Natra se juega su verdad en la demanda contra la CNMV

Un grupo nu­me­roso de ac­cio­nistas de la em­presa señalan al or­ga­nismo re­gu­lador en la ex­clu­sión

Natra.
Natra.

Un nu­trido grupo de ex ac­cio­nistas de Natra, unos 170, es­peran con an­siedad el ve­re­dicto de la Audiencia Nacional res­pecto a la de­manda in­ter­puesta contra la CNMV re­fe­rente a la OPA de ex­clu­sión de la com­pañía del mer­cado lan­zada en 2019 por Investindustrial, la so­ciedad de in­ver­sión de la fa­milia Bonomi. Esperan que la sec­ción ter­cera les dé am­paro ante una ope­ra­ción que con­si­deran se realizó por de­bajo de su valor real con el con­sen­ti­miento del or­ga­nismo re­gu­la­dor.

Entre otras cosas, en esta demanda se reclama a la CNMV haber desatendido los intereses de los minoritarios y de connivencia con la empresa opante. Al respecto, aseguran falta de reciprocidad. El organismo regulador de los mercados facilitó el informe realizado los minoristas -cuya valoración rondaba los 2,7 euros por acción- para que Arcano pudiera rebatirlo con una demoledora e injustificada crítica, mientras que ellos no tuvieron el informe de esta sociedad para poder contrastarlo.

Una irregularidad que se consumó a la hora de aceptar un precio equitativo que, según los demandantes, era notoriamente injusto. Con el tiempo, se ha demostrado que ese precio de 2,7 euros por acción, teniendo en cuenta los flujos de caja, se aproxima mucho al precio que ahora solicita Investindustrial por la venta de Natra de 500 millones de euros apenas treinta meses después. Más del triple de lo que pagó por ella y que en realidad serían más de 550 millones, pues el pasivo exigible se incrementó por ese importe con el fin de abonar dividendo.

Eso amén de ignorar sus posteriores recursos de reposición por aceptar una valoración que al final se elevó de 0,9 a 1 euro por acción a instancias del informe elaborado por su Dirección General de Mercados. De dicho documento, se quejan los demandantes, solo se conoce que la Abogacía del Estado solicitó que fuera secreto, junto a otros documentos de la CNMV, y así lo aceptó la sala tercera de la Audiencia Nacional.

Otro de los puntos cuestionables por parte del garante de los mercados financieros españoles fue la decisión de dar por bueno el porcentaje del 90,26% en la opa de Natra anunciado por Investidustrial, cuando según las cifras reales, según los demandantes no alcanzaba ese porcentaje legal necesario para admitir la exclusión de la cotización. Hecho que nunca ha justificado.

En cualquier caso, los demandantes quieren dejar constancia de que antes de acudir a los tribunales hicieron una propuesta de acuerdo -vía oficinas centrales de Invesindustrial en Barcelona y mediante email- para evitar acudir a los tribunales, fijada finalmente en 1,7 euros por acción y con garantía de confidencialidad plena por todos los accionistas demandantes en cuanto a la cuantía del acuerdo. Pero desde Invesindustrial no hubo ninguna predisposición para atender dicha propuesta de acuerdo.

También quieren recordar que Invesindustrial alegó que quería el control absoluto para, mediante adquisiciones, fortalecer a Natra y desarrollar su negocio. El tiempo, sin embargo, sigue dando y quitando razones y la realidad muestra todo lo contrario.

Según se desprende de las cuentas de Natra referidas a 2020, en 2019 se deshicieron del 13,5%, aproximadamente, que tenía la compañía chocolatera en Reig Jofre a precio de mercado en dicho momento, pero muy inferior al de su valor contable.

De ello se deduce que, explican los demandantes, en realidad lo que buscaban era allegar reservas para Natra con el fin de asignarse un dividendo de 58,5 millones de euros. Esta cifra equivale a más del 40% del precio que abonaron en la OPA, provocando además el debilitamiento del pasivo de la sociedad, pues para equilibrarlo endeudaron a la compañía en 50 millones de euros.

Este grupo demandante, que era el doble de amplio antes de elevarse el precio de la operación a 1 euro acción, espera ahora un veredicto favorable por parte del tribunal ante las numerosas evidencias aportadas. La decisión prevista en un principio para finales de este año o primavera de 2023, podría adelantarse y esperan que se produzca antes de Semana Santa.

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