gasóleo A ha pasado de 1,478 euros por litro a 1,777 euros, un 20,2% más caro. En consecuencia, llenar el depósito de 1.000 litros, con el que un vehículo articulado de carga general podría recorrer 2.860 kilómetros, supone 299 euros más.

Temor a que el gasóleo llegue a 2 euros

Los transportistas temen que el gasóleo siga subiendo y que supere incluso los dos euros, con lo que muchas empresas tendrán que echar forzosamente el cierre. La única opción que les queda es repercutir este aumento en los costes de transporte, con lo que la subida se traslada al resto de colectivos, con lo que la hemorragia de la inflación seguirá disparada.

Las industrias electrointensivas -la siderurgia, metalurgia no férrica, química, gases industriales y otros-, están ante el mismo dilema de echar el cierre o seguir produciendo a pérdidas. Igualmente, reclaman a Sánchez que el Consejo de Ministros reforme el mercado marginalista eléctrico mientras dure la crisis energética. Este sector exige que se desacople el precio de los combustibles fósiles de la fijación del precio eléctrico en el mercado. Consideran que es la única medida viable y con impacto para poder mantener la actividad y el empleo.

“Las industrias electrointensivas llevan desde el pasado verano padeciendo una crisis energética generada por la evolución delprecio del gas y de los derechos de emisión de CO2. Tras la invasión de Ucrania, la situación ha explotado, creando una emergencia industrial sin precedentes”, señalan en un duro comunicado firmado por las patronales Unesid, AEGE, FADE, ASCER, CONFEMETAL y FEIQUE, entre otras.

Empresas como Acerinox, ArcelorMital, G. Celsa, Megasa, Ferroglobe y Siderúrgica Balboa han tenido que cerrar algunas de sus plantas y no descartan posibles deslocalizaciones de producción si la situación no se reconduce en las próximas fechas. Asturiana del Zinc ha reducido al mínimo su actividad.

En España, más del 80% del consumo industrial está expuesto al precio del mercado eléctrico diario. Por ese motivo, ante la ausencia de ofertas por parte de las grandes eléctricas -Iberdrola, Endesa, Naturgy y EDP-, de contratos bilaterales de electricidad a precios anteriores a la crisis, estas asociaciones consideran imprescindible la intervención del Gobierno para “salvaguardar a su industria básica, la economía nacional y el empleo de cientos de miles de trabajadores afectados”, afirman.

El Gobierno y el sector pesquero han fijado fecha para el próximo 15 de marzo para abordar el incremento del precio del gasóleo. Varias cofradías de pescadores han echado el ancla y no piensan salir a faenar hasta que el Ejecutivo no aporte alguna solución al problema.

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