En 2019, Investindustrial, vehículo de inversión de la familia Bonomi, lanzaba una opa sobre el grupo chocolatero español a través del fondo de su propiedad World Confectionery Group a un precio de 0,9 euros por acción que luego elevaría a 1 euro, lo que suponía valorar a la compañía en 158 millones de euros.
Algo aparentemente normal, pero que en realidad ha sido una historia truculenta y de terror para los pequeños accionistas, muy difícil de entender desde fuera, y que ha terminado en los tribunales en un juicio que ha quedado para sentencia.
Quizá uno de los aspectos más relevantes haya sido el sentimiento de indefensión de los minoristas frente a las influencias de una familia todopoderosa y una CNMV, que lejos de cumplir su mandato de proteger a los pequeños accionistas, optó por favorecer la operación sin atender a sus argumentos.
Según estos minoristas, dispuestos a luchar hasta el final por sus intereses, “el comportamiento del organismo regulador fue absolutamente inicuo respecto a las partes, aceptando un miserable precio equitativo, favoreciendo al opante e ignorando sus reclamaciones”. Eso le generó una profunda indignación que aún perdura a la espera de si los tribunales les dan por fin la razón.
Muchos son los aspectos que aún colean sobre la salida de Natra del mercado. El primero podría ser la entrada de fondos de inversión justo después de que World Confectionery Group presentara la opa y que podría justificar la posterior subida del precio en un 11%, hasta el euro por acción, para satisfacer sus demandas.
Unos meses antes ya se empezaron a observar numerosos movimientos irregulares en la cotización de la compañía. A partir del verano de 2018 se produjo una caída de forma abrupta y ya no hubo manera de que volviera a recuperar el nivel de 0,9 euros por acción. De hecho, el valor cerró ese año en 0,89 euros.
Otra de las grandes dudas aún pendientes de resolver es por qué la CNMV dio el visto bueno a la operación aceptando el informe de valoración de la sociedad Arcano cuando existían otros informes con valoraciones de más del doble de este precio teniendo en cuenta las proyecciones fijadas en el plan de negocio estratégico de Natra por aquel entonces. De hecho, valoraciones del grupo menos de un año y medio posterior a la opa fijaban el precio en 225 millones de euros.
A los minoristas también les cuesta entender por qué el organismo regulador aceptó la opa de exclusión dando por buena la aceptación de la opa por parte del 90,26% del capital, cuando los propios datos del oferente reflejaban que la cifra real era un 89,91% de los derechos de votos.
Unas dudas que generaron varias peticiones para verificar si dicho porcentaje se ajustaba a derecho sin que la CNMV argumentara o justificara su posición ante este punto pues la ley exige que para aceptar una opa forzosa se debe superar más del 90%. Una de las muchas deferencias del organismo regulador con World Confectionery Group, poniendo en entredicho su exigida imparcialidad mientras seguía insistiendo en que defendía los intereses de los accionistas.
Estos se siguen preguntando sobre los 50 millones de dividendos que se repartieron entre los artífices de la operación, no provenientes de las ganancias de la empresa sino del endeudamiento, abonado luego merced a las jugosas plusvalías de la venta.
Para más inri, una vez aprobada la opa forzosa, los accionistas tuvieron que sufrir la codicia de los bancos a la hora de cobrar las comisiones por venta cuando por ley todos los gastos derivados de la compraventa o canje y liquidación de los valores son por cuenta del oferente. Algo que debía ser conocido perfectamente por las entidades financiera. No obstante, los accionistas han podido recuperar lógicamente este importe.
Una historia de terror para un numeroso grupo de pequeños inversores que al menos está viendo como el tiempo les va dando la razón a la espera de que los tribunales así lo hagan también.
En las últimas semanas se ha conocido que Investindustrial se está deshaciendo de gran parte de sus inversiones en España. Entre ellas la propia Natra. La sociedad habría contratado al banco de inversión Citi para desinvertir en la compañía chocolatera en un proceso valorado en 500 millones de euros con lo que en apenas dos año y medio habría multiplicado por más de tres su inversión.
Un auténtico pelotazo para la familia Bonomi a costa de la salud y dinero de muchos pequeños inversores, desamparados por aquellos que deberían velar por sus intereses frente a los poderosos y que ahora claman justicia.