El Gobierno de Pedro Sánchez y Más País ultiman una iniciativa a la que se acogerán unas 160 empresas, que se está previsto se ponga en marcha a mediados de este año y que contará con un apoyo presupuestario de diez millones de euros por parte de la administración.
Las empresas dispondrán de unas bonificaciones fiscales comprendidas entre los 2.000 y 3.000 euros por persona, con una jornada laboral que se pretende que se sitúe en las 32 horas semanales y con mantenimiento íntegro de los salarios.
La Generalitat Valenciana también había contemplado la posibilidad de poner en práctica una iniciativa de esta naturaleza. Sin embargo, los estudios previos han destapado la posición poco favorable por parte de los empresarios, que alegan riesgo de pérdida de productividad, y de los trabajadores, que consideran que serviría para reducir salarios y generaría estrés en los empleados. Una de las opciones que se han puesto sobre la mesa es la aplicación de la medida en sectores determinados y no en la totalidad de las empresas.
Éxito islandés
Dos historias de éxito se han generado en el país del Norte de Europa. En 2015 y 2019, Islandia probó la semana laboral de 35 y 36 horas con mantenimiento de salarios. El proyecto se saldó con un mantenimiento de la productividad y una mejora en el nivel de satisfacción de los trabajadores. Estas experiencias se vieron acompañadas por un mayor empleo de herramientas tecnológicas por parte de las empresas y una limitación de tiempo en reuniones internas.
Francia fue el país pionero en la reducción de la jornada laboral a 35 horas y cuatro días, pero las sucesivas luchas parlamentarias han ido devaluando el proyecto. Con todo, los empleados mantienen todavía el derecho a de convertir el exceso las horas extra en días de vacaciones.
Suecia también intentó la semana laboral de cuatro días, pero la experiencia apenas duró 23 meses, debido al rechazo frontal de las fuerzas de la oposición, que manifestaron que se trataba de una iniciativa que sólo se aplicaba a organismos gubernamentales y que ello suponía un desperdicio de recursos.
El último país en poner en práctica la jornada laboral de cuatro días, y quizá el primero de Europa que lo lleve a efecto de forma efectiva, es Bélgica. El objetivo es reducir la tasa de desempleo (y la financiación de las pensiones) y mejorar la productividad.
Las empresas podrán rechazar las solicitudes de los trabajadores para disfrutar de esta semana laboral reducida, con la condición de que expliquen su negativa por escrito, ha asegurado en Bruselas el ministro de Trabajo, Pierre-Yves Dermagne. Las compañías no deberán contar con el acuerdo de todos los sindicatos, para implantar el trabajo vespertino y nocturno.