La alianza de Singapur con Azora para cons­truir 8.000 ca­sas, punto de in­fle­xión

Los fondos desafían la Ley de Vivienda por al atractivo del mercado de alquiler

El ne­gocio del ‘build to rent’ tiene un enorme po­ten­cial en el mer­cado es­pañol

Alquiler
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El anuncio de la alianza entre la es­pañola Azora y el fondo so­be­rano de Singapur (GIC) para cons­truir 8.000 vi­viendas des­ti­nadas a su pos­te­rior al­quiler ha caído como una bomba en el sec­tor. Más allá de la gi­gan­tesca in­ver­sión de 1.500 mi­llones de euros que no tiene pre­ce­dentes entre las apuestas de los grandes fondos in­ter­na­cio­nales en el seg­mento del ‘build to rent’ en España, im­porta el mo­mento en el que se ha anun­ciado.

El apretón de manos entre la firma que lideran Concha Osácar y Fernando Gumuzio y el fondo asiático es también un desafío en toda regla a la recién aprobada -pese al informe contrario del Consejo General del Poder Judicial- Ley de Vivienda. Una norma que permitirá topar el precio de los alquileres en las zonas que sean declaradas como “tensionadas” y que sobre el papel debería tener un efecto disuasorio sobre los fondos.

“De hecho, ya hemos visto como las inversiones sufrieron un retroceso todavía no demasiado significativo en el último trimestre del año pasado. Los fondos están siendo más cautos a la hora de elegir los proyectos, porque hay un elemento de inseguridad jurídica evidente. Pero la apuesta de GIC en España puede ser el punto de inflexión. Con toda seguridad, atraerá más inversiones”, aseguran en una gran consultora inmobiliaria.

Efectivamente, los fondos no están dispuestos a tirar la toalla en suelo español, cuyo mercado de alquiler está a años luz de la media europea por cantidad y por calidad. Azora estima el déficit estructural de vivienda en alrededor de 2,5 millones de unidades en las grandes capitales españolas como Madrid, Barcelona, Sevilla, Málaga, Palma de Mallorca o Valencia, donde centrará su actividad inversora junto a GIC.

Pero el movimiento va mucho más allá. Promotoras nacionales como Neinor desarrollan intensamente su actividad de ‘build to rent’ -CaixaBank asigna a esta unidad una valoración de 300 millones de euros-, mientras que varios grandes fondos internacionales han establecido distintas alianzas en España para crear potentes vehículos inversores que trabajan a velocidad de crucero sin mirar hacia la Ley de Vivienda.

Por ejemplo, la plataforma ‘build to rent’ Stay, propiedad de los fondos Nuveen y Kronos, invertirá 170 millones para levantar 1.500 viviendas en Madrid. Es el último gran paso dentro de un proyecto muy ambicioso que es alcanzar las 5.000 viviendas en alquiler en los próximos cinco años. Un objetivo muy similar al que aspira la asociación entre el fondo francés Primonial y Grupo Lar en un plazo de tiempo bastante similar.

Por lo tanto, el mercado está extraordinariamente vivo. “Viene una revolución en el mercado inmobiliario español de alquiler de viviendas que van a liderar los grandes inversores nacionales e internacionales. El Estado tiene muy limitadas sus posibilidades”, señalan en fuentes del sector, que creen que las negociaciones de Blackstone con el Gobierno para la cesión de miles de viviendas para el fondo de alquiler social muestran por dónde van los tiros.

Estos inmuebles, que se alquilarían con un descuento de alrededor del 20% sobre los precios de mercado, permitirían al gigante Blackstone asegurarse contratos de arrendamiento por plazos muy largos. Una prueba más de que la Ley de Vivienda preocupa pero no atemoriza a los grandes tenedores de vivienda en España. La ofensiva legal del Gobierno aprieta pero en absoluto ahoga a los fondos, que no quieren bajarse del tren de alta velocidad en el que viaja el negocio de alquiler de vivienda en el país.

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