“Muchos arrendadores han retirado sus viviendas del mercado de alquiler durante 2022. Éstos no volverán en el año que está a punto de empezar y hay otros muchos que pronto se batirán también en retirada. Hay auténtico pánico entre los propietarios a quedar atrapados en un momento en el que la inflación y la subida de tipos está haciendo mucha mella en las economías familiares”, señalan en una gran consultora inmobiliaria internacional.
La primera consecuencia de esta reducción de la oferta será una nueva vuelta de tuerca a los precios. Los últimos datos de Idealista son demoledores. Según el ‘marketplace’, este año hasta 10 capitales españolas han experimentado subidas del precio del alquiler de al menos el 10%, entre ellas grandes plazas como Valencia o Málaga -ambas por encima del 20%- o Madrid, por encima del 11%. Avances que podrían continuar a lo largo del nuevo ejercicio.
El gran problema es que cientos de familias no pueden acceder a un alquiler a precios razonables en buena parte de la geografía española. “Creo que estamos antes un estado de alarma en lo que a la vivienda se refiere, porque muchas familias que no podían comprar por el precio de la subida de las hipotecas en la segunda mitad de 2022 tampoco pueden alquilar ya en las grandes capitales. Y no hay programas estatales para construir nueva vivienda nueva en cantidades significativas”, aseguran fuentes del sector.
Lo peor, por venir
Lo más grave es que lo peor puede estar por venir. El Euríbor está acabando el año a toda velocidad, muy por encima del 3%, y va a seguir encareciendo la financiación para comprar casas. Pagar un 4% o un 5% a tipo fijo es un lujo inalcanzable para muchas familias, que buscarán en un mercado de alquiler saturado por la falta de oferta. Un problema que, según fuentes del sector, se va a agravar de forma inmediata por las medidas del Gobierno.
De hecho, muchos de los que compraron una vivienda para su alquiler posterior con rentabilidades de hasta el 6% o el 7% están ahora dispuestos a venderla. Todo menos asumir la pérdida de seguridad jurídica que todas las fuentes consultadas aseguran que suponen las reglas del juego impuestas por el Gobierno. Y, sobre todo, el temor a que el Gobierno pueda aceptar las condiciones que demanda Podemos en la estancada Ley de Vivienda, que tras un año en tierra de nadie podría ser aprobada en el primer trimestre de 2023.
Podemos pide cambios en la tramitación de la Ley. Un paquete de reivindicaciones que va desde ampliar la regulación de precios en zonas de mercado tensionadas también a los pequeños propietarios de viviendas hasta la prohibición de los desahucios a las familias vulnerables si no hay alternativas. Que el presidente Sánchez pueda acceder en parte o en todos los puntos para garantizar la estabilidad del Gobierno provoca un miedo nada disimulado en los propietarios.
“Algo grave está pasando si cientos de españoles renuncian a cobrar un alquiler por miedo a los impagos o a tener que mantener su casa arrendada durante largos períodos de tiempo con limitaciones de revalorización de las rentas. Estamos ante un mercado roto en el que salen perjudicados todos: el que ya no puede alquilar a unos precios desorbitados y el que no cobra el alquiler y no puede combatir el impacto de la inflación. Alguien debería reflexionar sobre esto”, señalan en una gran agencia inmobiliaria.