Por culpa de la pandemia, que sigue campando a sus anchas (Portugal tiene una décima parte de la población contaminada, aunque con números de hospitalizaciones y de muertes muy inferiores a los registrados hace un año), y pese a la recuperación del PIB, que creció más de un 5%, el último ejercicio no fue el más positivo para la banca lusa en general. La pandemia además sirvió de excusa para que algunas entidades de referencia decidieran acelerar sus planes de reestructuración, a través el cierre de oficinas y severos recortes de plantilla, con repercusiones negativas en las cuentas anuales.
Reestructuraciones
Al contrario de la estatal CGD y de Millennium BCP (el chino Fosum y al angoleño Sonangol son sus principales accionistas), tanto el Santander Totta como CaixaBank BPI decidieron pactar sus respectivas reestructuraciones con los sindicatos del sector. Para el Santander resultó difícil, ya que además de una gran mayoría de despidos pactados y de jubilaciones anticipadas, recurrió a despidos colectivos, con que, para final de año, ya solo retenía a 4.805 empleados y 348 oficinas, 1.200 y 79 respectivamente menos que en diciembre 2020.
Los costes de dicha reestructuración (unos 260 millones de euros), pasaron factura a los resultados, que solo crecieron un 0,9%, hasta 298 millones de euros. Sin embargo, pese a la pandemia, el volumen total de recursos creció un 3,2%, hasta 60.185 millones: los depósitos alcanzaron 46.900 millones (+8,5%), y el crédito en 43.000 millones (+1,7%). Santander Totta representa, así, un 22,7% y un 21,2% respectivamente de los préstamos del sector a las empresas y a particulares. La participación de la entidad al esfuerzo nacional de la mora de crédito de las empresas y familias, frente a la pandemia, ascendió a casi 2.000 millones de euros, una pequeña parte del total de 48.000 millones en setiembre de 2020.
Esfuerzo solidario
Cabe subrayar, al respecto, que el esfuerzo de solidaridad exigida la banca para con las empresas y familias penalizadas por la pandemia, fue bien digerido por el sector y por el conjunto de la sociedad. De hecho, aunque Portugal sea ahora el único país de la UE con mora de crédito activas, a final de año solo representaba 1.180 millones de euros, y los costes marginales para el conjunto del sector no habrán representado más que un 0,1% y un 1,4% respectivamente de la financiación extraordinaria a las familias y a las empresas.
En la estatal CGD, por ejemplo, la mora representa en torno a un 3% del crédito no productivo, un “ratio” que será seguramente aún menos pesado en otros bancos con menos presiones sociales.
Positivo para CaixaBank
El ejercicio de 2021 fue también muy positivo para CaixaBank BPI, que con un resultado neto de 307 millones multiplicó por tres el obtenido en 2019, con que, según la entidad, fue muy superior al normal y superó ampliamente las previsiones más optimistas. La explicación reside en la operación angoleña (el BFA), que aportó unos 106 millones, frente a los 179 millones aportados por el mercado luso. Así, aunque solo represente una muy pequeña parte del abultado resultado consolidado de 5.200 millones de CaixaBank (mucho gracias a la fusión con Bankia), la dirección del banco español no tiene nada por qué lamentarse de la apuesta realizada en Portugal, y que se presenta como “cinco años de historia de éxito”.
Lo cierto es que CaixaBank ingresará del BPI casi 200 millones de euros, o sea el equivalente a un “pay out” del 50% que corresponde al dividendo que será distribuido por la operación lusa, y al 100% del resultado del BFA. A los que habría sumar otros 100 millones: el dividendo distribuido por BPI en octubre de 2020, a cuenta de los resultados del 2019. Y el futuro es todo menos sombrío. Según el presidente del BPI Joao Pedro Oliveira e Costa, con el aluvión de fondos provenientes de Bruselas, empezando por los 16.000 millones del PRR, la banca tendrá una “oportunidad de oro en Portugal para crear un momento histórico”.
Comisiones
Al contrario, por lo tanto, de lo practicado y anunciado por todas las demás entidades, desde Santander Totta, Caixa Bank BPI, la estatal CGD y el BCP, sin olvidar Nuevo Banco (fruto de la resolución del antiguo BES y con un 75% del capital en manos del Americano Lone Star) y también Caixa Agrícola, que funciona como una perla rara, con una estructura corporativista, con casi 700 oficinas, más de un millón de clientes y unos 30.000 millones de volumen de negocio: todos se han puesto de acuerdo para incrementar las comisiones cobradas a la clientela, aunque solo fuera para mantener cuentas abiertas.
Otro actor español con aspiraciones en Portugal es Abanca, que se hizo en 2018 con la red de oficinas de Deutsch Bank, y que, según la prensa lusa, mantiene “negociaciones exclusivas” con el BdP, con vistas a la adquisición del 58% de EuroBic. Una operación que ya tuvo casi cerrada el pasado verano, pero frenada por el BdP, por no haber recibido toda la documentación exigida. Novo Banco es apuntando como principal competidor de Abanca en esta operación. O sea, casi como una contrapartida a la operación realizada en España, donde cedió su pequeña operación al banco gallego, que pudo no solo entrar en Madrid, sino también superar la emblemática barrera de los 100.000 millones de euros de volumen de negocio.
Sicilentos dividendos
En todo o caso, hoy en día ya nadie en Portugal levanta la voz contra la creciente influencia de la banca española. Y nadie se rasga las vestiduras ante el anuncio de los suculentos dividendos distribuidos a las casas madre españolas, empezando por Santander con unos 480 millones sobre los resultados obtenidos en 2019/2020. Del mismo modo, es con relativa pasividad que reciben la noticia de que las comisiones cobradas por Santander Totta y CaixaBank BPI ascendieron a 426 y a 288 millones, respectivamente un 14,3% y un 18% más que en 2020, compensando las pérdidas de ingresos derivados del margen financiero de ambas entidades: un 7% en Santander Totta y un 1,2% en Caixa Bank BPI.
Pero la explicación es sencilla. La clientela nacional reconoce la calidad de los servicios prestados por las entidades españolas, y sobre todo, está ahora menos pendiente de la “invasión española” que de la imagen negativa de un buen puñado de bancos que en manos nacionales, cuya mala gestión – y con mucha corrupción de por medio - provocó agujeros monumentales, a cargo de las arcas públicas y, por lo tanto, de todos los contribuyentes.
De hecho, según el Tribunal de Cuentas, entre 2008 y 2020 el Estado tuvo que inyectar más de 29.000 millones de euros para sanear cuentas y cubrir pérdidas de las entidades nacionales intervenidas. Y habiendo solo recuperado poco más de 7.000 millones, la dimensión del agujero asciende a casi un 11% del PIB nacional. Pasar en revista todo lo negativo registrado en el sector, sería como una tarea monumental.
Empezando por el antiguo Banco Espirito Santo que tras su reconversión fue convertido en un banco malo, con activos tóxicos, para dar lugar a Novo Banco, que, desde su creación, en 2014, llega englutidos más de 12.000 millones en operaciones de saneamiento. Unos 3.900 millones corresponden a la gestión de Lone Star, pero quedaron bajo la responsabilidad exclusiva del Fondo de Resolución, que pese a tener el 25% del capital, no tiene voz ni voto en la gestión.
Pero lo más llamativo, para la opinión pública, es la impunidad de Ricardo Salgado, que durante 22 años dirigió el BES, como si fuera el dueño de todo el país, y que sigue sin rendir cuentas a la Justicia. El ministerio público reclama 10 años de prisión por abuso de confianza y apropiación indebida de 10 millones de euros, pero la defensa, habla de “indecencia” porque el acusado tiene 77 años, sufre alzhéimer y proclama su “inocencia”.
Oliveira e Costa (ya fallecido), que fue diputado social demócrata, ministro de Cavaco Silva y representante de Portugal en el BEI, tuvo menos suerte. Fue condenado a 15 años de prisión, por corrupción en los diez años (1998/2008) que dirigió el BPN, y cuyo laborioso saneamiento (nacionalizado en 2011 y vendido después al luso angoleño BIC por 40 millones de euros), tuvo para el Estado, según el tribunal de cuentas, un coste de más de 6.000 millones.
Unos a la cárcel, otros a los hospitales
Con el Banif, pasó más de lo mismo. Fundado en 1998, en Funchal, Madeira, el banco fue extinguido en 2015, y según estimaciones oficiales, la gestión de los activos tóxicos provocó pérdidas de más de 2.000 millones, a cargo de los contribuyentes. La parte buena es que fue adquirido por Santander Totta, por solo 150 millones. Lo que hizo también Santander fue prestar 746 millones a la gestora de todo lo tóxico que había rechazado, y que ya quedó prácticamente amortizado.
Pero lo más increíble fue el reciente escándalo protagonizado por otro banquero corrupto, Joao Rendeiro, que estuvo 14 años al frente BPP, banco que fundó en 1996 y fue liquidado en 2010, con unos 6.000 acreedores reclamando depósitos por casi 2.000 millones de euros. Pese a haber sido condenado dos veces a 15 años de prisión, Rendeiro sigue en libertad, con pasaporte y sin restricción de movimientos, y hace unos días buscó refugio en Sudáfrica, donde está ahora pendiente, en una celda, del proceso oficial de extradición.