A falta de una política fiscal común, al menos para los 17 países de la Eurozona, Bruselas cuenta con una herramienta, el llamado Semestre Europeo. Un instrumento pensado para asegurar que los distintos países miembros de la Unión Europea coordinan -al menos de forma general- sus políticas económicas y de empleo. Algo que, si en teoría ya parece complicado, se dificulta aun más con la exigencia de vigilar que dichas políticas cumplan los requisitos exigidos por el llamado Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) que es con el que se articulan los fondos Next Generation UE.
En ese marco, Bruselas hace a cada país miembro unas recomendaciones específicas (CSR, según sus siglas en inglés) que para 2023 incluyen una nueva dirigida a reducir la dependencia europeo de los combustibles fósiles y que varían en función de los objetivos que cada país ha fijado el plan de reorientación energética conocido como REPowerEU.
Así, España ha recibido cuatro grandes recomendaciones que se plasman en doce medidas concretas. La primera de estas indicaciones busca garantizar una política fiscal prudente; la segunda, continuar con la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia,. La tercera recomendación se refiere a la necesidad de que España aumente las tasas de reciclado y, la cuarta (generalizada para la UE ante los altos precios de la energía), que reduzca su dependencia de los combustibles fósiles.
Medidas a aplicar
En el ámbito fiscal, el primero que aborda la recomendación europea, Bruselas indica tres medidas concretas a aplicar. Lo primero, que los gastos corrientes financiados aumenten por debajo del crecimiento potencial a medio plazo del PIB, incluidas la continuación de la ayuda temporal y específica en favor de los hogares y de las empresas más vulnerables a las subidas de la energía.
Dada la inexistencia de una política fiscal europea, las medidas, aunque bien recibidas por analistas como Daniel Llanos y María de los Llanos Matea, del Banco de España, parecen nacer ‘cojas’. En opinión de estos analistas, la propuesta de la Comisión “no incluye una capacidad fiscal permanente, aunque sea pequeña”. Y señalan que “especialmente en un contexto de incertidumbre como el actual, no se pueden afrontar los retos comunes a los que se enfrenta el conjunto de los estados miembros solo con medidas nacionales, son necesarios también instrumentos e instituciones supranacionales”.
La Comisión Europea quiere también que España aumente la inversión pública en transición ecológica y digital; así como en la seguridad del abastecimiento energético. El riesgo que la Unión ha corrido de quedar sin suministros en invierno por la política rusa no se olvida en los pasillos de la Comisión y, por ello, ha dispuesto un sustancial presupuesto para que cada país miembro reduzca su dependencia de terceros suministradores.
Sin embargo, la Comisión tampoco se olvida del espíritu de control el déficit y de la deuda pública que preveía el Procedimiento de Déficit Excesivo que ha quedado en suspenso desde el estallido de la pandemia; aunque las exigencias, claramente, volverán a estar vigentes. Por ello, mientras recomienda el aumento de las inversiones públicas, también pide que España mantenga una política fiscal prudente a medio plazo que garantice la reducción gradual de la deuda. Y pide que esa política sea creíble para asegurar la sostenibilidad de las finanzas públicas a medio plazo.
El segundo bloque de medidas busca asegurar el cumplimiento del Plan de Recuperación y Resiliencia (PRR) para España autorizado por la Comisión; además de aplicar y cumplir la programación de la política de cohesión para el periodo 2021-2027.
La mejora del medio ambiente a través del aumento de las tasas de reciclado son una de las asignaturas en las que España -con empresas que son líderes mundiales en la gestión de residuos urbanos e industriales- debe poner especial atención. En concreto, las autoridades comunitarias reclaman al gobierno que aumente las tasas de reciclado hasta cumplir los objetivos de la UE; así como la promoción de la economía circular mediante una mayor coordinación de todos los niveles de la Administración; así como nuevas inversiones que le permitan cumplir sus obligaciones en tres áreas: la recogida selectiva de residuos, el reciclado, y la reutilización del agua.
Por último, Europa subraya su nueva exigencia de índole energética, para todos los estados miembros de la Unión. Eso supone reducir la dependencia de los combustibles fósiles; acelerar el desarrollo de energías renovables, con especial atención a las instalaciones descentralizadas y el autoconsumo. Bruselas quiere que España simplifique los procedimientos de concesión de autorizaciones y mejore el acceso a la red eléctrica y que, al mismo tiempo, apoye las inversiones en almacenamiento, infraestructuras de redes, electrificación de los edificios y del transporte, e hidrógeno renovable. Eso incluye medidas concretas de aplicación directa al ciudadano como es que el gobierno, además de aumentar la capacidad de interconexión energética, incremente la disponibilidad de viviendas sociales que sean energéticamente eficientes y asequibles; para lo que señala directamente al mercado de la renovación rehabilitación de viviendas.
No obstante, los analistas del banco central español entienden que “las lecciones aprendidas de las respuestas políticas a las recientes perturbaciones económicas, incluida la relación entre reformas e inversión en el marco del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, han servido de base para la propuesta de la Comisión de un marco reformado de reglas fiscales”. Por tanto, concluyen, “las propuestas de reforma también están determinadas por unos niveles de deuda pública más elevados y por la necesidad de facilitar inversiones en prioridades comunes de la UE, en particular para garantizar las transiciones ecológica y digital, y la seguridad energética en los próximos años”.