En los términos actuales, cada país de la Unión Europea con una deuda por encima del 60% de su PIB está comprometido a reducir un 5% de la deuda cada año. Pero nadie lo hace, y la bola sigue engordando peligrosamente. Con la excusa de la pandemia y ahora con la guerra en Ucrania, el endeudamiento sigue disparándose a niveles difícilmente gobernables. En España, varios organismos y agencias de rating advierten que la situación puede ser insostenible de persistir el recurso a los mercados y organismos oficiales para financiarse.
Pese a reducirse ligeramente durante 2021 gracias al buen ritmo de crecimiento de la economía, la deuda de las administraciones públicas españolas se situó el año pasado en el 118,3% del PIB. Pese a este pequeño respiro, el agujero de las finanzas públicas continúa en niveles históricos al cerrar el ejercicio con una cifra de 1,428 billones de euros, apenas por debajo de los máximos de 1,432 billones registrados el pasado mes de septiembre, según datos publicados por el Banco de España.
Con todo, España se encuentra muy lejos del 257% de la deuda de Japón respecto a su PIB, del 207% de Grecia y del 155% de Italia, los dos países europeos con mayores cargas.
Nuevo Pacto de Estabilidad y Crecimiento
En este delicado contexto, se avecinan cambios importantes en cuanto a la deuda que deben soportar las grandes economías europeas. Está a punto de ver la luz un gran acuerdo para modificar los términos en que los países deben reducir sus excesivas cifras de deuda pública. Europa está a punto de parir un nuevo pacto de estabilidad y crecimiento, la norma destinada a regular el endeudamiento de los países.
Hacen falta nuevas reglas más realistas y más factibles en entornos como el actual. Una norma inviable no es una norma y se parece más a un corsé que impide respirar. Por eso, la mayoría de europeos y los españoles en particular deberemos empezar a acostumbrarnos a convivir con elevados niveles de déficit y de deuda.
Una deuda que convierte a España en aún más dependiente del Banco Central Europeo (BCE). No en vano, la entidad presidida por Christine Lagarde se ha convertido en el principal comprador de bonos españoles, hasta tal punto que ya equivalen a más del 50% del PIB de la economía. Una lluvia de liquidez a intereses negativos con el fin de mantener bajo control la prima de riesgo que llegó a dispararse a niveles insostenibles a principios de la pasada década.
Pero las altas tasas de inflación han puesto fecha de caducidad a esta fiesta en un contexto de creciente complejidad con la invasión de Ucrania. Rusia ha puesto en alerta a su arsenal nuclear, mientras Europa y Estados Unidos han endurecido sus sanciones contra Rusia dejando fuera del sistema de interconexión bancario internacional a varias entidades financieras rusas.
Además, la UE va a financiar armamento destinado a Ucrania y eso supone un cambio cualitativo importante. Y supone endeudarse aún más para afrontar esos millonarios gastos inesperados.
Santander y BBVA, menos deuda española
Entre tanto, los dos grandes bancos españoles, Santander y BBVA, están optando por desprenderse de deuda española, apostando por bonos y obligaciones de países con mayor solvencia y más rentables como Estados Unidos o Italia.
Ambas entidades se han desprendido de cerca de 18.000 millones de euros en productos de deuda española en 2021. En el caso de la entidad presidida por Ana Botín, las ventas han superado los 4.650 millones de euros, del orden del 20% del total de su posición en deuda nacional.
Por su parte, el BBVA ha sido incluso más drástico reduciendo el año pasado su exposición a la deuda española en más de 13.000 millones, un 45% del total.
Eso supone un cambio radical con relación a la política de la banca en 2020 cuando optó por salir al rescate de la economía española, elevando considerablemente las compras de deuda española emitidas por el Estado para financiar los gastos del coronavirus. Un giro que no invita en absoluto a la confianza en un momento en el que el BCE puede dejar de ser el último clavo ardiendo al que aferrarse.